Los fiscales del 'procés' se niegan a acatar la orden de García Ortiz: "Es improcedente"

Los fiscales del procés se niegan a acatar la orden de Álvaro García Ortiz y mantienen su rechazo a apoyar la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont. "La orden es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal", advierten en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial.

Los cuatro fiscales solicitan la aplicación inmediata del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el que se establece que, si reciben una orden o instrucción que consideren contraria a las leyes, podrán elevar la cuestión a la Junta de Fiscales de Sala. Según apuntan desde la Fiscalía General del Estado, García Ortiz ya ha atendido su solicitud y la Junta se celebrará el próximo martes.

Sea cual sea el criterio final de este órgano, el fiscal general podrá imponer el suyo, para lo que cuenta a su vez con la vía alternativa que establece el artículo 25: "Podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos", establece.

Los fiscales del procés ya dan por hecho que terminará por recurrir a esa vía: "Si finalmente vuestra excelencia mantiene la decisión adoptada sobre la aplicación de la ley a los hechos constitutivos de malversación, solicitamos expresamente que se aplique el artículo 25 para que se dicte un decreto motivado que acuerde la avocación de la causa para ser despachada por vuestra excelencia o quien designe a tales efectos", concluye su escrito.

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Tras la entrada en vigor de la amnistía el pasado martes, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena —que instruye la causa contra Puigdemont— y la Sala de lo Penal —de la que dependen Oriol Junqueras y los otros condenados— dieron cinco días a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que se pronuncien sobre la aplicación de la amnistía. En el caso del expresident, Llarena mantiene vigente su orden de detención nacional contra él, pero García Ortiz también considera que deberían levantarse las medidas cautelares.

El debate de la malversación

Tanto García Ortiz como los fiscales del procés coinciden en un aspecto: los delitos de desobediencia y desórdenes públicos sí son amnistiables. El debate se centra en el de la malversación agravada y, en concreto, en si se produjo "un beneficio patrimonial para los autores" y en si sus actos afectaron "a los intereses financieros de la Unión Europea".

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Al responder de manera afirmativa a las dos cuestiones, los fiscales del procés consideran que la malversación no resulta amnistiable, lo que en la práctica implica seguir persiguiendo a Puigdemont y mantener inhabilitado a Junqueras. "La malversación de caudales públicos supuso un beneficio patrimonial para los autores, pues destinaron los mismos a la elaboración, desarrollo y concreción de su ilegal proyecto que les produjo un indudable beneficio patrimonial", argumentan.

García Ortiz rebate ese criterio y, en el escrito que ha remitido este mismo viernes a los fiscales, sostiene que confunden el ánimo de lucro con el enriquecimiento personal: "Siempre que el responsable del delito se hubiera limitado a desviar fondos públicos con la única finalidad de financiar, sufragar o facilitar la convocatoria y/o celebración de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017, dicha conducta deba ser considerada comprendida [en la amnistía]".

A falta de que se celebre la Junta del próximo martes, queda por ver si esa discrepancia en torno a la malversación se extiende a otros fiscales que también se encargan de causas vinculadas con el procés en las que se incluya ese delito. Entre ellas, destaca una del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que está pendiente de juicio y afecta a los cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. La Fiscalía pide más de seis años de cárcel para ellos por malversación agravada, prevaricación y desobediencia.