El fiscal general ordena amnistiar también la malversación siguiendo "la voluntad del legislador"

El fiscal general del Estado ha emitido este viernes la orden que esperaban los fiscales del procés. En su escrito, reclama que apoyen amnistiar el delito de malversación en contra de su criterio al entender que no hacerlo se opone a "la voluntad del legislador, la voluntad de la ley y el propio tenor literal de los preceptos". La decisión, a la que se resistirán Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, provocará la convocatoria el próximo martes de una Junta de Fiscales de Sala. "Procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de la causa, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", indica Álvaro García Ortiz en un decreto al que ha accedido El Confidencial.

El escrito, de 133 páginas, incluye reproches a los cuatro fiscales. Asegura que confunden el "ánimo de lucro" que exige el delito de malversación con el "enriquecimiento personal de carácter patrimonial" de aquellos hechos que la ley considera no amnistiables. El perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al "enriquecimiento personal de carácter patrimonial", sostiene. Para el fiscal general, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de líderes del procés se limitaron administrar "de forma desleal los fondos públicos" y deben beneficiarse de la ley.

Tampoco ve una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea, que es otro de los motivos al que apuntaban los fiscales del procés. Respecto a este último punto, precisa que ve el análisis de los fiscales "incompleto" porque no examinan de un modo exhaustivo "la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el instituto de la amnistía". Según argumenta, la hipótesis de que la secesión de Cataluña hubiera afectado a los intereses europeos pasa por alto que, una vez lograda la independencia, podría haber alcanzado "algún concreto acuerdo económico con la UE".

El fiscal general critica también la forma en la que se han referido los fiscales rebeldes a la norma. Para García Ortiz, sobraban en su valoración argumentos ajenos a lo jurídico que dan imagen de una falta de "neutralidad" e "imparcialidad". Las afirmaciones de este tipo —dice— "desbordan el plano estrictamente jurídico" para entrar en consideraciones que no forman parte ni de los tribunales ni de la Fiscalía: "Por ello, resultan de todo punto improcedentes".

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García Ortiz no solo se refiere al alcance de la amnistía para la malversación, que ve ajustado. También menciona las medidas cautelares y, en concreto, la orden de detención nacional que pesa contra Carles Puigdemont. La tesis de Zaragoza, Moreno, Cadena y Madrigal era que, sin amnistía, debe mantenerse esa petición de arresto. El fiscal general no está tampoco de acuerdo y considera que la orden debe levantarse. Esta postura es fundamental ante los planes de Puigdemont para volver a España de cara a una posible investidura en Cataluña.

"Desde el momento en que se advierta que opera una causa de extinción de la responsabilidad criminal sobre un sujeto es imperativo el alzamiento de las medidas cautelares existentes, al igual que procede dar por finalizado el cumplimiento de la pena que se halle en fase de ejecución", concluye García Ortiz. Esta última afirmación beneficiaría también a Junqueras, cuya inhabilitación quedaría anulada y podría volver a presentarse como candidato de ERC.

La definición marcada por la ley

Los cuatro fiscales deberán responder ahora por escrito. Tal como exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pueden acatar la orden de García Ortiz o invocar el artículo 27, que conllevaría la celebración de la Junta de Fiscales de Sala como consecuencia directa de su desacuerdo en el criterio sobre la ley de amnistía. Los cuatro fiscales ya han anticipado durante las últimas semanas que se opondrán a García Ortiz y, según apuntan las fuentes consultadas, apelarán a ese artículo en las próximas horas.

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Los fiscales del procés se apoyarán para ello en el informe que entregaron este miércoles a García Ortiz, en el que defendían que la amnistía no es aplicable al delito de malversación: "La malversación de caudales públicos supuso un beneficio patrimonial para los autores, pues destinaron los mismos a la elaboración, desarrollo y concreción de su ilegal proyecto que les produjo un indudable beneficio patrimonial", sostienen en su dictamen, al que también ha tenido acceso este diario.

García Ortiz les pidió esta misma semana que elaboraran un informe "alternativo", tras lo que ellos avisaron de que si se les impone un criterio que no comparten, como ha sucedido, se resistirán. "Si considera vuestra excelencia que debe aplicarse en todo caso la ley, prescindiendo del análisis del hecho concreto y de los argumentos jurídicos expuestos en los informes que se adjuntan, deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada, y a continuación proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 27—convocando la audiencia preceptiva de la Junta de Fiscales de Sala—", le respondieron. "Estimamos que su aplicación en lo que concierne al delito de malversación de fondos públicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal".