Hacienda reta al PP con una ley para condonar la deuda de todas las comunidades

El Gobierno, tras unos meses de trabajos técnicos, prevé comenzar "pronto" las reuniones con todas las comunidades para avanzar en la condonación de deuda. Hacienda da por hecho que, aunque se concibió como un traje a medida para Cataluña, que el Ejecutivo abrió al resto de autonomías, todas, también las del PP, se van a acoger a este mecanismo.

Su intención es que el acuerdo final se convierta en una ley, que después debe aprobar el Congreso. Siempre se apuntó a una modificación legal pero los servicios jurídicos de Hacienda han confirmado que la absorción por parte del Estado de un 20% de la deuda autonómica se debe realizar "por ley".

Esto supone que se votará conjuntamente la dádiva a Cataluña y a las autonomías gobernadas por el PP, a pesar de que Génova se ha mostrado en contra de esta ayuda y llegó a pedir a sus barones que rechazaran la quita. Con el tiempo, la dirección del PP ha ido matizando su postura hasta asumir que actuarían según sus necesidades económicas. Hacienda está convencida de que ni una sola comunidad quedará fuera de este acuerdo.

La condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña fue un compromiso adquirido con ERC, junto con la amnistía, para que votaran la investidura de Pedro Sánchez. Y el Gobierno tenía ahora dudas de cuánta prisa tendrían los republicanos para ejecutar este pacto. El resultado de esa operación son 1.300 millones de euros más de disponibilidad en cada ejercicio en ahorro de intereses, de los que podría beneficiarse Salvador Illa.

El Ejecutivo sigue pensando que, aunque los gestos de ERC son desconcertantes y ha permitido que Junts tenga la presidencia del Parlament, el candidato socialista, con el apoyo de los republicanos, alcanzará la presidencia de la Generalitat.

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Pero mientras este anhelo se materializa, la promesa de mitigar el endeudamiento catalán sigue su trámite. El pacto con ERC era absorber 15.000 millones de deuda, con un criterio específico para Cataluña por las consecuencias de la crisis económica y los "recortes" ejecutados por Cristóbal Montoro, que obligaron a todas las regiones a "endeudarse". Eso corresponde a un 20% del dinero que debe al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) pero el Ministerio debe aclarar ahora cómo ha calculado la cuantía para extenderla al resto de autonomías y llegar con cada una a un consenso sobre la cifra.

Incluso para aquellas regiones que no tienen deudas con el FLA -el propio Estado- hay una fórmula para que participen también de este rescate, ya que abarca "transferencias para la cancelación de endeudamiento con terceros", en referencia a la banca privada. Esto interpela hasta a las más saneadas.

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El ministerio no ofrece fechas sobre cuándo culminará el proceso, pero este asunto avanza mientras que la posibilidad de una nueva financiación autonómica está absolutamente varada. El Gobierno repite que no es posible abordarla sin la participación del PP, que gobierna la mayoría de comunidades. En el marco de esa negociación es cuando el Ejecutivo se abre a acordar una financiación singular para Cataluña, que pasaría básicamente por revisar la cuantía de las competencias cedidas.

En cualquier caso, la principal preocupación del Gobierno son los próximos presupuestos, que siguen bloqueados a la espera de que se resuelva la gobernabilidad en Cataluña. Si este verano Salvador Illa consigue ser presidente de la Generalitat, el Ejecutivo se podrá volcar ya en las conversaciones para cerrar el apoyo de los partidos que conforman su mayoría parlamentaria. Si no lo logra, la parálisis proseguirá hasta que se despeje definitivamente el panorama catalán.