Inquietud en el Gobierno: el TS acapara los casos de mayor voltaje y más comprometidos

El Supremo se está convirtiendo, ahora más que nunca, en el tribunal al que todos miran. Muy especialmente la Moncloa. El TS acumula los casos de mayor voltaje para el Ejecutivo, que espera sus decisiones con preocupación. A la aplicación incierta de la ley de amnistía para los intereses de ERC y Junts, acaba de sumarse el destino del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En el futuro se vislumbra también el desarrollo de los dos casos que más afectan en la actualidad a los socialistas: Begoña Gómez y la trama Koldo.

Empezando por el principio, la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la norma destinada a borrar los delitos del procés ha servido de pistoletazo de salida para que el TS entre en el examen de su encaje en los delitos atribuidos a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, cuyas formaciones apuntalan la continuidad de Pedro Sánchez. Para empezar, se espera que la primera decisión no sea ya del agrado de estos. El Supremo no ha decretado el final automático las medidas cautelares como trató de impulsar la norma. La amnistía prometida peligra y mientras tanto, se multiplican los mensajes desde el Ejecutivo, exigiendo "respeto al espíritu de la ley" que en el TS se leen como amenazas.

La situación sobre la ley está ahora en un paréntesis. Corre en estos días el plazo acordado para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado informen y será después cuando la Sala de lo Penal decida sobre si la malversación y la desobediencia del procés es amnistiable. Si no lo es, como apuntan los fiscales con una ya clara oposición de su jefe Álvaro García Ortiz, el arresto en España de Carles Puigdemont se prolongará durante meses. Por supuesto, en ese caso, ni Puigdemont ni Junqueras podrían acogerse a la gracia con las consecuencias que eso supone para ellos. Al primero, le amenaza también un ingreso en la cárcel. Todos los mimbres para que se sienta estafado y tentado de dejar caer a Sánchez.

Además, el futuro del fiscal general está también en manos del TS. Álvaro García Ortiz optó hace días por no prolongar la agonía que está suponiendo el procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la presunta revelación de secretos en la que podría haber incurrido el Ministerio Público al desvelar en una nota de prensa datos vinculados con el novio de Isabel Díaz Ayuso. Remitió un escrito al tribunal madrileño en el que directamente reclama que el asunto quede en manos del Supremo, ante el que está aforado, dado que fue él quien dio "instrucciones expresas y directas" y el comunicado se difundió con su expresa autorización.

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Su situación empeoró en las últimas 24 horas un paso más. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que siempre se opuso a difundir el polémico comunicado, confirmó ante el juez que recibió órdenes directas de García Ortiz. Órdenes "imperativas" que no tuvo opción de saltarse y se vio obligada a cumplir. Órdenes que, además, figuran por escrito.

Todos los caminos apuntan así al Supremo, donde está aforado. Será el TS el que tendrá que decidir si admite la cuestión a trámite y le cita como imputado. Resultar investigado sería letal para él sin contar con las consecuencias de una hipotética condena futura que le apartaría del ejercicio de la carrera fiscal.

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Sobre la cúpula del Palacio de las Salesas sobrevuelan otras cuestiones de sensibilidad extrema para el Gobierno. Los dos asuntos judicializados que más afectan a Pedro Sánchez y al PSOE acaban de quedar en manos de la Fiscalía Europea. El más antiguo, el caso Koldo, ha pasado al departamento dependiente de la UE en un momento en el que la instrucción comenzaba a estrechar el cerco sobre José Luis Ábalos. El más reciente, las diligencias sobre Begoña Gómez, lo ha hecho a solo unos días de que el juez Juan Carlos Peinado, hasta ahora encargado de la instrucción, practicara toma de testigos de varios protagonistas clave, entre ellos el empresario presuntamente favorecido por la esposa del presidente del Gobierno. Estas declaraciones se han anulado. La citación como imputada de la esposa de Sánchez se mantiene.

Tanto el juez de la Audiencia Nacional, que instruía las actuaciones sobre la trama del asesor del exministro de Transporte, como el de Madrid, que asumió la instrucción sobre las actividades profesionales de Gómez, tienen la opción de resistirse a soltar las riendas y cedérselas a otros. ¿Cómo? Recurriendo al Supremo. Si la Fiscalía Europea mantiene los procedimientos, estos discurren de forma reservada, sin la presencia de partes más allá de las defensas y con la tutela externa de un juez de garantías. Todo eso se traduce en una reducción del foco mediático sobre ambas causas.

Se abre la veda

En el TS son conscientes de la carga, de la atención y de la presión que, no dudan, se producirá. Nadie olvida en el alto tribunal las insinuaciones constantes de prevaricación lanzadas a veces como aviso, a veces como amenaza, primero desde el entorno de los socios potenciales del Gobierno y después cada vez más por el propio Ejecutivo, hasta llegar al propio presidente.

Opinión

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Muchos de los magistrados creen que la legislatura se traducirá en un abrir la veda contra el juez. Como ya ha venido anticipando Pedro Sánchez desde su primera carta a la ciudadanía, planea un "plan de regeneración democrática". Allí traducen el eufemismo con no poca inquietud e interpretan que, si su creciente debilidad no se lo impide, la Moncloa asestará "el golpe final" y maniobrará para controlar a un Supremo esencial para el futuro del Ejecutivo.