El pulso por la amnistía le estalla al fiscal general en su momento más débil

Que se viera venir no significa que la repercusión sea menor. El primer pulso por la ley de amnistía en el seno de la Fiscalía le ha estallado a Álvaro García Ortiz en uno de los peores momentos de su corta trayectoria de dos años. Las crisis acumuladas le han debilitado, la abierta por la presunta revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso le acecha, y con este último tira y afloja emprendido con los fiscales del procés, se arriesga además a ser desautorizado por el Tribunal Supremo.

El fiscal general ha decidido ir al choque en varios sentidos. No se trata solo de que no comparta el criterio que le presentaron Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza. Para justificar su desacuerdo, el decreto en el que desarrolla su tesis está cuajado de reproches. Asegura, en resumen, que han montado toda una argumentación inspirada en la única intención de llevar la contraria al Gobierno que promovió la ley y que, para ello, fuerzan una interpretación contraria al deseo del legislador, armada sobre "conjeturas e hipótesis" y vacía de "argumentos objetivos".

Para el jefe máximo de la Fiscalía, en este camino, los cuatro han perdido su "neutralidad". No se queda corto en argumentos. Los desarrolla en más de 100 páginas. Siguiendo esa teoría, acusa a los fiscales del principal procedimiento vinculado con el proceso de independencia de Cataluña de estar poniendo en riesgo la imparcialidad que deben tener y de sobrepasar para ello los argumentos jurídicos para entrar en calificativos sobre la norma, que sobran. Para él, no son admisibles sus comentarios sobre la arbitrariedad o constitucionalidad de la ley, cuyo encaje en los casos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de políticos deben limitar a asuntos procesales. "Se adentran en la estrategia o la oportunidad política", reprocha.

Dos tesis enfrentadas

Las tesis contrapuestas son las siguientes. Los fiscales, que consideran ilegal e improcedente la orden de su superior, consideran que la malversación no es amnistiable y lo hacen agarrándose a la última modificación del texto legal introducida para acallar las críticas de la Comisión de Venecia. Se introdujo en la versión final una salvaguarda que impide amnistiar las conductas en las que se incurre en un enriquecimiento personal. Para los cuatro, ese enriquecimiento o ánimo de lucro se produjo, ya que los acusados o condenados desviaron dinero para destinarlo a un proyecto personal que les favorecía. Agregan que, además, con esta forma de actuar fueron en contra de los intereses financieros de la UE, conducta que se incluye como línea roja en la norma.

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Para el fiscal general, esta interpretación entra en el terreno de lo subjetivo y es forzada. Indica que no hay duda, a la vista de la norma, de cuál es la voluntad del legislador y de la ley, que queda clara, además, "en el propio tenor literal de los preceptos". La ley se esfuerza incluso en evitar que se asimile ese "enriquecimiento" que menciona con lo que hizo el Govern de la Generalitat antes del referéndum del 1-O, señala. Lo hace precisando que no puede considerarse que hubo tal enriquecimiento si los fondos desviados se aplicaron a "promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña" o a "la celebración de las consultas que tuvieron lugar en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017". Para él, no hubo tal enriquecimiento, sino una simple forma desleal de gestionar "los fondos públicos". Al enmendar la mayor, García Ortiz enmienda también la menor. No apoya tampoco que pueda mantenerse la orden de detención en España contra Puigdemont.

Tesis perdedora

Estas dos versiones serán examinadas por una Junta de Fiscales de resultado poco claro. Si en esa reunión una mayoría le apoya, el criterio del fiscal general saldrá reforzado, se apartará a los cuatro y serán otros los que asuman el informe definitivo que se presentará tanto al juez Pablo Llarena como a la Sala de lo Penal que dirige Manuel Marchena. Si no es así, saldrá desautorizado, pero —como ya sucedió con el terrorismo del caso Tsunami— hay vías para que acabe imponiendo su criterio pase lo que pase. El ruido de fondo no es, sin embargo, ajeno al Supremo. No es la primera vez que el alto tribunal ha atendido una tesis perdedora.

Asegura, en resumen, que han montado toda una argumentación inspirada en la única intención de llevar la contraria al Gobierno

Hay, además, señales de esto último. La lectura de las providencias dictadas tras la entrada en vigor de la amnistía da varias pistas. En la de Llarena, por ejemplo, se pide expresamente una valoración sobre la exclusión de la amnistía de "los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea". En la de la Sala de lo Penal se dice que la amnistía no es efectiva para nadie mientras no haya una resolución firme.

Todo esto sucede mientras, en paralelo, avanza otra cuestión que afecta a García Ortiz. La orden que dio para que se informara en una nota de prensa sobre la intención de pactar y reconocer la comisión de delitos fiscales de la pareja de la presidenta de Madrid puede acabar en su imputación, como se encargó de recordarle el PP. "Está acorralado incluso por la propia Justicia", lanzó sobre él la secretaria general popular, Cuca Gamarra.

Mientras enviaba este viernes el decreto dando la orden y exigiendo amnistiar la malversación del procés, el juez encargado del caso del novio de Ayuso daba un paso más para reclamar su imputación al TS. Requería los mensajes y correos en los que ordenaba, pese a la oposición de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, enviar la nota de prensa detallando las negociaciones de Alberto González Amador. No pinta bien.