El manual de resistencia del fiscal general García Ortiz: dos años de polémicas llegan a su culmen

Álvaro García Ortiz está en la picota. Tras casi dos años de mandato, la aplicación de la amnistía y la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso le enfrentan a una situación sin precedentes. La primera, por la división que provoca en la carrera, y la segunda, por la amenaza de que el Tribunal Supremo acabe imputándole. Cada vez son más los que le señalan la puerta de salida, pero lo cierto es que el fiscal general ha estado capeando tempestades desde que accedió al cargo.

Su manual de resistencia —como diría Pedro Sánchez— lo puso en práctica antes incluso de su nombramiento, cuando ocupaba la jefatura de la Secretaría Técnica bajo el mando de Dolores Delgado. Aquella etapa tampoco estuvo exenta de polémicas, tal y como el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, se encargó de remarcar en una carta que envió a la Inspección Fiscal en 2022. Según advertía en su misiva, García Ortiz había mostrado "preocupantes" hábitos como número dos de Delgado, saltándose en ocasiones la "jerarquía" para hacer llegar "ciertas sugerencias" a los instructores de asuntos delicados.

Su fama de brazo ejecutor también le hizo heredar los enemigos de Delgado. De hecho, cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tuvo que pronunciarse sobre su nombramiento en julio de 2022, el resultado de la votación fue el mismo que el que su antecesora había obtenido dos años antes: por 12 votos a siete, el órgano concluyó que García Ortiz reunía "los requisitos legales exigidos". Año y medio después, en noviembre de 2023, el CGPJ se pronunció sobre su continuidad y ya ni siquiera le otorgó su aval: por primera vez en la historia, la mayoría del órgano concluyó que el fiscal general no era idóneo para el cargo.

"Desviación de poder"

Entre ambas decisiones, García Ortiz ha protagonizado diversas polémicas. La primera en septiembre de 2022, apenas dos meses después de ser designado para al cargo, cuando propuso para el puesto de teniente fiscal de la Audiencia Nacional a una colega con la que había trabajado en la Secretaría Técnica. Sin embargo, esta primera decisión quedó en mera anécdota en comparación con la maniobra que sacó adelante aquel mismo mes: el ascenso a la máxima categoría de la carrera de Delgado.

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Ya en marzo de 2022, cuando la exministra de Justicia aún ejercía como fiscal general, el grupo socialista había intentado blindar su acceso a esa categoría nada más cesara de su puesto. El plan consistió en presentar una enmienda a la ley concursal por modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pero las críticas llegaron a tal punto que, ante la falta de apoyos, el PSOE terminó por retirar la misma en junio de 2022. De esta manera, García Ortiz se encontró con que debía mover ficha para cumplir las expectativas de su antigua jefa, y así lo hizo ante la primera oportunidad: la vacante que había surgido de fiscal de Sala togada —militar— de Tribunal Supremo.

García Ortiz tenía que dar este paso para que Delgado después pudiera acceder al puesto al que realmente aspiraba, que era el de fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. En junio de 2023, el fiscal general logró sacar adelante este segundo nombramiento y parte de la carrera dijo basta. Destacados miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) abandonaron la organización como protesta, mientras que las asociaciones conservadoras le plantaron cara en el Tribunal Supremo.

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La primera estocada de este tribunal llegó el pasado noviembre, cuando anuló el ascenso de Delgado a la máxima categoría al apreciar "desviación de poder" por parte de García Ortiz. El pasado mayo, llegó la segunda al tumbar su nombramiento para Memoria Democrática. Según advirtieron, García Ortiz había ignorado las advertencias del Consejo Fiscal de que Delgado podía no resultar compatible para una materia en la que está especializado su pareja, el exjuez Baltasar Garzón. El fiscal general ha dejado claro durante las últimas semanas que no piensa ceder y que se prepara para proponerla de nuevo. Según afirma, no existe mejor candidata que Delgado.

Estos varapalos judiciales se ven acompañados por un tercer recurso que aún está pendiente de resolución en el Supremo. En este caso, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales va un paso más allá y pide que se anule el nombramiento de García Ortiz como fiscal general, a lo que él respondió intentando apartar de la deliberación a cuatro de los magistrados que deberán tomar la decisión final. Su escrito cuestionaba para ello su imparcialidad y recordaba que eran los mismos que habían apreciado una "desviación de poder" en el ascenso de Delgado, pero el tribunal rechazó sus argumentos y lo tachó de "artificio procesal".

Las causas del independentismo

García Ortiz también se ha visto marcado por la pregunta que Pedro Sánchez espetó a un periodista en 2019: "¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?". Para el entonces presidente en funciones, la respuesta era clara: "Del Gobierno". En el caso de García Ortiz, esa sospecha se vio acrecentada nada más acceder al cargo, cuando se supo que en diciembre de 2019 —un mes después de las polémicas palabras de Sánchez— él mismo había participado en un acto organizado por el PSOE de Galicia. En concreto, en un "laboratorio de ideas" que el partido había puesto en marcha para desarrollar su programa electoral.

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Desde entonces, no son pocos los que han acusado a García Ortiz de proteger los intereses del Gobierno con sus decisiones. Sobre todo, tras el acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts para la investidura de Sánchez, en el que pactaron poner en marcha "comisiones de investigación" parlamentarias para examinar causas que vinculan con el "lawfare", es decir, con una supuesta guerra jurídica contra el independentismo. García Ortiz se comprometió el pasado diciembre a defender a todos los fiscales del procés, pero parte de la carrera consideró que su apoyo llegaba tarde, era insuficiente y mantenía un perfil bajo para favorecer al Gobierno.

Las acusaciones de que busca proteger los intereses de Sánchez también experimentaron un nuevo pico el pasado enero. En una de las juntas más crispadas de los últimos años, fiscales del Supremo se reunieron para analizar los disturbios impulsados por la plataforma Tsunami Democràtic. La mayoría de ellos —también los progresistas— coincidió en apoyar que el tribunal abriera una causa contra Carles Puigdemont por terrorismo, pero el informe definitivo quedó en manos de la teniente fiscal del Supremo y número dos de García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde, quien se opuso a seguir ese criterio: "Nos hallamos ante meras conjeturas o sospechas".

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Tras la entrada en vigor de la amnistía, esas voces críticas que apuntan a la cercanía de García Ortiz con el Gobierno vuelven a oírse con más fuerza. El fiscal general llevaba meses evitando pronunciarse sobre esta ley porque debía "mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad", pero en el primer informe en el que ha puesto negro sobre blanco su postura, se ha mostrado claro: Carles Puigdemont y Oriol Junqueras deben beneficiarse de la norma.

García Ortiz rebate así a los fiscales del procés, quienes se niegan a obedecerle y consideran que no resulta aplicable a la malversación. Para resolver la disputa, la Junta de Fiscales de Sala se reunirá el próximo martes, pero sea cual sea su criterio final, el fiscal general podrá imponer el suyo: "La discrepancia en el ámbito jurídico, y en particular en el seno del Ministerio Fiscal, no debe considerarse como una debilidad, sino como una fortaleza de nuestra institución", sostiene García Ortiz en su informe. Los cuatro fiscales del procés ya dan por hecho que serán apartados de la causa por no acatar sus órdenes. A partir de ahí, la decisión final quedará en manos del Supremo.

Su batalla más personal

El último frente al que García Ortiz se enfrentará este verano es la posibilidad de acabar imputado ante ese mismo tribunal del que depende la amnistía. Ya no por sus nombramientos ni por sus decisiones en torno a determinadas causas, sino por ordenar que se publicara la nota de prensa en la que la Fiscalía Provincial de Madrid detalló las negociaciones que habían mantenido con el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el procedimiento que se sigue contra él por fraude fiscal.

El pasado mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitió a trámite la querella de González Amador contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de la Sección de Delitos Económicos de esta comunidad, Julián Salto Torres, por un presunto delito de revelación de secretos, pero las primeras diligencias acorralan cada vez más a García Ortiz. De hecho, en un escrito que él mismo remitió al juez esta semana, ya asumió la responsabilidad por lo ocurrido y recordó que solo el Tribunal Supremo tendría competencia para investigarle.

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"Ese comunicado, que volvería a suscribir y ordenar para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal, se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios", defendía. "Los correos electrónicos que el letrado del Sr. González Amador había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid circulaban ya —sin contención alguna— por las redacciones de varios medios de comunicación y también en el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

La Junta de Fiscales de Sala respaldó en abril esta misma postura y concluyó que la querella de González Amador debía archivarse. Lo hizo dividida y con varios matices, pero se opuso a la apertura de una investigación. Curiosamente, ese apoyo que García Ortiz no había conseguido en ocasiones anteriores resulta ahora insuficiente, pues el caso está en manos de los jueces y todo apunta a que acabará como investigado en el Supremo. Si su manual de resistencia incluye o no esa posibilidad, es algo que solo él sabe.