El Constitucional rechaza suspender el voto a distancia de Puigdemont de forma cautelar

El Tribunal Constitucional ha rechazado adoptar medidas cautelares contra al acuerdo de la Mesa de Edad del Parlament que dio por bueno el voto delegado de Carles Puigdemont el pasado 10 de junio. Fuentes jurídicas explican que el tribunal ha admitido a trámite el recurso del PP, pero ha evitado ir un paso más allá hasta estudiar el fondo de sus argumentos. Como avanzó este martes El Confidencial, la minoría conservadora del Constitucional temía que el pleno optara por una "tibia" respuesta.

El PP sostiene que el voto a distancia de Puigdemont y del también huido Lluís Puig no es válido y, por ello, no deberían haberse contabilizado. Los populares defienden que su aceptación vulnera el criterio del Constitucional, que la pasada semana estimó un recurso del PSC contra los acuerdos de la Mesa del Parlament que en la anterior legislatura ya permitieron el voto telemático de Puig. El pleno adoptó esta decisión por unanimidad.

El PP se apoyaba en ese dictamen para solicitar que el Constitucional suspendiera de forma cautelar esta nueva decisión de dar por buenos los votos delegados de los huidos, lo que amenazaba la propia elección de Josep Rull como presidente de la cámara. El magistrado que se había hecho cargo del recurso, Ricardo Enríquez, no incluía esa suspensión inmediata en su propuesta, pero sí abogaba por adoptar una cautelar que consistiera en dirigir una advertencia a la Mesa del Parlament para que, a partir de ahora, se abstuviera de aceptar los votos delegados.

Pese a ello, la mayoría del tribunal también ha rechazado esta posibilidad intermedia, lo que en la práctica facilitará que el expresident siga acogiéndose a esa vía en las próximas votaciones. La decisión ha salido adelante con el apoyo de los siete magistrados progresistas.

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Desde este sector ya apuntaban este lunes a la complejidad de la cuestión. Para empezar, destacaban que el PP ha impugnado la decisión de la citada Mesa de Edad, que se disolvió inmediatamente par dar paso a la nueva Mesa del Parlament. Por eso, consideraban imposible acordar medidas cautelares contra algo que ya no existe. Adoptarlas contra la propia Mesa del Parlament tampoco tiene encaje porque, según argumentaban, esta no ha incurrido en ningún incumplimiento de resoluciones del Constitucional por el momento.

Situación distinta sería que la Mesa recién constituida mantuviera su apoyo a ese voto delegado. Si lo hace, su decisión podría ser impugnada en un nuevo recurso. "El tribunal debe ser prudente, y no adoptar resoluciones prospectivas respecto de sesiones futuras de la cámara que aún no han tenido lugar", indicaban las fuentes consultadas este lunes.

En la misma línea, insistían en que en este momento no se puede saber si Junts se seguirá viendo obligado a forzar un voto delegado de dudosa inconstitucionalidad, ya que la ley de amnistía puede acabar provocando que decaigan las órdenes de detención y acabe, por tanto, la huida de Puigdemont y Puig.