El fiscal general aprieta y busca apoyos en la junta clave sobre la amnistía de Puigdemont

El estreno de la Fiscalía con la ley de amnistía no ha podido ser más accidentado. Se ha complicado en el primer paso, casi en el prólogo. La decisión sobre el criterio que defenderá el Ministerio Público de cara a la aplicación de la norma a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de políticos vinculados con el procés lleva agitando el Ministerio Público desde hace semanas. El desenlace se producirá este martes en una Junta de Fiscales de Sala en la que las dos partes tratan de sumar apoyos. El fiscal general cuenta con lograr un respaldo suficiente a pesar de que la cuestión es delicada y trasciende apegos e ideologías. No ha dejado argumento por esgrimir ni puerta a la que llamar, aseguran fuentes fiscales consultadas.

La Junta de Fiscales de Sala es como un sanedrín que agrupa la cúpula del Ministerio Público. Participan en ella todos aquellos fiscales que han alcanzado la primera categoría, cerca de una cuarentena. A lo largo de las últimas horas, todos ellos han ido recibiendo los escritos con los argumentos contrapuestos que se llevarán a debate. Analizarán desde lo doctrinal y lo técnico tanto la tesis de los cuatro fiscales del procés como la que defiende Álvaro García Ortiz y votarán su adhesión a una u otra.

El resultado que se alcance ata a Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, pero no al fiscal general. Lo que se juega García Ortiz no es tanto la decisión definitiva que se adopte como la evidencia del respaldo o el rechazo de los más altos fiscales. Aquellos que se muestran críticos con la jefatura advierten que muchos de ellos han sido nombrados en los últimos años por fiscales generales progresistas y que, por ello, deben lealtad al máximo responsable.

Si, como espera, García Ortiz gana el pulso, los cuatro disidentes quedarán apartados y serán sustituidos por un fiscal que comparta la teoría sobre la malversación de fondos públicos que desarrolló este viernes en un extenso decreto. Si lo pierde, nadie espera que compre el resultado sin más. La estructura jerárquica de la Fiscalía provoca que sus órdenes deban ser acatadas. Puede escoger entre atender el dictamen o no hacerlo, dado que el órgano funciona como asesor y presta un servicio de asistencia técnica. Nada le obliga a asumir su decisión.

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A pesar de todo, un triunfo es importante, sobre todo a nivel simbólico. Lo es más aún de cara a la adopción de un criterio frente al Tribunal Supremo, cuyos jueces, oídas las partes, son los que en definitiva deben decidir si la ley permite amnistiar a Puigdemont y Junqueras o no lo permite. Las señales que ha ido dando el TS ponen muy en duda que el perdón sea tan evidente y automático como el Gobierno ha querido dar a entender.

Como ha ido publicando este diario, el alto tribunal ya ha dejado caer en las providencias por las que dio inicio al trámite para la aplicación de la ley, que amnistiar la malversación le levanta dudas. Para empezar, el Supremo no desactivó de manera automática la orden contra Puigdemont. El juez Pablo Llarena mantuvo la petición de arresto en España y, para asegurarse de que se le entendía bien, incluso dio orden directa a las Fuerzas de Seguridad para que lo detengan si vuelve.

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Además, el instructor del procés señaló de forma concreta que duda si la malversación es amnistiable. Pidió a las partes una valoración sobre la exclusión de la amnistía de "los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea". Por su parte, la de la Sala de lo Penal reflejó en su providencia de las tres dictadas que nadie puede darse por amnistiado hasta que haya una resolución firme que así lo indique. Es decir, el fiscal general se arriesga a que el Supremo no dé respaldo a su tesis. Que tampoco lo hiciera, antes, la Junta de Fiscales de Sala, supondría una doble desautorización.

Orden "ilegal e improcedente"

Las tesis de uno y otro bando son completamente contrarias. Los cuatro fiscales del procés han dejado por escrito que consideran ilegal e improcedente la orden de su superior para que abandonen su criterio. Consideran que la malversación no es amnistiable y lo hacen en aplicación de la salvaguarda que incluye la redacción de la ley por la que se impide amnistiar aquellas conductas de enriquecimiento personal. Para los cuatro, ese enriquecimiento o ánimo de lucro se produjo, ya que los acusados o condenados desviaron dinero para destinarlo a un proyecto personal que les favorecía. Agregan que, además, con esta forma de actuar fueron en contra de los intereses financieros de la UE, conducta que se incluye como línea roja en la norma.

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Para el fiscal general, esta interpretación entra en el terreno de lo subjetivo y es forzada. Indica que no hay duda, a la vista de la norma, de cuál es la voluntad del legislador y de la ley, que queda clara, además, "en el propio tenor literal de los preceptos". La ley se esfuerza incluso en evitar que se asimile ese "enriquecimiento" que menciona con lo que hizo el Govern de la Generalitat antes del referéndum del 1-O, señala. Lo hace precisando que no puede considerarse que hubo tal enriquecimiento si los fondos desviados se aplicaron a "promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña" o a "la celebración de las consultas que tuvieron lugar en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017". Para él, no hubo tal enriquecimiento, sino una simple forma desleal de gestionar "los fondos públicos". Al enmendar la mayor, García Ortiz enmienda también la menor. No apoya tampoco que pueda mantenerse la orden de detención en España contra Puigdemont.