La cúpula fiscal avala por la mínima a García Ortiz y pide amnistiar a Puigdemont

La Junta de Fiscales de Sala ha concluido este martes que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras deben ser amnistiados por un estrecho margen de 19 votos a favor —incluido el del fiscal general—, 17 en contra y una abstención. La mayoría del órgano, compuesto por los miembros de mayor rango de la carrera, ha rechazado la tesis de los fiscales del procés de que la ley no resulta aplicable al delito de malversación y ha respaldado la postura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de que "procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas".

La decisión final queda ahora en manos del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena —que instruye la causa contra Puigdemont— y de la Sala de lo Penal —de la que depende Junqueras y el resto de condenados—. En el caso del expresident, Llarena mantiene vigente una orden nacional de detención contra él, pero García Ortiz también apunta a que debe levantarse esta medida.

La Junta de Fiscales de Sala se ha celebrado este martes a petición de los cuatro fiscales del procés: Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena. Ante la orden del fiscal general de apoyar la amnistía para el delito de malversación, ellos invocaron el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el que se establece que, si reciben una orden o instrucción que consideren contraria a las leyes, podrán elevar la cuestión a este órgano.

Fuera cual fuera el criterio final de la junta, el fiscal general podía imponer el suyo, para lo que cuenta con la vía que establece el artículo 25: "Podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos". Finalmente, la Junta de Fiscales de Sala le ha brindado su apoyo por la mínima.

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Los cuatro fiscales del procés quedan así apartados de la causa y serán sustituidos por otros dos compañeros designados por el propio García Ortiz: su número dos y teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal jefe de lo penal en este mismo tribunal, Joaquín Sánchez-Covisa. Tanto Llarena como la Sala de lo Penal dieron la pasada semana cinco días a las partes para que se pronunciaran sobre la aplicación de la amnistía, por lo que se espera que cumplan el trámite este martes.

El debate de la malversación

Tanto García Ortiz como los fiscales del procés coincidían en un aspecto: los delitos de desobediencia y desórdenes públicos sí son amnistiables. El debate se centraba en el de la malversación agravada y, en concreto, en si se produjo "un beneficio patrimonial para los autores" y en si sus actos afectaron "a los intereses financieros de la Unión Europea".

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Al responder de manera afirmativa a las dos cuestiones, los fiscales del procés consideraban que la malversación no resulta amnistiable, lo que en la práctica implica seguir persiguiendo a Puigdemont y mantener inhabilitado a Junqueras. "La malversación de caudales públicos supuso un beneficio patrimonial para los autores, pues destinaron los mismos a la elaboración, desarrollo y concreción de su ilegal proyecto que les produjo un indudable beneficio patrimonial", argumentaban.

García Ortiz rebatía este criterio y apuntaba a que confunden el ánimo de lucro con el enriquecimiento personal: "Siempre que el responsable del delito se hubiera limitado a desviar fondos públicos con la única finalidad de financiar, sufragar o facilitar la convocatoria y/o celebración de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017, dicha conducta deba ser considerada comprendida [en la amnistía]". En cuanto a los intereses financieros de Europa, García Ortiz defendía que los fiscales del procés pasaban por alto que, una vez lograda la hipotética independencia, Cataluña podría haber alcanzado "algún concreto acuerdo económico con la UE".

Ahora que la Junta de Fiscales de Sala ha respaldado esta postura en las causas del Supremo sobre el procés, queda por ver si la misma se extiende a otros procedimientos en los que se incluya el delito de malversación y también afectan a independentistas. Entre ellas, destaca una del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que está pendiente de juicio y afecta a los cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. La Fiscalía pide más de seis años de cárcel para ellos por malversación agravada, prevaricación y desobediencia.

De forma paralela, el Tribunal de Cuentas fue un paso más allá la pasada semana y preguntó tanto a la Fiscalía como al resto de partes personadas si debe plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que implicaría contraponer la amnistía con el derecho de la UE. Entre los artículos que le suscitan dudas al Tribunal de Cuentas, destaca el 2.E de la ley, que aborda la mencionada posibilidad de que queden fuera de la amnistía aquellas conductas que afectaran a "los intereses financieros de la UE".