Puigdemont se opone a que el Tribunal de Cuentas eleve la amnistía a la Justicia europea

Carles Puigdemont rechaza que el Tribunal de Cuentas (Tcu) pueda presentar una cuestión prejudicial sobre la amnistía ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "No tiene competencia", advierte su defensa en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial. "Procede, sin más dilaciones, que se cumpla la ley, se alcen las medidas cautelares acordadas en su día y se archiven las presentes actuaciones sin incurrir en cualesquiera otras aventuras jurídicas carentes de cualquier sustento legal".

Puigdemont responde así a la providencia que el Tcu dictó la pasada semana, cuando preguntó a la Fiscalía y al resto de partes personadas si debía plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE para contraponer la amnistía con el derecho de la Unión Europea. Entre los artículos que le suscitan dudas a este tribunal, destaca el que abre la puerta a dejar fuera de la aplicación de la ley aquellas conductas que hayan afectado a los intereses financieros de la UE.

El Tcu apunta a esa posibilidad en el marco del procedimiento que mantiene en el banquillo a Puigdemont y otros 34 ex altos cargos catalanes, entre los que destacan el también expresidente catalán Artur Mas y el líder de ERC Oriol Junqueras. Esta causa se centra en el presunto desvío de fondos para el referéndum del 1-O y la acción exterior del independentismo. La Fiscalía les reclama tres millones de euros por estos hechos, mientras que la acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana (SCC) eleva la cifra hasta los cinco. La consejera que debe dictar sentencia no puede condenar por un importe superior al que solicitan.

"No es necesario abundar más sobre la situación generada a raíz de la Providencia de la Sra. Consejera de Cuentas de fecha 11 de junio de 2016, que más parece fundamentada en la búsqueda de eso que se da en llamar los 15 minutos de fama que en la correcta aplicación del derecho, que es algo que ha estado ausente a lo largo de todo este procedimiento", le responde ahora la defensa de Puigdemont.

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La presentación de una cuestión prejudicial obligaría a paralizar el procedimiento del Tcu hasta que el TJUE resolviera la misma, y el expresident quiere evitar ese escenario a toda costa: "Sin más dilaciones ni aventuras jurídicas, proceda a actuar conforme establece la Ley Orgánica de Amnistía, dictando resolución absolviendo de responsabilidad contable a mi representado".

Los artículos que cuestiona la consejera

La ley de amnistía establece que "se aplicará por el Tribunal de Cuentas en cualquier fase del proceso". El artículo 13.3 concreta a su vez la forma de llevar a cabo esa aplicación: "Si el proceso de exigencia de responsabilidad contable tramitado por el Tribunal de Cuentas se hallara en fase de primera instancia o de apelación, los órganos competentes de dicho tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las entidades del sector público perjudicadas por el menoscabo de los caudales o efectos públicos relacionados con los hechos amnistiados, dictarán resolución absolviendo de responsabilidad contable a las personas físicas o jurídicas demandadas".

Al plantear la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE, la consejera apunta de forma directa a ese artículo 13.3 y cuestiona su encaje con el derecho de la UE. En la misma línea, señala el artículo 1, que aborda el "ámbito objetivo" de la amnistía; el 2.E, que menciona "los intereses financieros de la Unión Europea"; el 8.3, que contempla el inmediato "alzamiento de las medidas cautelares", y el 10, que regula la "tramitación preferente y urgente" de la propia ley.

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La defensa de Puigdemont rechaza ahora que el Tribunal de Cuentas pueda realizar consulta alguna sobre dichos artículos ante el TJUE porque esa vía queda reservada a los órganos jurisdiccionales. Según destaca, los requisitos que impone la Justicia europea para entrar dentro de esa categoría incluyen que el órgano sea creado por ley, que tenga carácter permanente, que tenga jurisdicción obligatoria, que haya un procedimiento contradictorio, que aplique normas de derecho y que sea independiente.

"El Tribunal de Cuentas Español es un órgano constitucional y tiene funciones tanto administrativas como jurisdiccionales, pero esto no le confiere automáticamente la condición de órgano jurisdiccional", argumenta en su escrito. "Es más, la falta de carácter jurisdiccional del Tribunal de Cuentas ha sido afirmada por este mismo organismo en varias ocasiones a lo largo del presente procedimiento".

En la misma línea, critica que el Tcu ha incurrido en una "sistemática vulneración del derecho de la Unión" en contra de Puigdemont a lo largo del procedimiento. "Esta disparidad o ambivalencia de criterios, de un mismo organismo jurisdiccional y no jurisdiccional según convenga, nos sitúa (como ya hemos denunciado repetidamente) ante una clara situación de indefensión", concluye su escrito.