El sector conservador del TC teme una "tibia" respuesta a la desobediencia del Parlament

La minoría conservadora del Tribunal Constitucional está inquieta ante el incumplimiento por parte del Parlament de Cataluña de la prohibición de contabilizar votos de diputados que se encuentran huidos. Los primeros pasos de la legislatura catalana han comenzado con un evidente desacato por parte de la cámara y los cuatro magistrados del TC nombrados a propuesta del PP miran con preocupación a los siete considerados progresistas. Temen que la respuesta que dé el TC esta semana sea "tibia" o "poco contundente", después de que ni el PSC ni el Gobierno hayan optado por recurrir la admisión de este voto delegado que afecta a Carles Puigdemont y el exconseller Lluís Puig.

El Pleno del Tribunal Constitucional debe estudiar un recurso planteado por el grupo popular en la cámara catalana en contra del acuerdo por el que fueron elegidos los miembros de la Mesa del Parlament y se declaró constituido, sumando los votos delegados de Puigdemont y Puig. El PP de Alejandro Fernández avisaba de que el voto a distancia de Puigdemont y Puig no era válido y, por ello, no podía contabilizarse.

El partido argumentaba que la aceptación de esos dos votos delegados vulnera el criterio del Tribunal Constitucional, que hace unos días había estimado un recurso del PSC contra los acuerdos de la Mesa del Parlament que en la anterior legislatura permitieron el voto telemático del exconseller Puig, quien permanece en el sur de Francia. En una decisión que apoyaron todos los magistrados, el TC respaldó declarar la nulidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña, de 18 de abril de 2023, sobre la regulación transitoria del voto telemático.

Pese a ello, la Mesa de Edad de la sesión constitutiva del nuevo Parlament de Cataluña, presidida por el diputado de Junts Agustí Colomines, de 66 años, decidió admitir los dos votos delegados. Los magistrados progresistas venían defendiendo que el Constitucional no puede actuar salvo a instancias de alguna parte. Fue el PP el que decidió hacerlo, a pesar de que la resolución original se dictó en respuesta a una solicitud de los socialistas catalanes. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, indicó la pasada semana que la sentencia inicial es "muy clara", aunque fuentes del Gobierno alejaron la posibilidad de liderar un recurso en plena carrera por la investidura en Cataluña.

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Fuentes cercanas al sector progresista ponen de manifiesto la complejidad de la cuestión. Para empezar, aseguran, el PP ha impugnado la decisión de la citada Mesa de Edad que se disolvió inmediatamente. Por eso, es imposible adoptar medidas cautelares contra algo que ya no existe, dicen. Adoptarlas contra la propia Mesa del Parlament tampoco tiene encaje porque, al menos de momento, esta no ha incurrido en ningún incumplimiento de resoluciones del TC.

Cosa distinta sería que la Mesa recién constituida mantuviera su apoyo a ese voto delegado. Si lo hace, su decisión podrá ser impugnada en un nuevo recurso. "El tribunal debe ser prudente, y no adoptar resoluciones prospectivas respecto de sesiones futuras de la cámara que aún no han tenido lugar", indican las fuentes consultadas que recuerdan, además, que no es posible saber en este momento si Junts se seguirá viendo obligado a forzar un voto delegado de dudosa inconstitucionalidad, ya que la ley de amnistía puede acabar provocando que decaigan las órdenes de detención y acabe, con ellas, la huida de Puigdemont y Puig.

Ni el PSC ni el Gobierno

El hecho de que ni el Ejecutivo central ni el partido de Salvador Illa se hayan dirigido al TC con un precedente tan reciente y tan claro ha desconcertado a la minoría conservadora. Según aseguran las fuentes consultadas, los cuatro magistrados consideran necesario un requerimiento que evidencie el incumplimiento de la sentencia, lo que se traduce en una "evidente desobediencia".

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El PP advertía de que la aceptación de los votos delegados de los dos prófugos de la Justicia desobedece "reiteradas sentencias" judiciales y el criterio del propio Tribunal Constitucional. "Tal y como anunciamos en su momento, hoy hemos presentado el recurso de amparo ante el TC por permitir que se contabilicen los votos delegados emitidos ilegalmente de Puigdemont y Puig en el Parlament, desobedeciendo", anticiparon los populares.

El momento es delicado tanto para el PSC como para el Gobierno central. El primero trata de seducir a ERC y evitar una alianza con Junts que acerque el éxito de una intentona de investidura de Puigdemont o una repetición electoral. El segundo es consciente de que el éxito de Illa de cara a la presidencia de la Generalitat puede desatar las iras del expresident catalán y la retirada del apoyo de su formación al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Todo un sudoku difícil de resolver.