El Gobierno asume una "lenta" negociación con ERC y se impone silencio para favorecer el acuerdo

Los contactos oficiales entre el PSC y ERC para intentar alcanzar un acuerdo sobre la investidura de Salvador Illa han arrancado, con la discusión de una nueva financiación para Cataluña encima de la mesa y la voluntad del Gobierno de contribuir al máximo para que haya entendimiento. En la Moncloa siguen pensando que, pese a que los republicanos están enredados en un ajuste de cuentas interno, que dificulta aún más el pacto, al final se impondrá la cordura y evitarán ir a una repetición electoral.

Pero este Ejecutivo está tan acostumbrado a trabajar en el alambre y salir airoso, que ya es difícil discernir si pecan de optimistas o realmente tienen algún mimbre para confiar en que ERC respaldará a Illa como nuevo president de la Generalitat. Si al final sucede, asumen que será costoso, tanto el proceso para lograrlo como el propio contenido de los compromisos sobre financiación.

Apenas se ha empezado a hablar y el Ejecutivo se prepara para unas negociaciones "lentas". Es Illa quien las lidera. El Ministerio de Hacienda está coordinado con él pero no participa de forma directa, a pesar de que se debatirá sobre una nueva financiación para Cataluña, que después, si el cambio tiene el suficiente alcance, habría que encajar en una reforma del sistema general.

El Gobierno, de manera deliberada, ha decidido que no interferirá públicamente, con el propósito de no herir la sensibilidad de ERC. No quieren "ahuyentarlos" y para ello evitarán todo tipo de "ruido". Ya les sucedió con Junts, en las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Los de Carles Puigdemont reaccionaban mal a todas las declaraciones del Ejecutivo o a informaciones que pensaban que podían proceder de algún ministro. Lo mismo les pasa ahora con los republicanos.

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Por eso no concretarán "nada" sobre su plan, más allá de repetir que su propuesta no es un concierto a la vasca y que el pacto con Cataluña no será bilateral. Pero hasta esto último está en duda porque nada permite entrever que luego pueda aprobarse una modificación del sistema general, caducado desde hace una década.

El PSOE defiende este calendario. Primero un acuerdo sobre la posición catalana, entre el PSC y ERC. Y, después, la reforma multilateral del modelo. Lo que ocurre es que Hacienda insiste en que este cambio debería acordarse con el PP para tener éxito. En el Ministerio ven muy complicado conciliar los intereses de todas las autonomías (once de ellas gobernadas por los populares) y pretenden que lo haga Alberto Núñez Feijóo. Que sea él quien consiga un pacto previo entre comunidades con necesidades tan dispares como Andalucía, Madrid o Galicia.

No es descartable que el Ejecutivo tenga la tentación de aprobar la modificación del modelo sin el PP, echando mano sólo de su mayoría de la investidura. Pero incluso esta idea tiene aristas: Junts podría descolgarse y subir la apuesta para ir más allá del acuerdo alcanzado con ERC. A día de hoy, la posición del Gobierno es sentarse con los populares y comenzar a negociar discretamente.

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La falta de garantías para acometer una reforma global del sistema hace que el Gobierno tenga más dificultades para comprometer a ERC que ejecutará el pacto que alcance con ellos. Por esta razón subrayan que "se negocia un acuerdo, no una financiación". El Ejecutivo es consciente de su débil mayoría parlamentaria le impide llegar más lejos. Cabría la posibilidad de desarrollar el pacto con ERC a través de una ley propia, siempre que no afecte en nada al modelo general. Pero aquí podría operar de nuevo el veto de Junts.

Más allá de su militante optimismo, el camino para el acuerdo es incierto. A lo que se agarra la Moncloa es que la única alternativa a Illa son unas nuevas elecciones y el riesgo para los republicanos es que Puigdemont se haga más fuerte y ellos pierdan aún más diputados.

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Mientras ERC presiona con un cupo catalán, que implique gestionar el 100% de los impuestos, el candidato del PSC sólo ha ofrecido desarrollar el artículo 204 del Estatuto catalán y crear un Consorcio General Tributario entre la Generalitat y el Estado para la recaudación fiscal. Una prerrogativa que está por desarrollar y que contó en su día con el aval del Tribunal Constitucional.

"Creo que ofrece un camino", defendió el lunes Illa en una entrevista en la Ser, insisto, además, ha pasado el filtro del Tribunal Constitucional. El Gobierno por ahora no se moja y no le concede una importancia capital, sólo un carácter instrumental. Ni siquiera sabe si a ERC le interesa. Porque, admiten, desconocen qué quiere o qué piensa hacer Esquerra.