El Gobierno vasco otorga la semilibertad a un etarra que mató a cinco niñas en Zaragoza

El Gobierno vasco del PNV ha concedido en los últimos días cinco nuevos terceros grados a sendos etarras, cuatro de ellos con delitos de sangre a sus espaldas. Según informan a El Confidencial fuentes conocedoras de la decisión, uno de los últimos beneficiados es el que fuera dirigente de la organización terrorista José María Arregui Erostarbe, alias ‘Fiti’, condenado por el atentado en la casa cuartel de Zaragoza de 1987. Causó once muertos, cinco de ellos niñas menores de edad. Es la tercera vez que el Ejecutivo autonómico trata de abrir las puertas de prisión a este cabecilla de la banda. Las dos ocasiones anteriores fueros revocadas por la Audiencia Nacional al entender que no cumple los requisitos.

Otro de los cinco es Juan Carlos Subijana. Fue condenado a 28 años de cárcel por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado en el 2000. La Audiencia Nacional ya ha revocado en tres ocasiones el tercer grado otorgado por la Consejería de Justicia del Gobierno vasco para este otro terrorista. Estos dos ejemplos son paradigmáticos de la estrategia que sigue el Ejecutivo autonómico con los presos de ETA, a los que concede estos grados penitenciarios, los más flexibles, a pesar de que la justicia los frena sistemáticamente en algunos casos.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) lleva tiempo acreditando esta situación en la que el Ejecutivo insiste en conceder el régimen de semilibertad a etarras a pesar del criterio de los jueces y de la Fiscalía. Según los datos recabados por la principal asociación de víctimas, desde que el Gobierno vasco se hizo con las competencias penitenciarias en octubre de 2021, son ya 80 terceros grados otorgados a un total de 65 presos de la organización que cumplen condena en cárceles del País Vasco. Eso quiere decir que hay al menos 15 terceros grados repetidos después de haber sido revocados inicialmente.

Cuando un preso tiene una condena firme, como es el caso de todos los etarras, es la administración penitenciaria la que tiene que decidir el grado en el que cumple su pena. Durante décadas, los terroristas de ETA lo hacían en el primer grado, el más estricto. Hoy ya no queda ninguno en esa situación. Todos están en el segundo grado –el más común en las prisiones españolas– o en el tercer grado, que implica la semilibertad. Hay varias modalidades de tercer grado y alguna incluso contempla la opción de cumplir la pena en casa con una pulsera telemática.

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El grado penitenciario se tiene que revisar cada seis meses en virtud de los informes que hacen las Juntas de Tratamiento de la cárcel. En el caso de los presos de ETA, la decisión antes la tomaba el Ministerio del Interior, pero desde el traspaso de competencias, el órgano competente ahora es la Consejería de Justicia del Gobierno vasco que dirige el PNV (a excepción de un reducido grupo en la cárcel de Pamplona y otro aún menor que sigue en Francia). En caso de no estar de acuerdo con sus decisiones, la Fiscalía puede recurrir ante el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

Durante años, la concesión del tercer grado era ejecutiva y el mero hecho de concederlo ya otorgaba al preso etarra la posibilidad de salir mientras el juez tomaba una decisión. Eso ahora ha cambiado y el mero recurso ya paraliza el tercer grado. Esto es lo que sucedió la última vez que el Ejecutivo autonómico quiso abrir las puertas al etarra 'Fiti'.

El titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, estimó en noviembre el recurso de Fiscalía contra la progresión a tercer grado del histórico exdirigente de ETA y le mantuvo en prisión al entender que "se niega a una petición de perdón expresa a sus víctimas".

Condena por la casa cuartel

En el año 2003, 'Fiti' fue condenado por la Audiencia Nacional junto a Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, a sendas penas de 2.354 años de reclusión por el atentado en la casa Cuartel de Zaragoza. Según la sentencia, ordenaron al llamado Comando Francés cometer el atentado contra el acuartelamiento. Para ello les suministraron todo el material y la logística necesarios para perpetrar la acción terrorista.

El artículo 72.6 del Código Penal obliga a los miembros de ETA a "que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines terroristas y además hayan colaborado activamente con las autoridades". "Podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio (...) y una petición expresa de perdón a las víctimas", dice este apartado introducido en 2003. Este es uno de los caballos de batalla de las víctimas, que exigen que se cumplan estos requisitos.

Denuncian que en ocasiones los terroristas acceden al tercer grado sin haber colaborado a esclarecer atentados sin resolver o habiendo firmado vagos formularios de arrepentimiento como mero trámite. A la espera de conocer si el juez detecta una evolución en el etarra ‘Fiti’, su caso y el de Subijana serían dos de los que las víctimas incluyen en sus reclamaciones.

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Los otros tres beneficiados en los últimos días por las prisiones vascas son Manuel Miner, asesino del ertzaina Iñaki Totorika Vega en 2001; Garikoitz García, sin víctimas mortales, y José María Novoa, condenado a 30 años por asesinar en 1998 al guardia civil Alfonso Parada Ulloa.