Un grupo armado murciano, el plan frustrado de Antonio tras sus 125 votos en las elecciones

Un grupo armado murciano. Ese es el proyecto que alumbró Juan Antonio Carrillo Ruipérez y lo que le ha llevado a la cárcel a sus 56 años de edad. La Policía le arrestó por pedirle 100.000 euros a un empresario tras espiar a toda su familia, incluidos sus hijos menores de edad. Está acusado de extorsión, pero él lo veía como una “expropiación”. Tenía dos armas de fuego, explosivos ya preparados y un listado de posibles objetivos, según informan a El Confidencial fuentes del caso. Antonio optó por la vía de las armas tras fracasar en las urnas con un partido llamado Acción Murcia. Prometía a sus ciudadanos “sentido común” y una representación real, pero solo cosechó 125 votos.

La operación, en la que fueron arrestadas junto a él otras tres personas, ha corrido a cargo de la Brigada Provincial de Información de Murcia y de la Comisaría General de Información, en Madrid. Ya en 2020, las fuerzas de seguridad detectaron una página web que les llamó la atención. Se presentaba como una “Plataforma Ciudadana de Resistencia” y decían ser “extremadamente regionalistas”. La puesta en escena es un cajón de sastre en el que caben un cartel zapatista, un mensaje del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, banderas murcianas, un encapuchado y las fotos de políticos de la región.

“Alzaos una y otra vez hasta que los corderos se vuelvan leones”, proclamaba esta plataforma. Su escudo es un mapa de Murcia con la imagen mitológica de la Justicia en la que una mujer con los ojos vendados sostiene una balanza. En este caso, junto a la balanza, aparece una espada y una calavera. “Si no luchamos juntos, nos arruinarán por separado”, insiste la web. Hay un vídeo en el que se jactan del asesinato en 2014 de la que fuera presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. La política recibió un disparo en plena calle.

Lo que entonces no sabía la Policía es que esa página web sería el germen del grupo armado que Antonio bautizó con el nombre de “Grupo de Acción Ciudadana”. Así lo explica uno de los investigadores policiales a este periódico: “Por un lado, el Grupo de Acción Ciudadana es el que reclama el dinero, y luego en Internet hay una página pública que legítima sus acciones. Se ha conseguido determinar que están vinculadas, la difusión de la ideología se hace a partir de la web”. La página, a pesar de su precariedad, cuenta con un apartado para hacer donaciones por medio de una cuenta bancaria y un número de teléfono. La Policía ya investiga si eso constituía para ellos otra fuente de financiación.

La presencia de políticos murcianos entre sus objetivos no es casual. El grupo armado se dio a conocer por medio de una carta fundacional que remitieron a un periódico local hace cuatro años. “En la carta de constitución, lo que ellos marcan como objetivos son aquellos que consideran que se han lucrado, bien ilícita o amoralmente, de contratos con la administración o que se han enriquecido siendo cargos de la administración. Para ellos, es el dinero del pueblo”, afirman desde la investigación. Por eso a la extorsión prefieren llamarla expropiación.

Su desarticulación ha sido posible porque un empresario afectado denunció los hechos en abril. El grupo “mandaba imágenes para hacerle ver a la víctima que estaban siendo vigilados y controlados”. En este caso, el empresario elegido tenía hijos e hijas, algunos de ellos menores.

Por el momento hay cuatro personas detenidas, todos ellos murcianos, varones y con edades comprendidas entre los 45 y los 60 años. De ellos, solo Antonio, el presunto líder, sigue en prisión por orden de un Juzgado local. La Policía no descarta que estos hechos sean considerados como terrorismo y acaben investigándose en la Audiencia Nacional, en Madrid. Todos los implicados tenían una vida aparentemente normal con empleos normales.

Empresarios beneficiados con adjudicaciones

Antonio tiene hijos y fue arrestado en su casa de la pedanía de Sangonera la Verde (9.500 habitantes). La cárcel en la que ha ingresado de manera preventiva está a pocos kilómetros de su residencia. Tuvo una empresa vinculada al mundo de la seguridad, lo cual resultó clave para sus "expropiaciones". En los últimos años, se ganaba la vida colocando cámaras de videovigilancia. En el registro mercantil figura como responsable de siete empresas y socio de otras tres.

La Policía tiene constancia de que vigilaron a otras familias, pero no consta de momento que llegasen a pedirles dinero. Se investiga si hubo más víctimas que no hayan querido denunciar. El criterio siempre eran empresarios que habían recibido adjudicaciones públicas de la administración.

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“Los explosivos, obviamente, es lo que más nos ha llamado la atención, la elaboración de artefactos caseros. Había dos listos para ser utilizados en cualquier momento, uno de ellos camuflado en el interior de una mochila. También tenían armas de fuego”, afirman las fuentes consultadas. El grupo envió al empresario una carta con fotografías de sus familiares tomadas a lo largo de un año y un cartucho del calibre 9mm PB, solicitando, bajo amenazas, el pago de 100.000 euros. También tenían un manual del Grupo de Anarquistas Coordinados, grupo que fue el autor del atentado contra la Basílica del Pilar de Zaragoza en el año 2012.

Atrás queda el Antonio político que prometía sentido común. Se metió en política en 2017 porque decía que quería cambiar las cosas. Ya se mostraba indignado con la corrupción municipal en su Murcia natal y los "amaños" entre ayuntamientos cuando se animó a fundar un partido que prometía ser “el puente entre la sensatez y la clase política”. “¿Por qué cuando un político llega se rompen los valores?, venimos a romper eso”, dijo Antonio en el acto de presentación de su candidato en Totana.

Su debut en las urnas fue en las elecciones municipales del 29 de mayo de 2019. Admitían ser un partido pequeño y por eso solo se presentaron en las localidades de Totana (33.000 habitantes) y Cieza (35.000 habitantes). En total sacaron 125 votos, según consta en los datos del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). Meses después fundó su grupo armado y, tras meses de vigilancias a una de sus víctimas, ha terminado en prisión.