Bolaños coloca en la Abogacía del Estado a su as para blindar la amnistía en Europa

La Abogacía del Estado cambia de ciclo. Consuelo Castro ha abandonado la dirección de los servicios jurídicos estatales que ocupaba desde 2018. Un periodo de seis años que se cierra ahora con su sustitución por David Vilas. Con esta promoción, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, logra un doble objetivo. Por una parte, coloca a los mandos de un departamento especialmente sensible a una persona de su completa confianza. Por otra, escoge a un hombre que hasta ahora ejercía como director general de Cooperación Jurídica Internacional en plena aplicación de la amnistía y con la idea de que la batalla final se librará ante la Justicia Europa.

El Tribunal de Cuentas ya apuntó la pasada semana a la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial sobre la ley ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta figura implicaría contraponer la amnistía con el derecho de la UE, un ámbito en el que Vilas está especializado. Entre 2014 y 2019, ocupó el puesto de consejero de Justicia de España ante la UE, lo que le llevó a participar en las negociaciones sobre el reglamento de la Fiscalía Europea y las directivas de terrorismo.

Esa última cuestión resultará determinante a la hora de defender la amnistía total para Carles Puigdemont. El Tribunal Supremo le investiga por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, y la propia ley deja fuera esta clase de delitos cuando se cumplen determinados requisitos. El texto fija los límites en función de una directiva europea sobre terrorismo que se aprobó en 2017, durante la etapa del propio Vilas en Bruselas. La Fiscalía ya dejó claro este miércoles que Puigdemont también debe ser amnistiado en la causa de Tsunami, pero el Gobierno contará a partir de ahora con uno de los mayores expertos en esta materia para defender sus intereses.

Su bagaje también ayudará a contradecir otro de los argumentos que ponen en riesgo la amnistía: la idea de que el procés afectó a los intereses financieros de la UE. En este caso, por haber ayudado al desarrollo del reglamento de una Fiscalía Europea que, precisamente, "tiene la competencia de investigar los delitos contra el presupuesto de la UE". Antes de dar el salto al plano internacional, Vilas ocupó además distintos puestos que dependían de la Administración Tributaria, por lo que si se trata de debatir sobre los perjuicios causados a las administraciones o de investigar el destino final de fondos públicos, tampoco tendrá problema alguno.

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Fuentes jurídicas consultadas reconocen que el nuevo abogado general del Estado "tiene un currículum muy bueno" y dan por hecho que ayudará a reforzar la postura del Gobierno con la amnistía. "Ahí no va a haber problema: hará lo que diga Bolaños", sentencian. En junio de 2023, justo antes de que España asumiera la presidencia de la UE, el Gobierno le nombró director general de Cooperación Jurídica Internacional para que se convirtiera en su principal valedor, pero ahora tienen nuevos planes para él.

Una Abogacía para la corrección jurídica

Esa lealtad al Gobierno también se da por hecha ante el recorrido de su antecesora, Consuelo Castro, que abandona el cargo por motivos personales. Las mismas fuentes apuntan que llevaba meses queriendo dar ese paso atrás, pero no había podido hacerlo ante las dudas del Ejecutivo a la hora de seleccionar a su sustituto. La decisión final ha consistido en designar a un hombre a la que la propia Castro conoce bien: ella ejerció como abogada jefa del Estado en Galicia entre 2017 y 2018, mientras que él ocupó la jefatura del servicio jurídico de la Administración Tributaria de esta misma comunidad autónoma entre 2010 y 2014.

De hecho, Castro también coincidió durante aquella misma etapa con el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En concreto, en el procedimiento sobre el Prestige, en el que él asumió la acusación pública y ella ejerció la defensa del único cargo de la Administración General del Estado que se vio implicado: el que fue director general de Marina Mercante, sobre el que el propio García Ortiz negó que cometiera delito alguno y terminó absuelto.

Vilas será ahora el encargado de dar continuidad al mandato de Castro, en el que la Abogacía ha terminado por convertirse en avalista de la corrección jurídica del Gobierno. Ante su tendencia a legislar a golpe de decretos leyes y proposiciones de ley, la labor del Consejo de Estado como "supremo órgano consultivo" ha quedado anulada, lo que refuerza una vez más ese sesgo progubernamental por parte de la Abogacía. En plena aplicación de la amnistía y con algunos tribunales apuntando ya a Europa, resultará determinante.