El Gobierno avisa al PP que un bloqueo en el CGPJ complica la renovación del Banco de España

En plena deserción de los ciudadanos de la política, tras un intenso curso electoral y un arranque de la legislatura que ha girado en torno a la amnistía, todo lo que rodea a la renovación del Consejo General del Poder Judicial suena tan lejano como la llegada del hombre a la luna. Aún así, el CGPJ, caducado desde hace más de cinco años, copa estos días una parte de la actualidad y se atisba por momentos el resquicio de una nueva oportunidad.

Gobierno y PP se tantean para llegar a un acuerdo, inmersos en un clima de absoluta desconfianza. Después de varios intentos fallidos y pactos rotos, el Ejecutivo no se fía y Pedro Sánchez tiene decidido que dejará al órgano de los jueces sin capacidad para hacer nombramientos si no se actualiza esta vez: "Lo haremos con o sin ustedes".

Pero el órdago va más allá. Con el fin del mandato de Pablo Hernández de Cos como gobernador del Banco de España (BdE) el pasado 11 de junio, el Ejecutivo está esperando a conocer la disposición de Alberto Núñez Feijóo sobre el CGPJ para nombrar al regulador. Lo habitual es que se pacte entre los dos principales partidos y que el Gobierno elija al gobernador y la oposición al subgobernador, pero se trata sólo de una norma no escrita. El propio vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, exministro de Economía de Mariano Rajoy, reclamó "consenso" este lunes.

A la espera de una reunión en los próximos días —posiblemente con el comisario de Justicia, Didier Reynders, que, regresa a su puesto a finales de junio tras una excedencia para competir por la presidencia del Consejo de Europa— los dos partidos niegan contactos bilaterales, aunque ninguno rechaza de plano la posibilidad de que haya un acuerdo, que afectaría también a otras instituciones.

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El PP, por su parte, desliga el posible acuerdo judicial con la negociación de la cúpula del Banco de España o la actualización del consejo de administración de RTVE —cinco consejeros han acabado su mandato y, además, hay que sustituir al expresidente del ente público, José Manuel Pérez Tornero—. Pero el Gobierno sí las vincula. "No está condicionado nada", aseguran, pero sí está todo "relacionado". "Si hay ambiente para poder llegar a acuerdos, será más fácil. Si hay bloqueo, será más complicado", explican.

Otras fuentes del Ejecutivo apuntan a que la "voluntad" del PP de acordar la renovación de una institución no puede ser selectiva y que tiene que incluir todo lo que ahora está sobre la mesa. Pero no es una postura que compartan en Génova. "No es una negociación conjunta. Cada cosa irá por su lado", inciden fuentes del entorno de Feijóo. Más allá del BdE y de RTVE, también está pendiente tanto la renovación del presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que expira en diciembre; y otras cinco vacantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La lectura que hacen en la dirección de los populares es que el hecho de que naufraguen o no las conversaciones sobre el CGPJ no tiene por qué afectar a otros consensos. No obstante, en el partido asumen que el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces es la carta más difícil. Si no logran deshacer ese nudo, admiten, "es difícil el resto". Otras fuentes de los populares van más allá y apuntan a que "lo lógico" en este contexto sería amarrar un paquete global "que permita dejar a todos razonablemente contentos".

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La última palabra al respecto la tiene el líder del PP, pero en el partido reiteran que "el muro sólo lleva a un mayor deterioro de las instituciones" y animan al presidente de los populares a un acuerdo global con el PSOE, sobre todo en lo relativo al Banco de España. "Lo que ha hecho Hernández de Cos [muy cercano a Núñez Feijóo] durante estos años no debería tirarse por la borda en un día", inciden estas voces.

El tiempo apremia no sólo para el CGPJ —Sánchez ha puesto como tope este mes de junio—, sino también para el Banco de España. La intención de la Moncloa es que haya nuevo gobernador antes de vacaciones, porque la etapa de seis años de la subgobernadora, Margarita Delgado, que ha sustituido de forma interina a Hernández de Cos, finaliza el próximo 11 de septiembre. Hasta el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado públicamente "abierto a hablar con el PP".

PSOE y PP abren una rendija al acuerdo

Tras varios fracasos, el Gobierno no se atreve a predecir si el PP desencallará el CGPJ, que es la clave de bóveda de toda la negociación. "Queremos creer que esta vez sí", señala un ministro. Aunque también piensan que para los populares es muy goloso mantener a un CGPJ de mayoría conservadora, que censura públicamente las decisiones del Ejecutivo.

"Si tuvieran vergüenza ya habrían dimitido, como hizo Carlos Lesmes", destaca otro miembro del Gobierno, sobre el expresidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, que dejó su cargo en octubre de 2022 para forzar una aproximación de los dos partidos y que culminaría con la elección de los nuevos miembros del órgano de los jueces. Según este ministro, además de por "razones políticas", no lo hacen "por las dietas que perciben", 975 euros por asistencia a pleno y 312 a comisiones. El bloqueo del CGPJ pone en jaque el normal funcionamiento de las instituciones, también del propio Tribunal Constitucional, ya que la elección del sustituto de Alfredo Montoya corresponde al PP y, según la posición que esgrime el Gobierno, ellos tienen interés en copar ese puesto.

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Pese a ser consciente de los obstáculos, Feijóo también está dispuesto a cerrar por fin un acuerdo y dar carpetazo a la renovación del Poder Judicial. O al menos a "intentarlo". Génova ha suavizado la que hasta ahora era su condición inquebrantable: que la renovación del órgano judicial esté acompañada de una reforma "inmediata" del modelo de elección de los jueces. Insisten de forma genérica en que el Gobierno comprometa "garantías" que avancen en la "despolitización" de la Justicia, pero confían en la Comisión Europea para encontrar la fórmula correcta.

En la dirección del PP reconocen "guiños" al Ejecutivo para facilitar la búsqueda de un "punto de encuentro", aunque nadie se atreve a poner la mano en el fuego sobre la consecución de un acuerdo. Feijóo tendrá que enfrentarse en ese caso a fuertes presiones internas que rechazan cualquier cesión al jefe del Ejecutivo. Isabel Díaz Ayuso volvió a poner voz y cara a esa corriente. Ella es contraria al pacto, y marcó este miércoles su límite al jefe de los populares. "Si no se cambia el sistema de elección, va a ser un auténtico desastre (...). Nos va la democracia en este juego", lanzó.