El Gobierno reescribió la amnistía para intentar salvar a Puigdemont del delito de alta traición

El juez Joaquín Aguirre ha abierto una vía para imputar a Carles Puigdemont por delitos de alta traición en la conocida como trama rusa del procés. Esta decisión enfrenta al expresident a una nueva causa en plena aplicación de la amnistía, pero no le ha cogido por sorpresa. Durante la última fase de negociaciones, Junts ya obligó al Gobierno a reescribir la ley para intentar blindarle aún más y evitar que una investigación como esta pudiera amenazar su impunidad.

La clave radica en que, tras más de seis meses de negociaciones y tres redacciones distintas, la ley de amnistía incluyó importantes retoques en ese aspecto. Tanto la primera como la segunda versión dejaban fuera de su aplicación "los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional", pero el texto que finalmente entró en vigor el pasado 11 de junio incluye varios matices.

Según advierte esta última versión, los delitos de alta traición ya solo resultarán imperdonables cuando "se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza". Y para limitar la interpretación final que puedan hacer los jueces, añade otra coletilla con referencias a "la Carta de las Naciones Unidas", a "la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas" y a "la declaración relativa a los principios de derecho internacional".

En la práctica, esta redacción busca incluir en la amnistía aquellos delitos de alta traición que en principio podrían encajar con una investigación como la que instruye Aguirre, que se centra en los contactos que se mantuvieron durante el procés con el entorno de Vladímir Putin para tratar de sumar el apoyo de Rusia. Entre esos delitos, cabe apuntar el que recoge el artículo 592 del Código Penal, que en ningún caso habla de "uso efectivo de fuerza", sino que se limita a castigar con cárcel a los que "mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros".

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Consciente de estos matices que impone la ley, Aguirre se limita a señalar por ahora un posible delito de traición, "sin que en este momento (...) se atreva a especificar el concreto tipo penal". Para justificar esa falta de concreción, el juez también recoge una serie de argumentos que allanan el camino para sortear la amnistía, aunque esa decisión ya no dependerá de él: dada la condición de aforado de Puigdemont, el juez elevará una "exposición razonada al órgano superior competente". El auto tampoco concreta cuál será ese órgano, pero todo apunta a que enviará su causa al Tribunal Supremo.

Los argumentos de Aguirre

La idea de fondo que Aguirre deja caer en su resolución es que el Código Penal ha quedado desfasado en este aspecto: "La actual redacción de los delitos de traición data de 1995", advierte. También destaca que el actual Gobierno modificó en 2022 "pluralidad de figuras" y "suprimió otras" como los "delitos contra el orden público" y la "sedición", lo que considera que obliga a reflexionar sobre el modo en que se debe comprobar si se ha dado o no un delito de alta traición.

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"La evolución tecnológica respecto al armamento empleado en la guerra y la forma en que la guerra misma se ejecuta han convertido en obsoletos una gran parte de los preceptos", critica. "La guerra híbrida consiste en lograr resultados influyendo directamente en la sociedad mediante la desmoralización (...). Las acciones de un enemigo híbrido están destinadas al dominio de determinadas zonas que le resultan de interés. No requiere de una declaración formal de guerra, como ocurría en siglos anteriores".

En la misma línea, considera que ha variado el concepto de enemigo: "Ante la inexistencia de declaración formal de guerra que identifique al enemigo puede interpretarse que lo es toda potencia que pretenda por medios violentos y/o coercitivos alterar el régimen político de un estado con la finalidad de que pase a formar parte de un bloque internacional contrario a aquel al que pertenece, de tal modo que la utilización de la llamada guerra híbrida por parte de Rusia contra las democracias liberales de la Unión Europea, convierte a Rusia en enemigo de occidente".

De esta manera, abre la puerta a que la amnistía no sea aplicable a Puigdemont, pues de forma indirecta apunta a que en este caso se dio "una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza". Al mismo tiempo, con sus referencias a Europa señala otra de las cuestiones que podrían dejarle fuera de la amnistía: que los delitos afectaran a los intereses financieros de la UE.