El análisis del Comité Editorial de EC: los conflictos de interés y la nueva Europa

Tras el 9-J, el Comité Editorial celebró su tercer encuentro del año para analizar los resultados y la reconfiguración de poder en Europa con la vista puesta en los comicios de Francia y Reino Unido. En el ámbito nacional, se abordó la posible repetición de las elecciones en Cataluña y el impacto que tendría en la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez, así cómo la regulación de los conflictos de interés con motivo del caso de Begoña Gómez. En clave económica, se analizó la opa del BBVA al Sabadell y, por último, se debatió sobre los argumentos a favor y en contra de la regulación de la prostitución en España.

Este Comité, presidido por José Antonio Zarzalejos, contó con la asistencia de José Antonio Sánchez, presidente ejecutivo y editor de El Confidencial; Nacho Cardero, director del periódico; los directores adjuntos Ángel Villarino y Miquel Roig; Alberto Pérez Giménez, subdirector de Nacional; Rebeca Fernández, redactora jefa y jefa de Opinión; Irene Hernández Velasco, jefa de Cultura; Ignacio Varela, analista de El Confidencial, consultor político y experto en estrategias electorales y análisis de la opinión pública; los columnistas Miriam González Durántez, abogada de comercio europeo e internacional en la firma Cohen Gresser y fundadora de España Mejor y del movimiento internacional Inspiring Girls, y Nemesio Fernández-Cuesta, Técnico Comercial y Economista del Estado y ex secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales; Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Urbaser y expresidente de Indra; y Marta García Aller, Ramón González Férriz, y Josep Martí Blanch, periodistas y columnistas del diario.

La Amnistía y la amenaza de repetición electoral

Mientras Cataluña sigue sin tener un nombre claro para ocupar la presidencia de la Generalitat, la amnistía continúa su periplo judicial. José Antonio Zarzalejos analizó en qué punto se encuentra, cuando la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo amnistiar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de líderes del procés, y también ha solicitado que el juez Pablo Llarena retire la orden de detención contra el expresident. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, impuso su criterio durante la Junta de fiscales de Sala y apartó a los cuatro que se negaban a acatar sus órdenes. Los fiscales que se han hecho cargo de las causas solicitan la amnistía total para los líderes independentistas.

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Respecto a la situación política en Cataluña, y más de un mes después de los comicios, Josep Martí Blanch señaló que será "muy difícil" salir del bloqueo político. A la falta de una suma clara que garantice los apoyos para una hipotética candidatura de Salvador Illa a la investidura, se añaden las dificultades que afronta ERC, cuyo sí es imprescindible para que el socialista alcance la presidencia. "Lo que ha convertido la Cataluña poselectoral en un lugar difícil de entender es lo que ha pasado con ERC. El partido ha de tomar decisiones trascendentes, pero tiene la cabeza en la batalla interna que ahora ya se libra a la vista de todo el mundo".

Ante este escenario en el que la figura de Puigdemont sigue siendo clave, Martí Blanch apuntó que "el único incentivo" que tiene el expresident es repetir elecciones, con la onda expansiva que tendría sobre el Gobierno y sus socios. No obstante, a juicio del periodista, Puigdemont no se va a sumar a una moción de censura contra Pedro Sánchez si el PP la presentase porque su electorado "no lo entendería". "La legislatura de Sánchez es muy difícil, casi imposible, pero no porque Junts vaya a apoyar una moción de censura, sino porque los de Puigdemont van a dedicarse a matar al PSOE a pellizcos, haciéndole perder votaciones si es necesario, o coincidiendo con PP y Vox en el sentido del voto si es sobre algo que figura explícitamente en el programa de Junts. A eso ha de añadirse que la debacle de ERC le convierte ahora en un socio menos fiable y confiable para el PSOE", concluyó.

La nueva Europa

Ignacio Varela abordó los resultados de las elecciones europeas en clave española y destacó que, en el eje ideológico, se ha producido una transferencia a la derecha: de Sumar al PSOE, del PSOE al PP, del PP a Vox, y de Vox a Se acabó la fiesta. En el eje Gobierno-oposición, es la primera vez que se rompe el "teorema de Iglesias", ya que en las elecciones generales de 2023, el bloque de investidura tenía un 5,1% más de apoyos, mientras que el 9-J la oposición aventajó a los socios de investidura en un 1,2%. Además, se ha confirmado la recuperación del bipartidismo, el sorpaso de Bildu al PNV y la debacle del espacio en torno a Podemos.

En este sentido, Varela recalcó que el PSOE demuestra un suelo firme de 5 millones de votos y que solo puede sostenerse en la zona del 30% "vampirizando a sus aliados", y consideró que varios socios de Sánchez ya dan por terminado el acuerdo y están tomando posiciones para cuando la derecha llegue a la Moncloa.

Varela consideró que varios socios de Sánchez ya dan por terminado el acuerdo y toman posiciones para cuando la derecha gobierne

Por último, resaltó el resultado de Se acabó la fiesta, una formación que hizo una campaña no convencional y que ha registrado 800.000 votos. Ante esta cifra, el experto en estrategias electorales incidió en la transformación acelerada de las campañas, la llamada de atención que esto supone para los partidos tradicionales y lanzó una pregunta: ¿se trata de un fenómeno efímero o de algo que va a quedarse para transformar la política española?

Por su parte, Ramón González Férriz hizo una radiografía del estado de la UE tras su paso por las urnas. Subrayó que el núcleo duro ideológico de la UE desciende, y que aumenta la derecha radical, pero explicó que la mayoría sigue siendo la misma y que las dinámicas políticas "podrían no alterarse demasiado en la mayor parte de cuestiones". Por ello, se espera continuidad en algunos de los puntos en los que ya hay amplios consensos: seguridad, inmigración, competencia, comercio y autonomía estratégica.

Donde sí se registrará un cambio profundo es en materia de transición energética y algunas de sus implicaciones industriales. El columnista de El Confidencial consideró que al centroderecha le gustaría poder pactar con el grupo de Giorgia Meloni y no votar siempre con la izquierda. "Por primera vez en la historia del Parlamento Europeo podría haber geometría variable, que sería una señal de normalidad, pero también una novedad cuyas consecuencias son difíciles de predecir institucionalmente", indicó.

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A su juicio, estas elecciones han tenido un impacto directo en Alemania y Francia. Alternativa por Alemania tuvo un 15,9% del voto, y fue el segundo partido por detrás de la CDU, pero este auge va más allá de lo electoral: "Es el fin del consenso sobre la culpa en la Segunda Guerra Mundial y el papel de Alemania en Europa".

En lo que se refiere a Francia, Rassemblement, el partido de Marine Le Pen, obtuvo un 31,4%, casi el doble que Renaissance, el partido de Emmanuel Macron, que convocó elecciones legislativas para los próximos 30 de junio y 7 de julio. Con este movimiento es probable que quiera obligar a Rassemblement, y a su joven estrella ascendente, Jordan Bardella, a gobernar y asumir responsabilidades. Si lograse la mayoría de los votos, Bardella sería primer ministro y debería tratar de sacar adelante las ideas de su partido sobre la inmigración, la Unión Europea o la seguridad, pero fracasaría dado lo compleja que es la cohabitación entre un presidente y un primer ministro de distintos partidos. "Macron podría desear ese resultado de cara a las elecciones presidenciales de 2027", avanzó González Férriz, quien destacó que si en Francia desaparece el cordón sanitario contra Le Pen, ya solo lo mantendrá Alemania. "Es el fin de esta figura como algo relativamente habitual en la política de Europa. Los partidos de derecha radical son ya parte del establishment político europeo".

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Por ello, consideró que se ha agotado el relato según el cual la UE se sustentaba "en la marginación de los extremos, la Alianza Atlántica o el mantenimiento de la paz en el continente". Ahora la UE es un espacio político 'más normal', "con conflictos entre familias ideológicas, estrategias divergentes y choques explícitos entre naciones. No atraerá a los jóvenes, ni mucho menos a los euroescépticos, evocando la Segunda Guerra Mundial. Es una realidad política consolidada y con los conflictos propios de estas".

Los conflictos de interés

Miriam González Durántez abordó los sistemas de prevención de conflictos de interés que, en los países de la OCDE, generalmente siguen las directrices de la Recomendación del Consejo de la OCDE de 1998. Estas piden que se preste atención tanto a los conflictos de interés reales, como a los potenciales y a los aparentes o percibidos como tales por la opinión pública, aunque no existan realmente. "La OCDE subraya acertadamente que una mala gestión de esos conflictos de interés entraña el riesgo de debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas".

A pesar de que España forma parte de la OCDE, su sistema no cubre todos los supuestos mencionados y resulta "desordenado y confuso", especialmente en lo que se refiere a la propia definición del conflicto de interés. Estos hechos quedan regulados en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración del Estado, que establece que estos cargos deben evitar que sus intereses personales (propios o de sus familiares o personas jurídicas ligadas a ellos) puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. "Contempla los conflictos reales y potenciales, pero no las apariencias de conflicto ni obliga a que los altos cargos se sometan a sistemas preventivos para evitar las apariencias de conflicto", precisó González Durántez.

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Además, la definición del propio conflicto de interés de la ley contiene elementos "que la restringen excesivamente" y ha sido reprobada por el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) debido a sus insuficiencias. De igual forma, la Comisión Europea en sus informes anuales sobre el Estado de derecho en España ha llamado la atención sobre la necesidad de robustecer las normas y reforzar la competencia sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses.

En el ámbito de la autorregulación, el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado de 2023 ("una norma publicada en el Portal de Transparencia del Ejecutivo, pero que no consta que esté formalmente aprobada por el Consejo de Ministros") incluye un apartado relativo a la prevención y gestión de conflictos de interés en el Código de Buen Gobierno. Ese apartado explicita que pueden ser reales, aparentes y potenciales, como recomiendan la OCDE y la UE, pero el Código se remite a la Ley 3/2015, que obvia los conflictos aparentes. "Para mayor confusión, el Código indica que la definición de la ley sí incluye los conflictos aparentes, aunque no es el caso, y el Código tampoco corrige la definición restrictiva relativa a las personas jurídicas vinculadas a los familiares de los altos cargos", detalló. En cualquier caso, la Oficina de Conflictos de Intereses solo tiene en cuenta la ley y no otros instrumentos de autorregulación.

Cuatro frentes de una opa hostil

La opa de BBVA sobre Sabadell fue analizada por Nemesio Fernández-Cuesta y Miquel Roig. A su juicio, esta operación afronta cuatro frentes y el primero es el empresarial: la compra puede generar 1.000 millones de euros en ahorros, considerando unas sinergias equivalentes al 45% de los costes de Sabadell en España y un 60% en México, donde Sabadell tiene una cuota de mercado del 1% frente al 22% del BBVA. "Estas sinergias son superiores a las obtenidas en el proceso CaixaBank-Bankia y similares a las finalmente obtenidas en la fusión Santander-Popular", explicaron.

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La fusión daría como resultado el segundo banco de España, con 1,04 billones de euros en activos y una cuota de mercado del 22,5%, por detrás de CaixaBank y algo por delante de Santander. El siguiente en el ranking sería Bankinter, con apenas un 6%. Además, para BBVA la adquisición supondría diluir el peso del Garanti Bank turco. Las sucesivas devaluaciones de la lira turca lastran los resultados de BBVA y, con una mayor exposición a España y al Reino Unido, "se reduciría la que tiene ante economías emergentes".

En lo que respecta al frente tecnocrático, Roig y Fernández-Cuesta señalaron que las aprobaciones técnicas no deberían suponer un impedimento. "Pueden hacer la adquisición más compleja, pero a priori, no hay nada que pueda bloquear a BBVA para poner la oferta a disposición de los accionistas del Banco Sabadell", apuntaron. Aclararon también que la CNMV confirmará que los accionistas disponen de toda la información relevante para tomar una decisión y el BCE hará un análisis de la solvencia de la entidad resultante, mientras que la CNMC puede imponer condiciones a la fusión.

No obstante, se trata de una de las opas "con más oposición política que se recuerda" y, de hecho, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido "especialmente beligerante". Además, una hipotética repetición electoral en Cataluña en otoño jugaría en contra de BBVA, ya que no resulta fácil que los partidos vayan a cambiar los argumentos críticos que ya expusieron.

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El frente judicial es, de momento, "lejano", pero puede cobrar fuerza. El fiscal había recomendado procesar a BBVA como persona jurídica por delitos de cohecho y revelación de secretos al contratar los servicios del comisario Villarejo y, este jueves, el juez Manuel García-Castellón pidió que el banco, el expresidente Francisco González y otros exdirectivos se sienten en el banquillo de los acusados. Esta situación es relevante en dos planos: para BBVA puede suponer sanciones económicas y un impacto reputacional, y además el propio procesamiento puede ser usado "como arma de impacto" por parte del frente hostil a la opa.

Sobre el futuro, los posibles escenarios de la operación pasan por la retirada de la oferta por parte de BBVA antes de que finalice el periodo de aceptación; por que BBVA logre la aceptación de menos del 50,01% de los accionistas del Banco Sabadell y desista; que haya opa y fusión; o bien que haya opa pero no fusión.

La regulación de la prostitución

Por último, Irene Hernández Velasco y Marta García Aller centraron su ponencia en el debate en torno a la regulación de la prostitución. Hernández Velasco precisó que se trata del "segundo negocio mundial más lucrativo", por detrás del tráfico de armas y por delante del narcotráfico. "Según datos de la ONU, España cuenta desde hace varios años con el vergonzoso primer puesto en el ranking europeo de consumo de prostitución, muy por delante de todos los demás, y el 39% de los españoles habría demandado alguna vez servicios sexuales".

Sin embargo, España no es solo una potencia mundial en consumo de prostitución, también es uno de los principales destinos del tráfico de mujeres y uno de los puntos clave de tránsito. "Más de 40 millones de mujeres y niñas son víctimas de trata y de explotación sexual en el mundo y más del 80% de las mujeres prostituidas en España son víctimas de trata", expuso la jefa de Cultura de El Confidencial.

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Nuestro país se ha convertido en "la puerta de entrada de la trata con fines de explotación sexual de Europa" porque las actuales normas y leyes "ayudan" a que nuestro país sea "uno de los mejores prostíbulos de toda Europa". De hecho, en 2022 se identificaron 231 víctimas de trata con fines de explotación sexual, 226 de ellas mujeres, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2023. De ellas, 13 eran menores de edad, una cifra que supone un importante ascenso porque casi triplica la registrada en 2021.

En la actualidad, el ejercicio de la prostitución en España se encuentra en un "limbo" dada su situación de "alegalidad o ausencia de regulación jurídica": la actividad no es considerada ni legal ni ilegal, y no está prohibida pero tampoco permitida. El PSOE presentó recientemente en el Congreso una proposición de ley de reforma del Código Penal con la que buscaba encarcelar a los proxenetas y dueños de burdeles, así como imponer fuertes multas a los clientes, quienes también irían a prisión si a quien pagan por los favores sexuales es una menor. "El objetivo final de esta reforma, que recupera el intento fallido de la legislatura pasada, era abrir el camino a la abolición de la prostitución en España", dijo.

Pero esa proposición de ley no salió adelante, fue tumbada por los votos del PP y de Sumar. "Fuentes conocedoras del proyecto socialista afirman que el PSOE no tiene interés en aprobar una ley. En la pasada legislatura pudo hacerlo porque entonces logró el apoyo de los populares, pero el texto se fue posponiendo y no llegó a convertirse en ley".

La división tanto en el feminismo como en la izquierda acapara en demasiadas ocasiones el debate sobre la regulación de la prostitución. A este respecto, Marta García Aller afirmó que no se analiza en profundidad esta realidad porque en el país "con más puteros de Europa" hay muchos votantes que no están interesados en entrar en el fondo de la cuestión.

Marta García Aller afirmó que en el país "con más puteros de Europa" hay muchos votantes que no quieren entrar en el fondo de la cuestión

"Este debate genera mucha incomodidad social y es más fácil centrar la atención en la división: hablar de feminismo liberal o puritano. Ambas opciones feministas tienen razón en las críticas que le hacen a la otra corriente. La abolición generaría más desprotección de las mujeres migrantes sin papeles, hecho por el que se critica el abolicionismo, y quienes se oponen a la regulación tienen razón al argumentar que quienes más negocio van a hacer con ello son las mafias que tienen las rutas establecidas y los burdeles en funcionamiento. Es un debate extremadamente complejo para plantearlo solo en dos visiones del feminismo", argumentó la periodista.

Por ello, García Aller abogó por poner el foco en la demanda, en los puteros, en las razones que explican su existencia y en el motivo de la excepcionalidad de España, dado que no en todos los países europeos está "tan naturalizado el uso de la prostitución como ocio". Por último, se refirió al perfil de los consumidores, ya que hay estudios recientes que trascienden la visión del putero como producto de una España más antigua. Es decir, evidencian que los jóvenes repiten los mismos patrones de los años 40 y 60 y que viven el hecho de pagar por sexo como "una transición a la edad adulta".

Tras todas estas ponencias, el Comité Editorial reiteró su apoyo al editor de El Confidencial, su director y la redacción por su trabajo y su compromiso con el periodismo para contribuir a crear una sociedad mejor informada.