El PP busca renovar el CGPJ antes de agosto por el temor de los jueces a una solución peor

Alberto Núñez Feijóo se está tomando muy en serio el enésimo intento de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Hay predisposición, intencionalidad e, incluso, ganas por cerrar de una vez por todas el capítulo del desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces, hasta el punto de aspirar a que el acuerdo esté listo sí o sí en el mes de julio, antes de que la Comisión Europea emita su informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en España.

Varios motivos explican el renovado interés de Génova por el pacto. Uno de ellos, quizá el más importante, es el ultimátum que lanzó Sánchez el pasado 12 de junio. El jefe del Ejecutivo activó una cuenta atrás —que acaba este mismo mes de junio— y amenazó a Feijóo con reformar por su cuenta la ley del Poder Judicial para quitar al CGPJ la facultad de nombrar jueces si el PP no desbloqueaba el Consejo. En la dirección popular se desvinculan del "chantaje" de Sánchez, y también de sus tiempos. Pero tras ese aviso, algo se movió en el cuartel general de los azules.

El argumento que ha ganado peso en Génova es que si ahora no se abren a negociar y a buscar un "punto intermedio" con el Gobierno, éste cumplirá su amenaza, reformará la ley y romperá el equilibrio de bloques que ha imperado históricamente en la cúpula judicial. Los populares reproducen los recelos que se han instalado en la judicatura, y temen que si Feijóo no busca el acuerdo y permite a Sánchez blandir la vía unilateral con apoyo de sus socios, la situación a largo plazo será aún peor.

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Como publicó El Confidencial, la intención de Sánchez de laminar las facultades del CGPJ levantó grandes suspicacias entre los jueces. En su anuncio, el presidente del Gobierno no explicó la letra pequeña de su prometida reforma ni de qué forma pasarían a designarse los nuevos vocales del órgano en sustitución del sistema actual. Habló de una fórmula "más objetiva, transparente y no politizada", pero no dio más detalles.

La desconfianza en la judicatura es máxima, sobre todo después de que el Gobierno amagase en su día con rebajar las mayorías parlamentarias para esquivar al PP y renovar el CGPJ sin él; o reformase la ley para prohibir al actual Consejo la posibilidad de hacer nombramientos. A todo ello se suma la presión que han ejercido los jueces para forzar a que los dos grandes partidos consigan encontrar una solución a la situación crítica en la que se encuentra el Poder Judicial. El bloqueo del CGPJ, que ya dura más de cinco años, ha provocado una situación especialmente insostenible en el Tribunal Supremo, donde están pendientes decenas de designaciones.

El PP no es indiferente al hartazgo de la judicatura. Más bien todo lo contrario. Y por eso prefiere tener voz y voto en la renovación de la cúpula judicial a dejar que Sánchez maniobre por su cuenta. A ello se suma otro importante aliciente: la existencia de un marco temporal idóneo para intentar cerrar un acuerdo realmente incómodo para Feijóo por las dudas que provoca dentro de sus propias filas. Existe una importante corriente interna, en la que se encuentra Isabel Díaz Ayuso, que rechaza de forma frontal el pacto por temor a un nuevo "engaño" por parte del Ejecutivo. "Nos va la democracia en este juego", alertó la propia presidenta madrileña la semana pasada.

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La tensión electoral de los últimos meses ha desaparecido. La única amenaza a la vista es una posible repetición electoral en Cataluña —no se celebrarían hasta octubre—, para la que quedan meses y en la que, además, es el PSOE quien tiene más que perder. A todo ello hay que sumar la reducida intensidad mediática por el arranque del período estival, y la posibilidad de vender un acuerdo sin que provoque un gran impacto en la opinión pública.

Con todo, Feijóo necesita que sus condiciones sobre la despolitización de los jueces, al menos en parte, queden plasmadas en un papel para poder construir un "relato" político en torno al acuerdo. Aunque hubo momentos en los que endureció sus requisitos, el líder del PP siempre ha estado abierto a renovar la cúpula en funciones del CGPJ con el sistema actual, pero solo si se tramitaba en paralelo una reforma del modelo de elección para que al menos la mitad de los futuros vocales sean elegidos por los propios jueces. Ahora solo habla de "garantías" en términos de despolitización, a la espera de que la Comisión Europea incline también la balanza hacia una u otra fórmula.

En la dirección del PP admiten haber suavizado su posición para lanzar un "guiño" al Ejecutivo, y dejan la pelota en el tejado de Sánchez para que abandone su ultimátum y traslade un nuevo planteamiento que permita acercar posturas. Ambas partes están pendientes de que se produzca una nueva reunión formal con el comisario de Justicia, Didier Reynders, pero el hilo de comunicación entre PP y PSOE, con Esteban González Pons y Félix Bolaños como interlocutores, continúa abierto. Las bases del hipotético acuerdo ya se sentaron en el fallido intento de otoño de 2022. Solo habría que pulir los últimos detalles. La incógnita que queda por resolver es si la predisposición de Génova será suficiente o si, una vez más, terminará saltando todo por los aires.