PSOE y PP mandan señales sobre un acuerdo inminente para desbloquear el CGPJ

Toda prevención es poca ante la posibilidad de un acuerdo entre el PSOE y el PP sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), anquilosada desde hace más de cinco años y con un amplio historial de negociaciones frustradas en el último minuto. Como les sucede a los escépticos, ver para creer. Pero ayer los astros se alinearon para apuntar en una única dirección: el pacto parece inminente.

Tanto Ferraz como Génova lanzaron señales claras de que las conversaciones están más que encarriladas y que, esta vez sí, habrá entendimiento. Y no parece una exhibición infundada, ya que la misma sensación de que los dos grandes partidos van a alcanzar un consenso recorre también el mundo judicial. Aún desde la prudencia y según las fuentes consultadas por este diario, en la judicatura se da por hecho el acuerdo.

Las presiones de los jueces a los dos grandes partidos, pero sobre todo al PP, para que firmen de una vez por todas la renovación del CGPJ alcanzó este lunes su cota más alta después de que el propio Tribunal Supremo se descolgara con la exigencia pública de desbloqueo, un gesto que podría decantar la resolución. Justo en el momento en que PSOE y PP se encuentran más cerca del acuerdo, hasta 33 magistrados de la Sala de Gobierno del mencionado órgano elevaron la presión sobre los dos grandes partidos porque "el perjuicio causado es enorme" y se "incumple manifiestamente" la Constitución y la ley del Poder Judicial.

Con todos los actores implicados remando a favor, los indicios de que el acuerdo está maduro son explícitos. De confirmarse, se abriría un punto de inflexión en la pésima relación entre el Gobierno y el PP. Hasta ahora, la desconfianza y la bronca continua ha superado incluso la evidente importancia de renovar el órgano de los jueces y poner fin a un lustro de excepcionalidad.

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El pacto significaría que hay margen para el entendimiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y también abriría la puerta a cubrir las vacantes en otras instituciones. La más relevante, la cúpula del Banco de España, donde tradicionalmente el Ejecutivo nombra al gobernador y la oposición al subgobernador. Pero también, el consejo de RTVE, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y LA Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Un regreso a las reglas del bipartidismo, sin ambages.

El Gobierno quiere una negociación general para actualizar de golpe el Poder Judicial y los citados órganos. Pero no es un plan que guste en Génova. Como publicó El Confidencial, Génova no quiere pactar un paquete global y circunscribe las conversaciones de forma exclusiva a la renovación del CGPJ. Fuentes del PP admiten, no obstante, que lograr un acuerdo en materia judicial es la partida más complicada. Y que si eso se consigue, será "mucho más fácil" llegar a un acuerdo para el resto de organismos. En realidad la postura de la Moncloa no es muy distinta con la salvedad de que sin un nuevo CGPJ no se abren a pactar nada en las demás instituciones.

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En la cúpula del PP confirman que el hilo de comunicación con el PSOE continúa abierto, y que la posibilidad de que las conversaciones culminen con éxito es hoy más fuerte que nunca. Génova se esfuerza por encuadrar la negociación en la más absoluta discreción para evitar que las presiones externas e internas contaminen el pacto. "Nunca hay que hablar de más", inciden fuentes del entorno de Feijóo.

El líder del PP está dispuesto a cerrar el capítulo de la renovación del CGPJ pese a las fuertes reticencias internas, pero necesita que se recojan sus condiciones sobre la "despolitización" de la justicia para poder vender el "relato" de que el acuerdo camina en su dirección. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, recuperó este lunes la condición de que el pacto incluya una reforma del sistema para que "los jueces elijan a los jueces". En el partido están dispuestos a explorar una fórmula intermedia que ya se planteó en 2022 durante el último intento de renovación: que sean los futuros vocales del Consejo quienes redacten el nuevo modelo de elección en un plazo tasado por PP y PSOE.

Génova ha abandonado por completo sus reticencias previas a llegar a un acuerdo con el PSOE. Más allá del fin del ciclo electoral, uno de los motivos que ha inspirado ese cambio de postura han sido precisamente las demandas de la judicatura. El PP no es indiferente a los temores que recorren a los jueces por la posibilidad de que Sánchez maniobre de forma unilateral con el Poder Judicial si Feijóo no se abre a un acuerdo, y que la situación a largo plazo sea aún peor. Y también afecta el propio deterioro de la Justicia, ya que el CGPJ no puede cubrir puestos clave desde que el Gobierno cambió la ley para impedir los nombramientos con el mandato caducado.

Aunque todos los indicios apuntan a que el acuerdo es inminente, la dirección del PP evita hablar de plazos. Hay que recordar que el ultimátum de Sánchez para renovar el CGPJ expira esta misma semana. Algunas voces de los populares instan a no anunciar el acuerdo antes de que arranque julio para evitar regalar al PSOE el relato de que el PP se ha plegado a la "amenaza" del presidente del Gobierno. Pero la última palabra la tiene Feijóo. "Los plazos de Sánchez no nos vinculan. Pasado el ciclo electoral, cualquier momento es bueno si el acuerdo también lo es", reiteran fuentes cercanas al líder popular.

En Ferraz no le dan ninguna importancia a que el pacto se anuncie o no esta semana, dentro del plazo establecido por el jefe del Ejecutivo. Lo que Sánchez hizo fue espolear la apertura de nuevas conversaciones, pero ayer la dirección socialista no se mostró exigente con el plazo. Fuentes del partido sí reconocieron que "esperamos no llegar a agotarlo". No obstante, todo el discurso público del PSOE ayer fue para favorecer el entendimiento con los populares.

Mostraron su "confianza" en la renovación" y se impusieron "discreción" para que los "contactos de los últimos días" fructifiquen. Una prevención que también han tenido los interlocutores, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Política Institucional del PP, Esteban González Pons. Herederos ambos de una forma de comprender la política, que ahora parece desterrada, de diálogo y búsqueda de consenso con el adversario, sobre todo en los temas de Estado.

A la espera de que se comunique el acuerdo y sus términos, parece haberse quedado en el camino la mediación de Bruselas. El propio comisario de Justicia, Didier Reynders, que participó estos meses en varias reuniones entre Bolaños y González Pons, se encuentra de excedencia porque opta a presidir el Consejo de Europa, pero se reincorpora a su puesto dentro de dos días. En cualquier caso, la Comisión exigió a los dos partidos que aceleraran ellos antes el pacto.