Cinco años y varias dimisiones: el tortuoso camino al pacto del poder judicial

Si algo han enseñado los más de cinco años transcurridos desde que se iniciaron los contactos entre el Gobierno y el PP para renovar el poder judicial es que, para que los pactos políticos vuelen por los aires, solo hace falta una chispa. El éxito definitivo de la negociación sobre el Consejo General del Poder Judicial ha requerido de una dimisión, el amago de otras, un cambio en el liderazgo del PP, cuatro ministros de Justicia y la experiencia acumulada en varios fracasos anteriores. Un camino lleno de obstáculos e intentonas fallidas que al fin ha quedado despejado. La intervención de la UE y la evidencia de que la situación era ya insostenible han conseguido que se dé el empujón definitivo.

La última de las ocasiones en las que se rozó el acuerdo fue en octubre de 2022. Alberto Núñez Feijóo acababa de tomar los mandos del Partido Popular y se mostraba dispuesto a tratar de remediar una anomalía que ya por entonces era más que evidente. Todo parecía encarrilado, el pacto se veía inminente. Pero Cataluña activó esa chispa que arrasó por entonces con todas las buenas intenciones. El Partido Popular paralizaba las negociaciones por la intención del Gobierno -después ejecutada- de reformar el Código Penal y eliminar las penas del delito de sedición y aligerar la malversación en un guiño a Esquerra.

Febrero de 2021. Algo más de un año antes. Otro acuerdo casi cerrado reventó entonces a consecuencia de las exigencias de Podemos. Al borde de anunciar la fumata blanca, el partido morado introdujo de nuevo el nombre del magistrado José Ricardo de Prada como condición para que saliera adelante y pidió vetar a alguno de los indispensables de los 'populares' si se le dejaba fuera. Esa fue, entonces, la chispa que sirvió para dar al traste con los avances. Todo se paralizó de nuevo.

En las dos ocasiones anteriores también hubo chispas. En el verano de 2020, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegaron a mantener contactos telefónicos para desatascar la situación. De nuevo se veía cerca. El motivo del parón fue, entonces, la salida de España del rey emérito Juan Carlos I y las críticas a la monarquía que su marcha produjo desde, otra vez, Podemos. El entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, llegó a pedir la abolición del sistema y al PP le resultó intolerable escenificar un acuerdo con el Ejecutivo en esas circunstancias.

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La chispa más sonada se produjo en el primero de los intentos. Era 2018 y el Consejo, por entonces, acababa de finalizar sus cinco años de mandato y entraba en funciones. El acuerdo no fue entonces un intento. Se cerró hasta tal punto que los juristas escogidos por el PP y el PSOE llegaron a comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso. Mientras tanto, desde el Gobierno se anunciaba que ambas partes habían escogido al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, como candidato de consenso para la presidencia.

En un contexto de enorme exposición pública, el periódico 'El Español' difundió mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en un grupo de WhatsApp con compañeros de partido celebrando el "esperanzador" reparto para la formación del CGPJ. Explicaba que el PP lograba nueve vocales en el CGPJ más la presidencia del Consejo, frente a los 11 del PSOE, y "además controlando la Sala Segunda desde detrás". Marchena defendió entonces su independencia y se retiró como candidato.

La dimisión y el amago

Todos estos vaivenes incluyeron dimisiones sonadas. La mayor de ellas, la decisión del presidente del Consejo de marcharse. El gesto de Carlos Lesmes pareció servir de revulsivo durante unas semanas, pero el incendio se volvió a llevar todo por delante. Tras él, vinieron dos presidencias en funciones en el órgano: la de Rafael Mozo y Vicente Guilarte. Este último amagó hace semanas con irse si esta ocasión, la buena, la definitiva, volvía a frustrarse. No le hará falta.

Durante todo este tiempo, casi desde el inicio, el ahora ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el elemento fundamental en el pulso permanente que nunca acababa de ganar nadie. Podrá ponerse como medalla que lo logró después de dar un paso al frente y asumir uno de los departamentos más sensibles del Ejecutivo.

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El pacto también acabará con la situación desesperada que vive desde hace meses el Supremo a consecuencia de la reforma legislativa por la que se prohibió al órgano realizar nombramientos. En una dura carta, 33 magistrados del alto tribunal lo dejaban claro hace solo unas horas. Las asociaciones de jueces, de todos los colores, también clamaban por el acuerdo. Nadie veía posible alargar más la anómala situación y seguir desangrando al TS.

El nuevo CGPJ tendrá la prioridad urgente de designar a los sustitutos que deben ocupar las decenas de vacantes dejadas en estos meses tanto en el TS como en los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.