La renovación del CGPJ desencadenará un alud de nombramientos para los altos tribunales

La historia interminable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llega a su fin. Más de cinco años después de que venciera su mandato, el PP y el PSOE han llegado a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces y desbloquear una situación que amenazaba con llevar a la cúpula judicial al colapso. Los nuevos vocales tomarán posesión en las próximas semanas y tendrán que realizar en torno a 90 nombramientos para los puestos más importantes de la judicatura.

Este acuerdo implicará un cambio radical en el Tribunal Supremo. Con una plantilla de 79 magistrados, el tribunal podrá cubrir las 25 vacantes que acumula. Su falta de efectivos resultaba insostenible en la Sala de lo Contencioso Administro y en la de lo Social, pero los nuevos nombramientos también cambiarán la composición de otras dos salas: la del 61 y la de Gobierno. Ambas resultan fundamentales.

La Sala del 61 es la encargada de resolver los conflictos de competencia entre los juzgados y los intentos por apartar a algunos de sus magistrados de las deliberaciones. También lleva las riendas de la instrucción y enjuiciamiento de causas que afecten a los presidentes de Sala o a la mayoría de jueces de una en concreto, así como del conocimiento de un posible error judicial por parte del tribunal.

La del 61 está formada por el presidente del Supremo, los cinco presidentes de Sala y los magistrados más antiguo y más reciente de cada una de ellas. Entre los puestos pendientes de nombramiento, destacan los seis primeros, con excepción de la presidencia de lo Penal, que dirigirá el magistrado Manuel Marchena hasta el próximo noviembre. Además, la renovación del CGPJ conllevará la entrada de los últimos cinco magistrados en llegar al Supremo.

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Esta cascada de nombramientos afectará a su vez a la Sala de Gobierno del Supremo, entre cuyas competencias se encuentra, por ejemplo, la de aprobar las normas de reparto de los asuntos que entren. El presidente del Supremo, los presidentes de Sala y cinco magistrados elegidos por sus compañeros del alto tribunal componen la misma.

De la Audiencia Nacional a los TSJ

El bloqueo en los puestos más relevantes de la judicatura se remonta a marzo de 2021, cuando el PSOE y Unidas Podemos sacaron adelante una reforma que impide al órgano realizar nombramientos para los más altos puestos mientras se encuentre en funciones. El Gobierno justificó esta medida como un aliciente para renovar el CGPJ, pero no ha sido hasta tres años después cuando finalmente se ha cerrado el pacto.

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Más allá del Supremo, también está pendiente de nombramiento la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que quedó vacante tras la marcha de la magistrada Concepción Espejel al Tribunal Constitucional en 2021. El magistrado Alfonso Guevara ocupa la presidencia en funciones desde entonces, pero la elección del sustituto definitivo para un tribunal que dirime los delitos de terrorismo o las macrocausas de corrupción política, entre otras cuestiones, depende del CGPJ.

El bloqueo afecta a su vez los más altos puestos de los tribunales superiores de justicia de las comunidades y a las audiencias provinciales. En el primer caso, hay 36 nombramientos pendientes, mientras que en el segundo hay otros 25.