Fuera De Prada y Rosell: así se fraguó el acuerdo sin los nombres más polémicos

Era algo prácticamente imposible. Nadie daba un duro por una solución. Y, sin embargo, contra todo pronóstico, pese a los ultimátums, las presiones de algunos sectores del PP y la desconfianza mutua y declarada, el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial salió adelante este martes. Detrás del pacto -toda una gesta- hubo sangre, sudor y lágrimas y una durísima negociación. Cesiones por ambas partes, pero más por la socialista, que aceptó muchas líneas rojas en pro de un punto y final que, al menos sobre el papel, parece dejar las cosas encarriladas para la despolitización futura del órgano de gobierno de los jueces. Es necesario recalcar ese sobre el papel. Los compromisos con la reforma del sistema de elección son más endebles de lo que habría deseado Génova y dejan en el aire el llevar hasta el final una modificación ambiciosa del proceso.

La clave de la solución final ha sido la de aparcar aquello que escocía. Nombres polémicos presentes en todas y cada una de las anteriores intentonas desaparecieron en esta ocasión en pro de perfiles más técnicos, muchos de ellos prácticamente desconocidos. Los jueces estrella o aquellos que han pisado la moqueta política han desaparecido del listado de 20 vocales que apoyarán el PP y el PSOE en el Congreso y el Senado. Ni siquiera en los juristas, un campo más proclive a perfiles más sesgados, aparecen identidades que chirríen en exceso. Aparece, eso sí, Argelia Queralt, hija del senador de ERC Joan Queralt que, pese a todo, siempre ha marcado distancias con el independentismo. Feijóo ha aprovechado para introducir a una persona de su total confianza, procedente de Galicia, el presidente del Consello Consultivo, José Luis Costa.

Ni José Ricardo de Prada, ni Vicky Rosell, ni intervención en el acuerdo de Sumar o de los partidos nacionalistas. La negociación se introdujo en una burbuja en la que todos, salvo los populares y socialistas, quedaron fuera. Los negociadores eran conscientes de que el ruido no convenía y que debían entrar en un mano a mano sin interferencias ni voces. La palabra más repetida tras el anuncio del acuerdo tanto por unos como por los otros fue "independencia". La satisfacción era tanta que hasta González Pons, el fontanero del pacto por el PP, se atrevió a parafrasear a Humphrey Bogart en 'Casablanca' y apuntar que parecía el principio de una amistad.

Tanto ha apretado el PP que hasta ha puesto en riesgo los planes del PSOE para la presidencia. La idea de Pedro Sánchez siempre ha sido la de promocionar a una mujer para el puesto y acabar con la sucesión jamás rota de presidentes varones. Sin embargo, ni el presidente del Gobierno ni los grupos parlamentarios tendrán capacidad de proponer o elegir al presidente del Tribunal Supremo. Lo hará el Consejo por mayoría reforzada, que para esta decisión es de 12 vocales. Con este compromiso quedan en suspenso las posibilidades de la favorita para el puesto, la magistrada del Supremo Pilar Teso, y gana peso la opción del magistrado Pablo Lucas.

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Pese a la reiteración infinita del sustantivo independencia, el acuerdo flojea en un punto. La prometida reforma del sistema de elección para cambiarlo y dejarlo en el futuro en manos de los jueces es, de momento, más un suponer que una realidad. El Consejo entrante se encargará en un plazo de seis meses de aprobar un proyecto. Su implementación dependerá, no obstante, de la voluntad política de la etapa. A la vista está que es volátil como poco y que el PSOE sigue resistiéndose a esa modificación.

Una de las victorias que puede anotarse el PP es la eliminación de las bautizadas como puertas giratorias. No más casos como el de Dolores Delgado. Los vocales o fiscales generales del Estado no podrán venir de cargos políticos ocupados en un plazo de cinco años. A la inversa también hay cautelas. Los cargos que regresen a la judicatura tendrán limitaciones.

La mediación en Bruselas

Una de las claves es evidente: Bruselas. Todo el mundo admite que la institución ha arriesgado mucho aceptando la mediación. Se sabía desde el primer momento, cuando en enero la Comisión Europea dio luz verde a dirigir un "diálogo estructurado" entre el PP y el PSOE tras una reunión entre Sánchez y Feijóo. El belga Didier Reynders, comisario de Justicia, es un jugador. Bregado en mil batallas políticas de Bélgica, un país acostumbrado a las soluciones creativas, a las vueltas de tuerca y a la política de lo imposible para mantener el Estado unido, el político liberal fue clave en la decisión de asumir la mediación.

O triunfaba o se achicharraba. Si salía bien le podía ayudar en su ambición personal: convertirse en secretario general del Consejo de Europa, un órgano que no forma parte de la Unión Europea. Desde Génova y la Moncloa los mensajes eran positivos. El acuerdo estaba cerca, pero tanto el PP como el PSOE necesitaban que Bruselas ayudara a reducir el precio político de ponerse de acuerdo en un momento de mucha polarización. Tanto Reynders como su equipo se dieron rápidamente cuenta de que el acuerdo no estaba tan cerca como habían creído y que todo se podía torcer de un día para otro.

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Se celebraron tres reuniones. La tercera se realizó en Estrasburgo (Francia), el 12 de marzo, durante un Pleno del Parlamento Europeo. A Reynders se le acaba el tiempo: tiene que dejar su puesto a finales de mes porque su cargo como comisario y su carrera para ser secretario general del Consejo de Europa es incompatible y debe pedir una excedencia. Pero incluso aunque el calendario aprieta, el belga se muestra optimista tras el encuentro. Se fija una reunión para finales de mes, esta vez en Madrid. Todo el mundo en los pasillos de la ciudad alsaciana dan por hecho que si el encuentro se celebra en España es una señal de fumata blanca.

Jourová vs Reynders

Pero entonces, poco antes de que se celebrara la reunión, prevista para el 27 de marzo, el encuentro se cancela por petición de Génova. Empieza el ciclo electoral de vascas y catalanas. El acuerdo está prácticamente cerrado entonces, pero las conversaciones quedan congeladas. Reynders, que había retrasado su excedencia, también con la esperanza de cerrar la negociación del CGPJ, acaba abandonando su cartera, que asume la checa Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea.

En Bruselas hay tensión. Muchas de las personas implicadas consideran que les están mareando, que están jugando con ellos para sus cuestiones políticas internas y que han caído en una trampa. La paciencia empieza a agotarse.

Jourová no preside ningún encuentro tras las tres reuniones lideradas por Reynders. A mediados de junio, Sánchez lanza un ultimátum y todo se reactiva. González Pons pide a Jourová una reunión, pero desde Bruselas la señal es clara: la Comisión Europea pide propuestas concretas a las dos partes para cerrar un encuentro. La checa no es Reynders: ella no está acostumbrada al funambulismo de la política belga. Es mucho más directa y asertiva. No va a perder el tiempo con reuniones de horas con las que no se va a ningún lado.

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En los últimos días, se han hecho muchos movimientos, pero el acuerdo no se cierra hasta la misma mañana del martes 25 de junio. Bolaños y González Pons viajan a Bruselas y cierran el acuerdo para la renovación del CGPJ. El pacto, en realidad, es muy parecido a aquel que las dos partes tenían casi amarrado cuando en marzo las conversaciones entraron en barrena.

Mientras todos se felicitan, la desconfianza no ha desaparecido. Desde la judicatura, varias voces venían advirtiendo que el PSOE incumplirá el pacto. Ahora empieza un periodo de vigilancia mutua en la que recuperarse de esa suspicacia perpetua costará. Solo el trabajo diario y la andadura del Consejo demostrarán si los que no se fían tienen razón o están equivocados.