Gobierno y PP mantendrán su "guerra total" pese a intentar desbloquear el BdE, la CNMC y la CNMV

La espuma del acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se desvanecerá pronto. Durará lo justo para acordar la cúpula del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y otras cinco vacantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Porque, a pesar de la importancia del pacto judicial suscrito este martes, de su enorme alcance, ni el Gobierno ni el PP auguran una mejora sustancial de sus relaciones.

Moncloa y Génova continuarán como hasta ahora, igual de alejados. Al menos, esto es lo que desde ambos centros de poder insistían en defender ayer. No fuera a ser que alguien piense que el Ejecutivo y el PP puedan tener una interlocución normalizada. O que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, afiancen una comunicación fluida. Las espadas siguen en alto. Y la posición, según fuentes de las dos formaciones no varía: "Guerra total".

Pero ninguna de las partes niega que el acuerdo abre un camino lo suficientemente ancho para que después del CGPJ se repartan los nombramientos del Banco de España. Que el Ejecutivo designe al nuevo gobernador, el sustituto de Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato concluyó a principios de este mes, y al subgobernador, un puesto que, por deferencia, siempre se ha pactado con el principal partido de la oposición.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya ha verbalizado su voluntad de iniciar una negociación conjunta con el PP para renovar el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) —la etapa del actual presidente y la vicepresidenta expira en diciembre— y las plazas libres Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La intención del Ejecutivo es presentar su propuesta para gobernador del Banco de España en la primera quincena de julio y abordar a la vez el resto de vacantes.

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Moncloa no ha ocultado estas semanas que este ejercicio de equilibrio con el PP sólo se produciría si había un pacto previo para el CGPJ. El PP nunca ha querido vincularlo pero para el Gobierno era casi una condición necesaria antes de sentarse para afrontar los recambios en otras instituciones. "O nos ponemos de acuerdo en todas o en ninguna", reiteraban en las últimas horas desde el Ejecutivo. Ahora admiten que "sin duda" el consenso sobre el órgano de los jueces permite consensuar el resto.

Es la misma sensación que se respira en el PP. Génova se negó desde el principio a utilizar la renovación del CGPJ para articular un paquete global que permitiese actualizar los puestos pendientes, pero fuentes autorizadas del PP admiten la posibilidad de aprovechar este momento de "distensión" con el PSOE para llegar a nuevos consensos. "Conseguido lo mucho, es posible lo poco", reiteran en la cúpula nacional, donde insisten en que con "lo más difícil" hecho, en alusión al acuerdo judicial, el ambiente es propicio para cerrar todos los nombramientos que dependen del bipartidismo.

El Gobierno pretende aprovechar también las conversaciones con el PP para pactar los puestos pendientes en el consejo de administración de RTVE, cinco de sus miembros han concluido su mandato y además hay que cubrir la plaza del expresidente, José Manuel Pérez Tornero. Otra oportunidad para el entendimiento entre los dos grandes partidos, más allá de la ortodoxia de los organismos económicos, aunque los populares se muestran más reticentes sobre la televisión pública por el "ninguneo constante" al que aseguran que les ha sometido el PSOE en esta cuestión.

Todo apunta, y así lo confirman fuentes del PSOE y del PP, que el pacto del CGPJ no será el último. Pero ni el Ejecutivo ni Génova piensan concederse una tregua. Cuando el acuerdo entre el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Política Institucional, Esteban González Pons, ya se daba por descontado, con ambos volando a Bruselas para reunirse con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, en la Moncloa aún no ponían la mano en el fuego ante el historial de pactos frustrados a última hora con los populares, tanto con Pablo Casado como con Feijóo.

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La impresión del Gobierno es que al líder del PP no le ha quedado más remedio y que Feijóo ha cedido esta vez para "no privarse" de los nombramientos del CGPJ y por las "presiones" que ha recibido del Tribunal Supremo y del sector conservador de la judicatura. En Génova, de hecho, admiten esos movimientos coercitivos, pero se vanaglorian de un acuerdo en el que, a su juicio, han conseguido "mover" al PSOE y forzarle a aceptar "casi la totalidad" de las peticiones del PP en materia de independencia judicial.

Sánchez había amenazado con cambiar de manera unilateral la ley del Poder Judicial para arrebatar al órgano de los jueces la potestad de hacer nombramientos clave y de esta manera que el PP perdiera en el futuro cualquier influencia. Esto, según fuentes del Ejecutivo, es lo que ha forzado a que Feijóo se decidiera, junto al empuje de la propia órbita judicial por la acumulación de plazas que no habían podido ser cubiertas, desde que el Gobierno arrebató ya al CGPJ la bicoca de nombrar vacantes, cuando sus miembros se encontraran en funciones.

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Por eso consideran que nada más cambiará. Y que la guerra fría, proseguirá. Una sensación que también alimenta el PP y que el propio dirigente popular expuso ayer en una comparecencia en la que se reafirmó en su decisión de pactar con el PSOE pese a las "presiones", también internas. "Habrá gente que se preguntará por qué hemos pactado con Sánchez, y la respuesta es clara: porque sabemos distinguir entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado. Tanto la una como la otra se mantienen firmes", afirmó.

Génova y otros sectores del partido reiteran que el pacto judicial es un "compartimento estanco" que no afectará a su 'oposición dura' contra el Ejecutivo. Más allá de las obligaciones pendientes en algunos organismos, el acuerdo de este martes no abrirá una nueva etapa ni marcará un "punto de inflexión" en su relación con el Gobierno. La orden es obstaculizar su tarea legislativa hasta el punto de convertir la continuidad de Sánchez en insostenible. "Nada va a cambiar", reiteran.