PSOE y PP dejan fuera del CGPJ por primera vez a los nacionalistas y apartan a Sumar

Aunque el esqueleto del acuerdo entre PSOE y PP para desbloquear el CGPJ es similar al del intento fallido de octubre de 2022, hay novedades importantes en el contenido. Por primera vez en la historia, los partidos nacionalistas no tendrán representación en el órgano de los jueces, como sí ha ocurrido en otras ocasiones con la antigua CiU y el PNV. Tampoco se han tenido en cuenta posibles propuestas de magistrados procedentes de Sumar, el segundo partido de la coalición de Gobierno.

El bipartidismo desplegó un blindaje a prueba de balas para proteger el enésimo intento de negociación y evitar intoxicaciones externas para conseguir un pacto que, esta vez, llegó casi en tiempo récord. PSOE y PP acordaron, de hecho, un reparto equitativo de los 20 vocales que conformarán el nuevo Consejo, compuesto por perfiles planos alejados de forma general de polémicas partidistas. Y en esa distribución no se ha reservado ni un asiento a los partidos nacionalistas, a pesar de que tradicionalmente las dos grandes fuerzas habían dejado un hueco a la antigua CiU o al PNV.

Hay que recordar que en la pasada legislatura, el Gobierno llevó a la mesa de negociación con el PP la propuesta de Podemos para introducir a dos vocales propuestos por la formación morada. La condición de incluir a la magistrada Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, contribuyó a hacer descarrilar el acuerdo por la oposición frontal del PP. En esta ocasión, sin embargo, no ha habido tiempo para vetos cruzados. Los nombres no han sido un escollo para los equipos negociadores, que sí se habían atascado en los requisitos para la renovación.

Esta circunstancia amenaza con dañar aún más la frágil relación de Sánchez con sus socios parlamentarios, sobre todo en un momento en el que el Gobierno necesita arañar hasta el último voto para mantener la legislatura a flote. Fuentes de Génova, de hecho, celebran que, a su juicio, el acuerdo no sólo implica "marcar un gol" al PSOE, sino que también haya servido para acentuar la "debilidad" del jefe del Ejecutivo con sus aliados habituales. "Agradecemos a la Comisión Europea su ayuda para lograr que un Gobierno habituado a ceder ante Podemos, Sumar, ERC, Bildu, BNG, PNV y Junts, lo haga ahora también ante las peticiones más que razonables del Partido Popular", reiteran en el entorno de Feijóo.

TE PUEDE INTERESAR

La renovación del CGPJ desencadenará un alud de nombramientos para los altos tribunales

Pablo Gabilondo

Sumar no entró en la crítica al PSOE tras rubricar el histórico acuerdo con el PP. Aunque sí quiso asomar la cabeza y visibilizar que, de algún modo, habían contribuido al acuerdo. Con todo, los magentas no han participado de esta negociación como partido, como constató la propia Yolanda Díaz al afirmar este martes que las conversaciones estaban en manos del ministro de Justicia.

"Conocemos el alcance y el contenido de cada uno de los puntos", insistió la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que garantizó que el bloque de 10 representantes progresistas se había negociado con el PSOE, aunque de forma proporcional a la representación que cada socio de la coalición tiene en el Congreso de los Diputados. Cómo se materializó esa participación la desveló poco después el diputado de Sumar Enrique Santiago, que aseguró en los pasillos de la Cámara Baja que su partido había dado "criterios a la hora de proponer vocales".

Podemos, ERC, PNV y Junts estallan

El enfado, sin embargo, fue mayúsculo entre el resto de socios del Ejecutivo. El anuncio del acuerdo en Bruselas destapó una tormenta de críticas que inauguró Podemos, que cuenta con cuatro diputados en la Cámara Baja. Los morados ya habían amagado con retirar su apoyo al Ejecutivo si consumaba la "restauración del bipartidismo", aunque, al menos de momento, esa amenaza no ha ido a más.

Tanto Ione Belarra como Irene Montero, acusaron al PSOE de elegir al PP como "el principal socio de Gobierno". "Es un gran error", zanjó la exministra de Igualdad y eurodiputada recién electa en redes sociales, un mensaje que también supone un dardo a sus antiguos socios de Sumar. Los morados pusieron el foco en la actitud del PSOE al pactar con los populares, un partido al que, como recordó Belarra, Pedro Sánchez encuadró en el lawfare en una reciente entrevista en televisión. "El PSOE se ha rendido al PP y a la guerra sucia judicial y mediática", reiteró.

Los socios nacionalistas del PSOE tampoco suavizaron el vendaval de críticas. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, afeó a Sánchez que para "intentar parar la máquina del fango y la guerra judicial" haya optado por pactar con el PP. Eso no significa que los republicanos vayan a dejar caer al Ejecutivo que lidera el socialista, aunque Rufián advirtió también que el PSOE "anuncia un nuevo socio" con su acuerdo con los populares. "Podemos dar la bienvenida a la gran coalición, que es lo que ha pactado Félix Bolaños", apuntó.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, criticó también la falta de comunicación del Gobierno en estas negociaciones, y censuró de forma velada que no haya un representante de los jeltzales en el nuevo órgano de gobierno de los jueces. "Con nosotros no ha hablado nadie", lamentó. EH Bildu, por su parte, advirtió que el reparto de puestos entre PSOE y PP "puede perpetuar la politización de la Justicia" por el riesgo de nuevas situaciones de bloqueo por parte de la derecha. Junts, por su parte, cuestionó que el "plan de regeneración democrática" prometido por Sánchez se haya quedado en un mero "reparto" de jueces con el PP.

Fueron las primeras reacciones al histórico acuerdo que pone fin a la interinidad del CGPJ más de cinco años después, y que incluye puntos como la prohibición de las "puertas giratorias" para evitar que ministros accedan a la Fiscalía General del Estado; o la prohibición de que el Gobierno pueda señalar al presidente del Supremo, además de reforzar las mayorías dentro del CGPJ para realizar nombramientos. Ninguna de estas fuerzas han comprometido su apoyo a la renovación del CGPJ, que se votará en el Congreso a mediados de julio. Pero no los necesitan. Los nombramientos necesitan una mayoría de tres quintos en Congreso y Senado, que suman en conjunto PSOE y PP.