La titánica tarea de pactar para nombrar cien cargos: primero, las vacantes del Supremo

El trabajo se le acumula para un Consejo General del Poder Judicial que aún ni siquiera ha nacido. Tras el pacto hecho público este martes por el Gobierno y el PP, empieza ahora un mes en el que se impulsará una de las reformas estrella -la que impide las puertas giratorias de la política y la justicia- acordadas. En estas próximas semanas los vocales seleccionados serán nombrados por las cámaras con la mayoría de ambas formaciones. Una vez suceda todo eso empezará la verdadera labor del órgano ya constituido. A las puertas de agosto, el CGPJ recién nacido asumirá el reto de nombrar casi 100 cargos pendientes. Un encaje de bolillos que requerirá el entendimiento mutuo y un trabajo de meses. La intención es la de comenzar con el Tribunal Supremo, con 27 vacantes, la institución más afectada y necesitada de soluciones de urgencia.

Los nuevos vocales son conscientes de que la empresa es "titánica" y de que el alto tribunal es una prioridad. Pese a la urgencia evidente que implica el agujero en el TS, la obligación de que cada candidato cuente con el apoyo de una mayoría reforzada de tres quintos no imprime precisamente velocidad a los acuerdos. La exigencia se impuso "en busca de equilibrio" e implica, en un reparto por bloques 10 a 10, con dudas aún sobre el presidente, una negociación plaza a plaza para cada uno de los puestos. Un pulso tras otro hasta llegar a los 100.

Los cálculos más optimistas apuestan a que las plazas vacías del TS queden solventadas durante este 2024. Todo el último trimestre del año se dedicará a la tramitación de esas designaciones. Los candidatos deberán cumplir los requisitos exigidos para cada cargo judicial. Hasta en esto hay novedades. El nuevo texto, que ya ha sido registrado para su aprobación en tres plenos sucesivos de julio, implica una reforma de la Ley del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto del Ministerio Fiscal. Incrementa de 15 a 20 años la antigüedad obligatoria en la carrera judicial para los candidatos que aspiren a ser nombrados magistrados del Supremo.

Más allá de las negociaciones para cada plaza, los aspirantes deben reunir los necesarios criterios de mérito y capacidad profesional y superar el proceso de selección establecido en el Consejo. Para asegurar la aplicación de los principios de transparencia, se aprobó hace años un reglamento que introduce un régimen de entrevistas públicas. Es decir, para cada uno de los puestos todos los candidatos pasan por este trámite y, tras él, los vocales eligen terna y acaban votando al ganador.

Así las cosas, el nuevo Consejo se da al menos tres meses para cubrir el Supremo. En el alto tribunal hay 25 plazas vacantes ahora mismo, pero acabarán siendo 27, ya que aún están pendientes en estos próximos meses dos jubilaciones más. La entrada de un tercio de la plantilla, de golpe, alterará sin duda alguna el funcionamiento del tribunal e incluso la forma en la que se falle. El TS es quien sienta jurisprudencia. O sea, los 20 jueces y juristas cuyas identidades trascendieron ayer tienen en sus manos, sin exageración, el futuro de la Justicia en España.

Se priorizará el Supremo al ser el más necesitado, pero, más allá, queda otra setentena de plazas más que seguirán el mismo patrón. Entrevistas, negociación, elección. Todo un goteo que se prolongará a lo largo de 2025. Por ejemplo, la Audiencia Nacional debe cubrir la presidencia de la Sala de lo Penal y también la de lo Social. Las audiencias provinciales suman 30 vacantes, los Tribunales Superiores, otras 40, y en la Jurisdicción Militar los huecos se acercan a la treintena.

¿Qué sucede ahora?

Parece que con el pacto anunciado ya está todo hecho, pero en las siguientes semanas se irán produciendo distintos trámites que alargarán el arranque efectivo de la actividad hasta finales de julio. El Congreso y el Senado se reparten la elección al 50%. La cámara alta votará a seis jueces y cuatro juristas de reconocido prestigio y lo mismo hará la baja.

Antes se producen una serie de comprobaciones. Tanto el Senado como el Congreso deben verificar que los 12 candidatos jueces cumplen con los requisitos exigidos. Los juristas, por su parte, suelen ser convocados a una comparecencia en la que se les examina. Al final del camino, 210 diputados y 159 senadores deben votar si para que el nombramiento prospere.

Opinión

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Acabada esta fase comenzará otro pulso. Esta vez por el presidente, que no solo lo es del Consejo sino también del Tribunal Supremo. Eso sucede en la primera reunión del Consejo ya constituido. Los vocales examinan las candidaturas y, para que una de ellas prospere, deberá recabar 12 apoyos. Otra vez se impone, por tanto, la negociación y el pacto.

Fuentes jurídicas consultadas ponen el acento en el talante de los perfiles escogidos. Ninguno de los candidatos parece frentista. Tanto los jueces como los juristas están dispuestos a trabajar de forma conjunta con el convencimiento de que el diálogo de todos será no solo una constante. También una necesidad.