La Fiscalía pide amnistiar al grupo radicalizado de CDR acusado de terrorismo
El Ministerio Público, que reclamaba penas de entre 8 y 27 años de prisión para ellos, se ha adherido ahora a las tesis de las defensas durante una vista de previo pronunciamiento
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La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, ha reclamado este jueves la amnistía para los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por presunta pertenencia a organización terrorista. El Ministerio Público, que reclamaba penas de entre 8 y 27 años de prisión para ellos, se ha adherido ahora a las tesis de las defensas durante la vista de previo pronunciamiento que se ha celebrado este jueves y que se ha convertido en el primer paso para que los doce investigados puedan optar al perdón. La decisión final dependerá, eso sí, del tribunal.
Durántez ha defendido que el daño que planeaba provocar el grupo no puede calcularse. Ha asegurado que no se puede "partir de suposiciones y del potencial daño que se podría haber causado" con sus acciones "sino de certezas". "Y esta es que ninguna lesión a los derechos invocados como exclusiones en la ley de amnistía se produjeron", ha agregado. Lo ha hecho en sustitución del fiscal asignado en origen, Vicente González Mota, cuyo criterio era contrario al perdón. El Ministerio Público ha justificado la sustitución "por un tema organizativo interno valorado por la jefatura como lo procedente".
Las defensas han reclamado, a una, el perdón. De un modo coordinado, han expresado que la ley encaja en la gracia para los procesados y que la plena aplicación es "evidente" y no operan las exclusiones de la norma que, entre otras cosas, prohíbe amnistiar este delito cuando se incurra en graves violaciones de Derechos Humanos. Algunos de los abogados han defendido que muchas de las acciones de este grupo de hecho suponían un ejercicio de la libertad de expresión o manifestación.
Según ha explicado el departamento en una nota de prensa aclaratoria, los Derechos Humanos a los que se refiere la ley son la vida, la integridad física y psíquica y la integridad moral. "Ninguno de los hechos objeto de acusación se incardinan en los citados supuestos excluidos de la norma, que no admite otra interpretación que la gramatical, dado que la misma no ofrece duda y en conjunción con la finalidad perseguida por el legislador".
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Fue en noviembre de 2023 cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la conclusión de sumario acordada por el juez instructor Manuel García Castellón y abrió juicio oral contra los 12 miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por presunta pertenencia a organización terrorista. Los magistrados de la Sección Tercera avalaban así la decisión adoptada el pasado octubre de 2023 por García Castellón contra los presuntos miembros de un núcleo radical de los CDR que estaban dispuestos a usar la violencia para conseguir la independencia de Cataluña.
La Fiscalía pidió sentar en el banquillo a Eduard Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado por presuntos delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa. Respecto a los demás procesados, el Ministerio Fiscal señaló a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero únicamente por el delito de pertenencia a organización terrorista.
La violencia en su máxima expresión
El Ministerio Público consideraba al grupo como una organización dirigida a "conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando de modo coercitivo las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España". El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo relaciona a este núcleo extremista con la organización en su más amplia denominación, los propios comités de defensa de la república. Así, indica que el movimiento nacido de la defensa del referéndum del 1 de octubre de 2017 y evolucionado hacia iniciativas de apoyo a la independencia se desgajó en núcleos compuestos por una pluralidad de personas que tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada. El que conformaban los arrestados se radicalizó.
"La intención general se manifiesta en los CDR a través del rechazo a seguir los cauces legalmente establecidos por el Estado de derecho para las reivindicaciones políticas y sociales, y la apelación directa a la desobediencia y a la ejecución de acciones de características habitualmente tumultuarias que pretenden imponer una realidad de hechos consumados mediante la toma de control del territorio y la afectación de sectores estratégicos económicos y de abastecimiento", defendía.
La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, ha reclamado este jueves la amnistía para los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por presunta pertenencia a organización terrorista. El Ministerio Público, que reclamaba penas de entre 8 y 27 años de prisión para ellos, se ha adherido ahora a las tesis de las defensas durante la vista de previo pronunciamiento que se ha celebrado este jueves y que se ha convertido en el primer paso para que los doce investigados puedan optar al perdón. La decisión final dependerá, eso sí, del tribunal.