El PP ignora la amenaza de Vox y apoya el reparto de 'menas' si van también a Cataluña

El PP afronta el debate sobre la reforma de la ley de Extranjería como un soldado en un campo de minas. El colapso migratorio de Canarias alumbró un inédito acuerdo entre el Ejecutivo de las islas y el Gobierno central para intentar regular la 'solidaridad' del resto de comunidades autónomas y obligar por ley a repartir a menores inmigrantes por todo el territorio nacional. Además de Canarias, Ceuta y Melilla se adhieren al pacto y entrarían dentro del manto de la norma para evitar la concentración desigual de la inmigración en España, lo que se traduce en un colapso asistencial o en falta de recursos para tutelar especialmente a los llamados menas, las siglas de menor extranjero no acompañado.

El asunto amenazaba desde el principio con poner en apuros a Feijóo. El PP gobierna en Ceuta y Melilla, y cogobierna en Canarias con Fernando Clavijo (Coalición Canaria), precursor de una iniciativa que, en paralelo, genera recelos en otras comunidades autónomas controladas por los azules. La complicada aritmética parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez y el paso atrás verbalizado por Junts deja toda la presión en el tejado de Génova, que deberá decidir si tumba la medida o permite que salga adelante en el Congreso. Génova no tendrá mucho tiempo para tomar una decisión. Salvo sorpresa, el debate llegará a la Cámara Baja en el mes de julio.

Clavijo se niega a imponer al resto de regiones una norma que debería partir del "consenso" entre territorios y, tal y como desveló días atrás durante una visita a Madrid junto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, impulsará primero una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará esta semana o a principios de la siguiente en Canarias. La idea es recoger las propuestas e inquietudes de las distintas comunidades autónomas para alumbrar el texto definitivo que se votará en las Cortes, y garantizarse así el éxito de la propuesta.

Aunque deslizan una crítica ácida contra el Ejecutivo por el "desastre" de su política migratoria, fuentes de Génova aseguran ser proclives a la propuesta por una cuestión de "solidaridad" y de priorizar "el interés de los menores" a cualquier otra cuestión partidista. Eso sí, advierten que no apoyarán la medida sin una serie de condiciones que está consensuando con sus comunidades autónomas. La interlocutora nacional es la vicesecretaria de Igualdad y Conciliación, Ana Alós, que lleva "semanas" tratando el asunto con los consejeros del ramo de sus regiones para intentar trazar una hoja de ruta común.

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Génova anticipa así otro choque frontal con Vox. En la dirección puntualizan, de hecho, que el rechazo frontal de los de Abascal a la ley —fue el único grupo que trasladó a Clavijo y Torres que votaría en contra de la norma— no les vincula a la hora de tomar una decisión. El PP cogobierna o tiene alianzas parlamentarias con Vox en seis comunidades autónomas —Castilla y León, Murcia, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares—, y fuentes del entorno de Santiago Abascal ya avanzan que la inmigración es una "línea roja" que forma parte de sus acuerdos de coalición. Si se rebasa, advierten, las alianzas territoriales entrarán "en una situación crítica", sin descartar romper con el PP.

El propio Abascal ha reclamado este viernes a sus dirigentes autonómicos socios del PP que hagan "todo lo que esté en su mano" para "cumplir" los pactos en materia de inmigración, con la amenaza latente de un divorcio que deje en minoría a los barones populares. Esta es una práctica habitual de Vox desde que irrumpió en la política autonómica, como demostró en la pasada legislatura andaluza. Entonces era el socio imprescindible de Juanma Moreno para sacar adelante su agenda legislativa y en 2021 generó una crisis formidable cuando se produjo el asalto a la valla de Ceuta desde Marruecos.

Muchos de los inmigrantes que lograron entrar en la ciudad autónoma eran menores y la entonces consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz, de Ciudadanos, abrió las puertas a la acogida de esos 'menas', para enfado mayúsculo de Vox. El enfado quedó en nada y Vox se mantuvo como socio del Ejecutivo de Moreno hasta que empezaron a sonar los tambores electorales, cuando dejaron caer una importante ley y los presupuestos autonómicos en un intento por separarse del PP en los meses previos a las urnas. El resultado fue una mejora pírrica que no les sirvió para nada ante la mayoría absoluta popular.

Opinión

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"Si el reparto es equitativo e igualitario, no podemos no hacerlo", comentan en Génova, donde desoyen el órdago de su socio de Gobierno. Recuerdan en este punto que en las regiones donde cogobiernan con Vox ya se ha acogido a menores inmigrantes procedentes de los territorios más tensionados, y vinculan el movimiento de Abascal a un intento de sacar cabeza y buscar protagonismo. Vox ya amenazó con romper sus alianzas territoriales con el PP si Feijóo no frenaba con su mayoría absoluta en el Senado la tramitación de la ley de amnistía. Pero aquel ultimátum quedó en nada.

Pese a abrirse a un acuerdo, en la dirección nacional del PP también advierten que no darán su 'sí' a la ley si Cataluña no entra dentro del pacto. Y es un criterio relevante, porque la Generalitat ya ha trasladado al Gobierno un escrito para que se reconozca la singularidad de la región en materia migratoria y se la excluya del reparto forzoso de menores procedentes de otros territorios.

Los populares exigen además coordinación al Ejecutivo para dotar de una "financiación completa" a las comunidades autónomas o la declaración de la situación de emergencia en determinadas zonas para facilitar la llegada de recursos urgentes en los territorios más expuestos a esta problemática. En Génova consideran prioritario, además, consensuar la nueva reforma de la ley de Extranjería con la UE por la condición de España como frontera europea. Son criterios que, por norma general, comparten las regiones gobernadas por el PP.

La experiencia andaluza

La mayoría de territorios aseguran que esperarán a la reunión de la Conferencia Sectorial con el Ejecutivo antes de definir una postura, aunque regiones como Murcia o Castilla y León se abren ya a brindar su apoyo siempre y cuando se garantice una mayor dotación de recursos para las regiones o financiación asegurada hasta que los menores acogidos tengan 18 años. Lo mismo ocurre en Andalucía, una comunidad acostumbrada a la llegada de menores extranjeros no acompañados desde las costas marroquíes, aunque la situación actual dista mucho de la que había años atrás y, ahora mismo, la mayor parte de los niños y adolescentes que hay en sus recursos habitacionales han llegado en envíos desde Canarias.

"Coordinación, financiación y planificación", expresan desde la consejería andaluza de Inclusión Social, donde critican que el Gobierno central no hace una "verdadera política migratoria". La comunidad cuenta con 645 plazas para acoger a estos menores y ya tiene a 670, con el problema añadido de que 444 de los inmigrantes que llegaron desde el archipiélago lo hicieron como adultos y, al llegar, la Fiscalía determinó que eran menores. Si un inmigrante tiene menos de 18 años al llegar a España, la competencia es autonómica, lo que ha provocado un desborde imprevisto en Andalucía.

Este desembarco imprevisto ha costado 3,5 millones de euros a las arcas andaluzas sin apoyo del Estado. "El riesgo de colapso es real y se pone en riesgo todo el sistema de protección de menores.", alertan desde el departamento que lidera Loles López, donde recuerdan que los menores que Andalucía acoge desde Ceuta llegan gracias a un convenio que sí cuenta con financiación estatal. "Andalucía ha demostrado una y otra vez ser una comunidad solidaria", zanjan desde el Gobierno autonómico para demostrar su buena disposición a un acuerdo con el Ejecutivo de coalición. Pero con la condición de que se haga de manera coordinada, haya un acuerdo con el resto de territorios y esté aparejado a la llegada de fondos.