La Fiscalía Europea estudia si cita también a Begoña Gómez por los contratos de Barrabés

Quedan unos días para la comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado, pero esta citación tiene bastantes papeletas para no ser la única a la que tenga que responder la mujer del presidente del Gobierno. El desarrollo natural de la investigación que conduce de forma paralela la Fiscalía Europea sobre aquellos contratos que apoyó la esposa de Pedro Sánchez con su recomendación y que se financiaron con fondos de la UE, lleva al mismo camino que ya ha tomado el magistrado de Plaza Castilla.

El organismo dependiente de la UE adoptará una decisión al respecto en función del resultado de las medidas de investigación ya acordadas, entre ellas la incautación de documentación en la sede de Red.es. No solo se trata de Gómez. Los fiscales europeos a cargo de esta parte de la investigación decidirán también si deben oír al resto de afectados por las pesquisas. Entre ellos se encuentran el empresario Juan Carlos Barrabés, gravemente enfermo y hospitalizado en la actualidad.

Como cualquier cosa que tenga que ver con la Fiscalía Europea, la toma de declaración tanto de investigados como de testigos está recogida en la ley que regula su funcionamiento. En el artículo 27 se describe la forma en la que se lleva a cabo la primera comparecencia para el traslado de cargos. La ley indica en concreto que esta citación se produce "desde que resulten de las actuaciones indicios que permitan atribuir la realización del hecho punible a una persona determinada". Se la citaría así a una primera comparecencia para comunicarle que la investigación se dirige contra ella. A efectos prácticamente informativos y en aras de evitar indefensiones.

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Según define la ley, la citación inicial se centra en informar a los investigados de los derechos que les asisten. A continuación, le informará de manera clara y precisa de los hechos que se le atribuyen. Finalmente, el fiscal europeo delegado preguntará a la persona investigada si desea prestar declaración en ese momento, procediéndose, en su caso, a la práctica de esta diligencia. En este paso no participa en inicio el juez de garantías que solo interviene si, tras escuchar al investigado, el fiscal quiere adoptar en su contra alguna medida cautelar o incluso su ingreso en prisión.

Las fuentes jurídicas consultadas apuntan que la decisión sobre la declaración tendrá, en cualquier caso, que esperar. No se adoptará hasta que finalice la fase de comprobación que se abrió ya hace unas semanas y que aún se espera que se prolongue bastante. "Cada decisión tiene que estar muy atada", apuntan fuentes jurídicas consultadas, que también precisan que la investigación europea no anula la española dirigida por el juez Peinado, ni siquiera en lo que afecta a los contratos obtenidos por Barrabés, ya que varios de ellos no procedían de financiación europea.

La competencia

La Fiscalía Europea reclamó al juez Juan Carlos Peinado la parte principal del caso Begoña Gómez hace dos semanas. Lo hizo tras confirmar el uso de fondos europeos en tres contratos públicos que se concedieron a Barrabés después de que la mujer del presidente le avalara con cartas de apoyo, el departamento consideró que tiene competencia para investigar esas adjudicaciones en lugar del titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

El departamento envió con antelación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a las oficinas de Red.es para requerir los expedientes y las comunicaciones relacionadas con los contratos que este organismo público concedió a Barrabés. Se centra en adjudicaciones para la ejecución de servicios de capacitación en la economía digital para jóvenes y desempleados.

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El funcionamiento de esta Fiscalía es distinto al de la española. En su caso, asumen la instrucción que no ejerce, por tanto, ningún juez. Cuentan con el aval de magistrados de la Audiencia Nacional que intervienen exclusivamente a solicitud de estos fiscales y con un papel muy restringido, que se limita a autorizar o denegar lo que estos solicitan. Es decir, todas las decisiones, el peso completo de la instrucción, recae en esta Fiscalía y el juez solo comprueba si sus reclamaciones cumplen todas las garantías o no. En sus investigaciones no participan acusaciones populares, por lo que ni Manos Limpias ni Vox ni el resto tendrán ya posibilidad de pedir nuevas diligencias ni de acceder al transcurso de las pesquisas.

Mientras esto sucede, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid mantiene para el próximo día 5 la declaración como imputada de la mujer del presidente del Gobierno por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Lo mismo sucede con la de Barrabés, a quien escuchará. Su testimonio se preservará como prueba preconstituida.

El resto de la investigación

Peinado reclamó en mayo "todos los expedientes de contratación" que Red.es concedió a empresas de Juan Carlos Barrabés, pero también los que se adjudicaron desde "el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid", que no están financiados con fondos europeos. De hecho, la Unidad Central Operativa (UCO) se personó días después ante sus respectivas sedes para requerir documentación, en este caso, siguiendo sus instrucciones.

La decisión de mantener su declaración se ve reforzada por el hecho de que algunas de las acusaciones han solicitado al juez que amplíe la causa a otras cuestiones desveladas por El Confidencial. Entre ellas, la relación de Gómez con Globalia y con su exconsejero delegado, Javier Hidalgo, con quien llegó a reunirse mientras se negociaba el rescate público de su compañía aérea Air Europa. De forma paralela, Globalia firmó un convenio de colaboración con el IE Africa Center, que en aquel momento dirigía la mujer del presidente.

Además, el magistrado indaga en la presunta apropiación del software que comenzaron a desarrollar gratuitamente para su máster de la Universidad Complutense de Madrid varias empresas participadas por el Estado. La mujer del presidente se reunió para ello con directivos de Indra, Telefónica y Google y les pidió que hicieran gratis una aplicación o software de sostenibilidad. Ha citado como testigo al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache Goñi, para interrogarle por las actividades de la mujer del presidente del Gobierno en la institución educativa.