De Rovira a Junqueras: así quedan los líderes del 'procés' tras el dictamen del Supremo

La malversación del procés no es amnistiable. El Tribunal Supremo ha concluido que los líderes independentistas obtuvieron un beneficio de carácter patrimonial y que sus actos afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que bloquea la posibilidad de eliminar de un plumazo sus cuentas pendientes con la Justicia. Este dictamen afecta de forma distinta a cada uno de ellos.

Marta Rovira, la principal beneficiada

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, es la principal beneficiada de la decisión que se ha conocido este lunes. Ella solo estaba procesada por desobediencia —que no conlleva pena de cárcel— y el magistrado Pablo Llarena sí aplica la amnistía a ese delito. "Procede dejar sin efecto la orden de detención emitida contra Marta Rovira", acuerda en el auto notificado este lunes.

Esta decisión no afecta a la causa paralela que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón instruye contra ella por Tsunami Democràtic, en la que consta como investigada por delitos de terrorismo. La Fiscalía ya defendió el pasado 20 de junio que la amnistía también debe aplicarse a esta causa y pidió archivar la misma, pero García-Castellón aún no ha anunciado su decisión.

La secretaria general de ERC se encuentra huida en Suiza desde 2018. Las autoridades helvéticas ya han rechazado en varias ocasiones colaborar con García-Castellón en su investigación, por lo que todo apunta a que seguirá residiendo en dicho país mientras la causa de la Audiencia Nacional siga viva.

Junqueras, inhabilitado hasta 2031

Tras la reforma del Gobierno que derogó la sedición y trató de rebajar la malversación, el Supremo ya advirtió de que carecería de efectos prácticos para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Los cuatro pasaron a estar condenados por desobediencia y malversación agravada, pero esta decisión no afectó a sus inhabilitaciones y la entrada en vigor de la amnistía tampoco ha variado su situación.

"No procede el archivo definitivo de la ejecutoria abierta para el cumplimiento de la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de 12 años", concluye la Sala de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena en su resolución. "Oriol Junqueras extinguirá su condena el 17 de julio de 2031; Raúl Romeva y Jordi Turull el 5 de julio de 2030; Dolors Bassa el 10 de octubre de 2031".

La única duda de la Sala de lo Penal se centra en si la amnistía resulta aplicable al mencionado delito de desobediencia, para lo que pregunta a las partes sobre la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional: "Dese traslado al fiscal, la Abogacía del Estado, la acusación popular y la defensa de los condenados con el fin de que, en el plazo común e improrrogable de 10 días, puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de esta, en relación con el delito de desobediencia".

Puigdemont, sin poder pisar España

Al no resultar amnistiable la malversación, el magistrado Pablo Llarena también mantiene vigentes las órdenes nacionales de detención contra Carles Puigdemont y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín. El instructor argumenta que los comportamientos atribuidos en la causa a los tres procesados incurren en las dos excepciones que prevé la ley para amnistiar ese delito, que son los ya mencionados de que hayan obtenido un beneficio personal de carácter patrimonial y de que afectara a los intereses financieros de la UE.

“Lo hicieron despreciando el derecho de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España a convivir en el marco constitucional y legal democráticamente establecido”, destaca en su resolución. “Decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes, el coste de unas iniciativas o apetencias personales que ellos mismos dirigían y desplegaron, siendo irrelevante que fueran compartidas por otros ciudadanos”.

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Itziar Reyero

Llarena también se muestra tajante al concluir que sus actos afectaron a los intereses de la UE: “La sola realización del referéndum que habían prohibido las instituciones españolas competentes afectaba necesaria y automáticamente a la configuración de España y a la dimensión territorial de la Unión Europea, con reflejo directo en los ingresos comprometidos por España en el presupuesto de la Unión, principalmente los vinculados a la recaudación de IVA y Renta Nacional Bruta, y consecuentemente, a los intereses financieros de la Unión”.