El Supremo abre otro agujero en la inestable relación del Gobierno con ERC y Junts

La decisión del Tribunal Supremo (TS) de no aplicar la amnistía al delito de malversación y frenar así un posible regreso a España de Carles Puigdemont y levantar la pena de inhabilitación que pesa sobre Oriol Junqueras añade otra complicación a la tortuosa relación que el Gobierno mantiene con Junts y con ERC.

Moncloa y Ferraz se mostraron este lunes más pendientes de la postura de los dos partidos independentistas que de la valoración que pudiera hacer el PP. Y aunque la posición oficial de los socialistas es que no debería influir "en nada", la realidad es que el Ejecutivo se enfrenta este semestre a dos importantes test de estrés para tratar de estabilizar la legislatura.

Primero, solventar la situación catalana y que se aclare si ERC apoya a Salvador Illa como próximo presidente de la Generalitat o se repiten las elecciones autonómicas. Y segundo, aprobar los presupuestos del próximo año que requieren del voto favorable de los republicanos y de Junts.

Los socialistas ven aún factible un pacto entre el PSC y ERC y el propio presidente del Gobierno lanza continuamente mensajes favorables. Ayer en la Ser, reiteró su convicción de que "dos partidos que representan a una opción no nacionalista, y otra no nacionalista u independentista, se entiendan". "El presente y el futuro de la sociedad catalana va por ese acuerdo", añadió. Pero el fantasma de otros comicios en octubre circunvuela el ánimo político en Cataluña y en España.

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El PSOE quiere ver con optimismo que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al mando de las negociaciones haya fijado el plazo de un mes, hasta finales de julio, para lograr un preacuerdo con el PSC o con Junts sobre una posible investidura del candidato socialista o de Carles Puigdemont, a pesar de que el expresident no cuenta con votos suficientes.

Es una señal de que "quieren hablar", sostienen en Ferraz, y "de poder darse después un plazo para explicarlo a la militancia", en principio reacia a pactar con el PSC. Pero reconocen que ni saben lo que harán los republicanos, que exigen un concierto fiscal, ni cómo digerirán tanto ellos como Junts que la malversación se quede fuera de la amnistía.

Los socialistas estaban preparados para que hubiera "resistencia" por parte de los jueces. "Esto no le pilla de sorpresa a nadie", indicaban este lunes. Pero nunca centraron sus desvelos en la aplicación de los delitos de malversación. Incluso cuando nada más aprobarse la ley, los fiscales del procés abrieron esa brecha, fuentes del Gobierno avisaban de que ellos no decidían y se mostraban confiados en que el TS ejecutaría la amnistía para no exponerse a recursos ante el Tribunal Constitucional y después ante el Tribunal de Derechos Humanos de la UE, por parte de los propios afectados.

Estas expectativas han saltado por los aires y ahora el Ejecutivo contiene el aliento para comprobar la reacción real de Junts y ERC. Fuentes del PSC niegan que pueda atañer a las conversaciones con los republicanos, pero lo cierto es que las decisiones judiciales provocan efectos en los partidos independentistas. Durante la propia discusión con Junts sobre la amnistía, que abrió la puerta a la investidura de Pedro Sánchez, la Moncloa intentó blindar las negociaciones, pero Puigdemont exigió cambios para que no le afectara la reactivación de la causa por supuesto terrorismo.

El momento ahora también es comprometido porque a la madeja de la gobernabilidad en Cataluña, que debe desenrollar ERC, se suman los presupuestos. La pretensión del Gobierno es poder presentarlos en tiempo y forma a finales de septiembre, aunque resultará casi imposible si se produce una repetición electoral.

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Esta posibilidad es la que, según el PSOE, ha llevado al PP a demorar la presentación del recurso de inconstitucionalidad que han anunciado. El plazo concluye el 11 de septiembre y si hay nuevas elecciones se celebrarían el 13 de octubre. Los populares destacan en Ferraz, no se quieren exponer a recurrir ante una previsible campaña electoral.

Con otros comicios en Cataluña, la política en España entraría en otra parada técnica, como ha ocurrido durante estos seis meses de sucesivas elecciones. Aunque el Gobierno ha cumplido con su compromiso de aprobar la amnistía, la resolución del Supremo representa otro inconveniente más.