El Gobierno no prevé retocar la amnistía otra vez para que sea perdonada la malversación

La pataleta del Gobierno porque el Tribunal Supremo no haya aplicado la ley de amnistía en toda su extensión y excluya del perdón los delitos de malversación no irá a mayores. El Ejecutivo no se plantea impulsar una modificación legislativa con el propósito de sortear el veto del TS. A pesar de que corrigió el texto una y otra vez para que fuera del agrado de Junts, incluso después de pactarlo y registrarlo en el Congreso, ahora, con la ley aprobada, no hay retoque posible.

"El legislador ya ha hecho su trabajo", aseguran en la Moncloa. "El trabajo de este Gobierno y del PSOE ha quedado meridianamente claro y hay cosas que ya no nos corresponden a nosotros", subrayan. El Ejecutivo cierra así la puerta a cualquier reforma a pesar de que el expresidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha llegado a verbalizar que igual era necesario una segunda ley.

En estos momentos ese planteamiento está descartado. En la Moncloa, apuntan únicamente al Tribunal Constitucional como la única institución capaz de dar un paso más si, señalan, "hay algún tipo de diferencia en la aplicación de la ley". Una circunstancia que ya se ha producido. La Sala de lo Penal del Supremo considera que la malversación no puede ser amnistiable en los casos de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, aunque el texto establece que lo será, salvo que el propósito sea obtener un enriquecimiento personal de carácter patrimonial.

Y esto es justo lo que el tribunal entiende que se produjo al destinar dinero público al proceso independentista. "Fondos públicos puestos al servicio de sus fines que eran también particulares, aunque pudiesen estar compartidos por un número mayor o menor de personas", sostiene el Supremo.

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Pero, en cambio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no ha hecho esta lectura sobre Miquel Buch y el escolta de Carles Puigdemont, Lluís Escolà, a quien ha amnistiado sin más disquisiciones, pese a que los dos habían sido condenados por malversación.

Esta sería una de las puertas para una intervención del Constitucional, en lo referente a la ejecución de la amnistía. En virtud de la doctrina del TS, el juez Pablo Llarena mantiene vigente la orden de detención nacional contra Puigdemont. Tanto el expresident como los líderes separatistas juzgados ya por la Sala de lo Penal pueden ahora recurrir estas resoluciones y, una vez agotada esta vía, acudir al Constitucional si consideran que se han vulnerado sus derechos fundamentales por no ser exonerados del delito de malversación. Esto, al margen de los recursos que el PP o algunas comunidades autónomas presenten, por sus dudas sobre la constitucionalidad de la ley o de la cuestión de constitucionalidad que la Sala de lo Penal prepara por sus dudas sobre perdonar la desobediencia.

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A la petición de amparo al TC del expresident y del resto de implicados se agarra el Gobierno para dilucidar si la malversación debe ser amnistiada o no. Su postura, obviamente, es que sí. Y, tanto el PSOE el lunes como el propio Ejecutivo ayer, no han parado de recordarlo.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reiteró ayer que "el texto de la ley es muy claro" y "la voluntad del legislador es tan clara como el texto de la propia ley" que, añadió, fue aprobada "por mayoría absoluta en el Congreso". Pero más allá de destacar este extremo, el Ejecutivo eludió confrontar más con el Supremo. Y, mientras que Ferraz sí criticó las "consideraciones políticas" de la sala en su auto por "sorprendentes e innecesarias", la ministra no quiso realizar una valoración en estos términos.

El Ejecutivo da por concluido su impulso a la ley de amnistía y se queda con sus "efectos positivos", en referencia a que por primera vez las fuerzas independentistas no son mayoritarias en Cataluña tras las elecciones del 12-M. "Lo que tiene que suceder ahora", remató la portavoz, "y ya está sucediendo, es que los jueces apliquen la ley".