La enmienda de Junts que exige dejar a Cataluña fuera del reparto de inmigrantes

No todo es cuestión de una financiación autonómica "singular". De manera muy cruda, Junts ha puesto en solfa el principio de solidaridad interterritorial a la hora de abordar el drama humanitario de la inmigración que asola las costas de Canarias, Ceuta y Melilla. La formación de Carles Puigdemont exige que Cataluña se quede al margen del reparto de menores migrantes no acompañados, que los Gobiernos central y canario pretenden fijar por ley en común acuerdo con el resto de comunidades autónomas por ser ellas quienes asumen la tutela hasta que alcanzan la mayoría de edad. El grupo neoconvergente en el Congreso ha elaborado una enmienda para que, a través de una disposición adicional en la Ley Orgánica de Extranjería, se consagre que Cataluña abandona la colaboración interterritorial. Y lo hace invocando el compromiso adquirido por la Moncloa de que la Generalitat asumirá próximamente las competencias de inmigración.

"Sin perjuicio de la colaboración administrativa que se acuerde, vinculada en este caso al principio de solidaridad entre territorios y con el objeto de solventar problemáticas que afecten a la protección de los derechos humanos y de las personas menores de edad, lo establecido en esta Ley no resultará de aplicación en Catalunya", recoge la polémica enmienda de adición, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Esta enmienda sigue la estela de la "cláusula Cataluña" que Junts ya logró introducir en la reciente ley por la que se crea la Oficina Española de Derechos de Autor, y que promete llevar a cada negociación parlamentaria con el Gobierno. Una especie de salvaguarda a la soberanía competencial de Cataluña que debe quedar recogida en cada texto normativo, explican. ERC, que se mantiene en funciones al frente del Govern, no se opone a esta redistribución solidaria.

En la justificación de motivos, el grupo liderado por la diputada Míriam Nogueras recuerda que el pasado mes de enero Pedro Sánchez se comprometió con ellos en delegar a la Generalitat las competencias migratorias. Lo hizo a cambio de su apoyo parlamentario para aprobar tres decretos, de suma importancia por ser también los primeros de la legislatura. Aunque uno de ellos, el relativo a la reforma del subsidio de desempleo, decayó por el rechazo de Podemos.

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"El Gobierno y el grupo parlamentario de Junts han alcanzado un acuerdo para el que, mediante la Ley orgánica prevista en el artículo 150.2 CE, se delega a la Generalitat de Catalunya las competencias en materia de inmigración. Por ello, junto a las competencias ya atribuidas a la Generalitat relativas a la atención de la infancia y la adolescencia, también de las personas migrantes, la aplicación de esta ley para el caso de Catalunya, tiene que ser el marco competencial reconocido a la Generalitat de Catalunya", se expone en la enmienda presentada ahora al Gobierno.

Mientras tanto, fuentes de la dirección de Junts aseguran a este periódico que "los trabajos técnicos con los ministerios avanzan", sin estar muy claro aún el alcance de esta nueva cuota de soberanía, y cuyo traspaso deberá plasmarse en una ley orgánica; es decir, requerirá de 176 votos favorables en el Congreso.

En su día, los de Puigdemont se felicitaron por haber arrancado de la debilidad parlamentaria del PSOE la competencia "integral", incluido el control de fronteras o la expulsión de inmigrantes por reincidir en delitos. A Junts le ha salido un competidor muy duro por la derecha dentro del bloque independentista, Aliança Catalana, y cuyo discurso está básicamente orientado en el combate de la inmigración. "Comprendemos la situación de Canarias, pero nosotros ya asumimos muchos", se defienden en el grupo del Congreso.

Las CCAA debatirán el mecanismo de reparto el día 10. El PP exige que se financie la atención a los menores hasta que cumplan 18 años

Desde la Moncloa, en cambio, se apresuraron a rebajar el alcance del acuerdo con Junts. El presidente Sánchez aseguró que Cataluña tendrá las políticas de integración social de los migrantes o las autorizaciones de empleo, pero precisó que "todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y la lucha contra la inmigración irregular está residenciado en el Estado" y "no se puede transferir" por ser competencia exclusiva del Estado (recogida en el artículo 149 de la Constitución).

El mecanismo de reparto de estos menores extranjeros, en situación de grave vulnerabilidad, deberá ser acordado por las comunidades en una próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, adelantada al próximo día 10 en Tenerife, para su posterior aprobación en el Parlamento a finales de mes mediante la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería. Los gobiernos del PP avisan de que no tolerarán "desigualdades" con Cataluña, exigen al Gobierno central que dote a las comunidades de recursos suficientes —hasta que los menores cumplan 18 años— y avisan de que sus redes de acogida ya están muy tensionadas, por lo que no tolerarán imposiciones del Gobierno central. Aun así, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que seguirán respondiendo con "solidaridad" al drama humanitario de los menores migrantes, al tiempo que el PP traslada la responsabilidad principal de esta situación al Ejecutivo de Sánchez, a quien pide más para atajar el problema en los países de origen.

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El asunto es objeto del mayor ruido político en casi todo el continente europeo. Vox, que ya ha amagado con romper sus coaliciones de gobierno con el PP, presentará en los Parlamentos autonómicos iniciativas para cerrar de inmediato los centros de menores y se proceda a su repatriación, aunque esto choque con el derecho a la protección de la infancia. El Gobierno de Canarias, que preside Fernando Clavijo (Coalición Canaria), lleva meses batallando con el Ejecutivo central para superar ese ruido y establecer por ley un reparto equitativo entre las comunidades con el que poder aliviar la dramática situación que viven las islas, desbordadas por la marea migratoria. Lanzarote se declaró ayer en "emergencia social" ante las condiciones imposibles para atender a los menores. En esa tarea, cuenta con la comprensión política y personal del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que fue presidente del archipiélago hasta mayo pasado.

"Es un drama humanitario de primer orden que no puede esperar más", señalan en el equipo de Clavijo, donde confían en que de la reunión del día 10 salga un acuerdo definitivo. "No contemplamos otro escenario". Se da la circunstancia de que Canarias tiene un gobierno bipartito formado por Coalición Canaria y el PP. Su líder y vicepresidente del Ejecutivo insular, Manuel Domínguez, ha mantenido conversaciones con los presidentes autonómicos de su partido para "sensibilizarles al máximo" con la situación de las islas.

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La propuesta acordada entre el Gobierno central y Coalición Canaria supone la inclusión de un nuevo artículo en la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjería). Así, quedará estipulado por ley que cuando los recursos de Canarias, Ceuta y/o Melilla para la atención de menores migrantes no acompañados supere el 150% de su capacidad, serán derivados a otras CCAA. La proposición de ley sostiene que es competencia del Ejecutivo central decidir la ubicación de los menores, si bien establece que el modelo de gestión —este contendrá los criterios y el mecanismo de derivación—, será acordado en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia atendiendo al principio de solidaridad. Los Gobiernos central y canario confían en incorporar las medidas propositivas del resto de presidentes al texto definitivo, que deberá quedar aprobado antes del 31 de julio. "Nos vienen los peores meses del año. El mar está planchado", alertan desde las islas.