El Gobierno se parte en dos por el pacto judicial y los socios se ensañan contra la "mafia judicial"

El primer gran acuerdo entre el PSOE y el PP de esta legislatura sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha roto en dos al Gobierno de coalición y ha alejado a los socios de investidura de Pedro Sánchez. La mayoría de investidura acusa al presidente socialista de haber traicionado sus promesas de “regeneración democrática” por permitir un pacto que “perpetúa el lawfare” y la “guerra jurídica de las derechas” contra sus “adversarios”. Sumar se ha abstenido en la toma en consideración de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ha dejado solo al PSOE con el PP. El PNV, que ha solido estar en acuerdos anteriores, se ha descolgado esta vez. Los independentistas han decidido no participar en la votación.

Los diputados independentistas han vuelto a atacar con fiereza al estamento judicial, al que han denominado “mafia togada" con intereses oscuros en el devenir político del país, sin que mediara reacción por parte de la Presidencia del Congreso ni del ministro de Justicia, Félix Bolaños, visiblemente incómodo con las críticas de sus socios. El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha protestado por ello y se lo ha recriminado al ministro, sin éxito.

“Con este pacto no se regenera nada, se perpetúa un sistema de puertas giratorias (...) sigue la Mafia judicial”, “jueces justicieros constituidos en una mafia (...) que prevarican siempre protegidos por los capos y por ustedes”, ha declarado Míriam Nogueras en un Pleno en el que el independentismo ha vuelto a señalar, con nombres y apellidos, a jueces y periodistas. Según la tesis de los socios de investidura, que Sánchez ha asumido en primera persona ante la imputación de su mujer, Begoña Gómez, existe en España un complot político, judicial y mediático entre “las derechas”.

Y este acuerdo para la renovación del CGPJ vendría a perpetuar la "guerra judicial", denuncian los aliados del PSOE, que han expresado su total desconfianza en el "plan de regeneración" que Pedro Sánchez traerá a la Cámara el próximo día 17. “Es la prueba de que todo lo que nos presenten será papel mojado (...) Por muchos discursos y cartas que hagan los socialistas”, ha señalado la portavoz de Junts, quien ha vuelto a ser la más agresiva en su ataque al estamento judicial, a la que llama “mafia”. En el mismo tono de dureza se han pronunciado los diputados de ERC, Bildu y el BNG.

El diputado de BNG, Néstor Rego, lo verbalizó así: “¿La regeneración democrática era esto, pactar con el PP?”. Y censuró: “Jueces fascistas nombrando a jueces fascistas, ¿qué puede salir mal?”. La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, insistió en que el PSOE será corresponsable de que "el aparato judicial español" funcione como "brazo represivo de las derechas del Estado". "¿Cómo se asegurará de que no se seguirá utilizando el lawfare de manera sistemática?". El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sentenciado que el PSOE es "cómplice" del PP, al igual que la líder de Podemos, Ione Belarra, quien aprovechó el debate para exigir al Gobierno que "apruebe una ley de medios que acabe con la corrupción periodística".

Sumar, después de una valoración inicial positiva del acuerdo, en la que mantenían incluso que había dos vocales suyos en el nuevo CGPJ, finalmente ha decidido abstenerse, por la presión interna de las fuerzas que componen la plataforma de Yolanda Díaz. El rechazo de Compromís, Més y Xunta ha forzado a la vicepresidenta segunda a pactar una abstención ante el riesgo de ruptura interna. Aunque el diputado Enrique Santiago sí ha defendido que su partido no renuncia a "democratizar" el Consejo y, por tanto, participará en la elección de los nuevos vocales, dos, según los de Yolanda Díaz.

La reforma de la ley orgánica, que será aprobada el próximo día 23 por el Congreso, insta a los nuevos miembros del CGPJ pactados por los dos grandes partidos a proponer un nuevo sistema de elección de los vocales en el plazo de seis meses, para lo que no hay visos de acuerdo entre PP y PSOE. Génova reclama un modelo de "elección directa" de los jueces, mientras que el PSOE insiste en que la última palabra debe ser del Congreso.

Durante el debate, el diputado del PNV Mikel Legarda se ha desmarcado de la reforma, convencido de que esta "no afronta el problema de fondo", la politización de los órganos judiciales y la desconfianza que esto provoca en la ciudadanía. Y ha reclamado que los cargos gubernativos de los tribunales los decidan los jueces -los que estén en el ámbito de su jurisdicción- tal y como se hacen ya en el caso de los decanos, y en consonancia con la propuesta formulada por el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte.