Feijóo encarece el pacto para el reparto de menores y exige a Sánchez más controles en las fronteras

"La situación de los menores no acompañados es sólo la punta del iceberg de un debate que el Gobierno de España lleva aplazando desde hace meses". Ante un palco de honor, compuesto, entre otros, por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; o la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, Alberto Núñez Feijóo recuperó el discurso duro contra la inmigración ilegal y situó la reforma de la Ley de Extranjería para forzar el reparto de menores irregulares como una especie de parche que no soluciona el problema real: el posible "colapso" migratorio ante la inacción en las fronteras.

Génova ha delegado la responsabilidad del pacto migratorio a sus comunidades autónomas, que expondrán sus condiciones al Gobierno para valorar la acogida solidaria de menores en una conferencia sectorial prevista para el próximo 10 de julio. Hay contactos y "coordinación" —la vicesecretaria nacional del PP, Ana Alós, lleva "semanas" celebrando encuentros con los consejeros de Políticas Sociales de sus autonomías—, pero no se pactará una postura común. "Esto no es un asunto entre Génova y Ferraz, sino de las administraciones públicas. Corresponde al Gobierno poner de acuerdo a las comunidades", inciden.

Fuentes de la dirección nacional aseguran compartir todas las "inquietudes" que han ido surgiendo en sus territorios respecto a la falta de recursos o la incógnita de Cataluña, pero añaden una más. El acuerdo migratorio debería acompañarse de más "garantías" por parte del Gobierno en el ámbito fronterizo para frenar nuevas oleadas y evitar llevar a la asfixia a las comunidades autónomas.

"Esto no va sólo del reparto de las personas migrantes. Es un problema que va mucho más allá y que hay que solucionar cuanto antes", comentan, una opinión que comparten varios dirigentes de la cúpula de la máxima confianza de Feijóo. Si no se tapa el agujero, infieren, de nada sirve achicar el agua. "Es lo primero que se debería hacer", comulgan también en varios territorios, que avanzan que plantearán esta cuestión al Ejecutivo en la cita del próximo 10 de julio.

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El propio líder del PP dejó clara su "preocupación" en el foro que compartió este miércoles en Cascais (Portugal) junto a los líderes más destacados del Partido Popular Europeo. Feijóo dio la voz de alarma ante la "situación límite" que viven autonomías como Canarias, pero situó el problema en la descontrolada llegada de inmigrantes "en los últimos tiempos". Además, pidió "ayuda" de forma abierta a la UE para "controlar" los flujos migratorios. "Tomar medidas diferentes en España a las que se toman en otros países que han tenido resultados exitosos, puede derivar en un efecto llamada para este verano del que les quiero alertar", lanzó.

Feijóo puso voz a esa petición y se encargó de poner sobre la pista de la problemática en España a las grandes autoridades de Bruselas. Pero en la dirección inciden en que es el Gobierno quien debe encabezar y gestionar "un plan fronterizo" pactado con la Unión Europea para complementar la posible reforma de la Ley de Extranjería para limitar la llegada de irregulares y poner coto a las mafias.

En Génova instan a utilizar el marco europeo para fortalecer acuerdos con terceros países de origen en tránsito, como los ya firmados con Túnez, Mauritania o Egipto, e impulsar a través de financiación comunitaria la celebración de nuevos convenios de readmisión o retorno de ilegales. Exigen al Gobierno que reclame, además, mayor presencia y recursos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) en los territorios más saturados o mejorar los medios de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la gestión de las fronteras.

El acuerdo para el reparto de menores, en el aire

El líder del PP ha ido endureciendo su discurso migratorio con el paso de los meses. Pese a aceptar tramitar con el PSOE en el Congreso la regularización de más de medio millón de ilegales el pasado mes de abril, Feijóo viró el tono durante la campaña catalana y europea, donde el dilema de la inmigración era un factor clave en la movilización del voto. La encrucijada del acuerdo suscrito entre Canarias —donde cogobierna el PP— con el Gobierno para obligar por ley a las comunidades autónomas a acoger a los menores inmigrantes también ha provocado un viraje en el discurso el mandatario popular.

El pasado viernes, Feijóo se mostró dispuesto a encontrar un punto de encuentro con el Ejecutivo para aprobar la reforma en el Congreso apelando a la "solidaridad" de sus comunidades autónomas. Y esa intencionalidad no ha desaparecido, aunque en los últimos días el líder del PP se ha enfocado en exhibir un tono duro contra el Gobierno y su política migratoria. "Si no ponemos límites, si no ponemos barreras, es imposible atender a todas las personas que están retenidas en Canarias y las que están por venir", azuzó el pasado martes en Onda Cero.

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En Génova censuran, además, que el Gobierno intente "responsabilizar" a unas comunidades autónomas "desbordadas" de la situación migratoria, suceda lo que suceda en la reunión clave de la próxima semana. "Es una absoluta hipocresía", lamentan. El PP, tanto a nivel nacional como territorial, mantienen su predisposición a pactar esta cuestión con el Gobierno, pero sólo si en el papel quedan plasmadas sus condiciones.

Si Cataluña no entra dentro del acuerdo —Junts tiene preparada una enmienda para dejarla fuera del reparto—; y si el Gobierno no detalla en el borrador de la ley un "plan dotacional" de la financiación e infraestructuras que destinará a los territorios para hacer frente a la acogida, las comunidades del PP no lo apoyarán. Y Génova refrenda esa postura. "La solidaridad está en el ADN del PP. Pero esa solidaridad debe ser correspondida con medios para implementarla. No aceptaremos ayudar a Canarias sólo unos cuantos", zanjan.