Begoña Gómez, del garaje al juez: las claves de un interrogatorio histórico en España

Begoña Gómez hará historia este viernes. Tras 47 años de democracia, ella es la primera mujer de un presidente del Gobierno que declara como imputada. La comparecencia se celebrará en la sexta planta de los juzgados de Plaza de Castilla, donde el juez Juan Carlos Peinado espera su llegada a las diez de la mañana para interrogarle por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Más de cuatro meses después de que El Confidencial comenzara a desvelar la cara oculta de sus actividades, ni los recursos de la Fiscalía ni "las cartas a la ciudadanía" de Pedro Sánchez han logrado librarle de esta cita con el juez.

La mujer del presidente acude en calidad de investigada, por lo que no está obligada a responder a las partes ni a decir la verdad. De hecho, puede acogerse a su derecho a no declarar y, en cuestión de minutos, abandonar el juzgado. También cabe la posibilidad de que solo conteste a las preguntas de su abogado, Antonio Camacho, y de la Fiscalía, que pidió archivar la causa en cuanto tuvo conocimiento de la misma. Desde entonces, el fiscal no ha dejado de oponerse a las principales diligencias.

Si Gómez decide ir un paso más allá, atenderá las preguntas del juez. Su defensa lleva semanas quejándose de que Peinado no les ha aclarado que está investigando exactamente, a lo que él les contestó esta misma semana que no se preocupen, que si les queda alguna duda, se lo concretará en esta primera comparecencia. En el caso de que la mujer de Sánchez acceda a responder a su interrogatorio, se enfrentará a preguntas de tres líneas de investigación distintas.

De Barrabés a la Complutense

La primera se centra en las exclusivas de El Confidencial sobre las dos cartas de apoyo que Gómez firmó en 2020 para una UTE de empresas privadas que se presentó a un concurso del ente público Red.es. Su principal accionista era el empresario Juan Carlos Barrabés, que había participado previamente en el diseño de un máster de la Complutense que ella dirigía. La UTE acabó llevándose adjudicaciones por valor de más de 10 millones de Red.es y la Fiscalía Europea ya está investigando algunos de esos contratos, pero Peinado considera que aún se deben aclarar "todos los hechos, actos, comportamientos y conductas" de esa relación entre Gómez y Barrabés.

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La segunda línea de investigación sobre las actividades de Begoña Gómez gira en torno al rescate público de Air Europa. Como desveló El Confidencial, el holding al que pertenece la aerolínea, Globalia, firmó un contrato confidencial con el IE Africa Center de Gómez en enero de 2020, por el que se comprometió a pagar al centro de estudios que dirigía la mujer de Sánchez un total de 40.000 euros anuales. Diez meses después, en noviembre de 2020, el Gobierno aprobó el rescate de la aerolínea con 475 millones de euros públicos. Sánchez no se ausentó de la sesión del Consejo de Ministros en la que se tramitó el rescate y el juez ya ha reclamado "los expedientes completos por los que se otorgaron las ayudas".

La tercera línea de investigación pone el foco en los dos títulos propios de la Universidad Complutense que ha codirigido la mujer del presidente. El Confidencial también ha publicado diversas exclusivas sobre ellos durante las últimas semanas y, este viernes, justo después de Gómez, comparecerá el rector de la universidad, Joaquín Goyache Goñi. Él lo hará como testigo, por lo que, a diferencia de la mujer de Sánchez, está obligado a decir la verdad y a contestar a todas las partes, incluidas las acusaciones.

Las acusaciones, con una sola voz

La denuncia que dio origen al procedimiento fue presentada por Manos Limpias el 9 de abril, pero, una vez abierto, se han sumado otras cuatro acusaciones populares: Vox, Movimiento de Regeneración Política, Hazte Oír y Partido Político Iustitia Europa. Para evitar dilaciones, el juez movió ficha el pasado junio y acordó aglutinar a todas ellas bajo la dirección letrada del partido de Santiago Abascal, lo que también tendrá sus consecuencias durante las declaraciones de este viernes.

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"Debe mantenerse dicha dirección única, a fin de agilizar el procedimiento, en los actos procesales que se lleven a cabo con presencia física en este órgano judicial, de tal modo que sea un solo representante el que intervenga en dichos actos procesales, sin perjuicio de que puedan estar presentes el resto de letrados de las otras acusaciones", acordó Peinado en un auto de este jueves, al que ha tenido acceso El Confidencial. Vox, por tanto, tendrá que hacer las preguntas que le soliciten el resto.

En el caso de Gómez, este acuerdo en principio no tendría consecuencias, pues no se espera que responda a las preguntas de ninguna de las acusaciones. La situación cambia con el rector de la Complutense, al que no le quedará más remedio que hacerlo. Esa será otra de las cuestiones que marcará la cita de este viernes en el juzgado: el modo en el que se organicen las acusaciones y las posibles fricciones que surjan a la hora de intentar sacar adelante sus propias preguntas.

La imagen de Gómez, bajo siete llaves

La comparecencia de Gómez también se ha visto marcada por una última batalla esta semana: los intentos de su defensa por evitar que su imagen como imputada acabe abriendo los telediarios. La jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, ya atendió este mismo jueves la petición del departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno y acordó que su entrada al juzgado se produzca por el garaje, lo que le permitirá sortear el 'paseíllo' de cámaras y reporteros en plaza de Castilla.

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En un intento de compensar esta excepcional medida, la decana acordó que se permita el acceso de seis periodistas "al distribuidor de la sexta planta, en la que se encuentra el juzgado". De esta manera, estarán presentes cuando la mujer del presidente entre a la sala y "podrán distribuir a otros medios la información", pero no sacar fotografías. Para conseguir la imagen de Gómez este viernes, solo quedará entonces una última vía, y su defensa también ha tratado de evitarla.

La maniobra se produjo el pasado martes, cuando su abogado pidió al juez que solo se grabe el audio y no la imagen de su declaración. Según defiende, se trata de una "práctica que suele ser habitual en distintos juzgados para evitar un uso inadecuado de las imágenes que son captadas a los solos efectos de la documentación (...), pero que no deben ser utilizadas para ser difundidas en medios de comunicación pública". El juez no ha respondido por el momento a esta solicitud. Si atiende la misma, la mujer de Pedro Sánchez habrá conseguido que no quede ningún testimonio gráfico de su histórica declaración como imputada.