Los socios recelan del plan de Sánchez de control a la prensa y creen que actúa por su mujer

Apenas se conocen detalles de las medidas que Pedro Sánchez llevará al Congreso el día 17 bajo el nombre de "Plan de regeneración democrática", más allá de su anunciada intención de cortar la publicidad institucional a los "pseudomedios" para combatir la "desinformación", así como de reformar las leyes del derecho al honor y de rectificación. Pero ya de entrada se vislumbra que tendrá una acogida hostil por parte de casi toda la Cámara.

No solo de los partidos de la oposición, que detectan en el presidente "tics autoritarios" y un deseo de "amordazar" a la prensa crítica. También de los socios del Gobierno, que exhiben una profunda desconfianza hacia las acciones del líder del PSOE, a quien acusan de moverse solo por la situación judicial de su mujer, Begoña Gómez, que comparece hoy ante el juez imputada por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La sesión plenaria de este jueves, en la que el Congreso inició la reforma exprés de la ley del Poder Judicial con los votos de PP y PSOE, anticipa la respuesta negativa de los aliados, que se sienten traicionados por el presidente tras haber firmado un pacto que, en su opinión, “perpetúa el lawfare” y la “guerra judicial de las derechas”. “¿La regeneración democrática era esto? ¿Pactar con el PP?”, le recriminaron los grupos independentistas y Podemos, acusándole de liderar una falsa cruzada contra la "fachoesfera" judicial y mediática. “Por muchos discursitos y cartas que hagan los socialistas (...) esta es la prueba de que todo lo que nos presenten será papel mojado”, resumió ayer la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.

Varios de los socios de investidura han verbalizado en las últimas semanas una sospecha compartida, según la cual Sánchez habría decidido salir al "combate mediático" más por razones personales que por un verdadero deseo de "limpieza democrática". Le acusan de haber explotado su "revictimización" en las últimas campañas electorales, para quedarse con buena parte de sus electorados. De otra manera, insisten, no habría firmado ahora un pacto judicial con el PP. En paralelo, expresan sus recelos sobre el alcance real de lo que anunciará el día 17 en el Parlamento. "A no ser que traiga un as en la manga, parece que lo hace de cara a la galería. Y no le veo mucho recorrido con la división que tenemos", comenta otro diputado del bloque de investidura. "Actúa en defensa de su mujer", se quejan esta fuente independentista.

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De momento, todos son dudas sobre las medidas que el presidente propondrá al Parlamento para luchar contra lo que ha bautizado como "la máquina del fango". Sánchez ha apuntado estos meses a "medios digitales", en génerico y sin hacer distinciones, a los que acusa de esparcir "bulos" sobre las actividades empresariales de su mujer. El presidente pretende atajar esta situación empezando por la Ley de Publicidad Institucional y ha anunciado que se cortará el grifo del dinero público a los medios sospechosos, o al menos fijará un "máximo" a los que "no tienen lectores, solo recursos públicos". Se trata de una norma, señaló, que ya ha cumplido 20 años, "no incorpora los fenómenos de la digitalización", y debe revisarse.

El Gobierno tomará de base el nuevo reglamento europeo, European Freedom Media Act o Ley de Libertad de Medios de Comunicación, de obligado cumplimiento para todos los países de la UE y que refuerza las exigencias de transparencia al obligar a los medios de comunicación a hacer públicos para la audiencia los accionistas que componen la propiedad y los ingresos públicos que reciben, aunque no así los privados. Además, deberán publicar información sobre sus propietarios en una base de datos nacional, incluso si son propiedad directa o indirecta del Gobierno. Será responsabilidad gubernamental elaborar esa base de datos de acceso público.

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Pero la Moncloa quiere medidas sobre la prensa más ambiciosas que el marco europeo y aún está ultimando su plan, para el que habría pedido ayuda a una consultora externa, según apuntan fuentes políticas. Ante la inquietud generada en el sector, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha reclamado una reunión con el Gobierno para antes de la comparecencia del presidente, aunque esta no ha sido aún confirmada.

También se prevé una revisión del Código Penal, que ya opera para defender el derecho al honor, la imagen o la intimidad, así como para castigar injurias o calumnias. No consta que Begoña Gómez haya formulado demanda o querella alguna por las informaciones publicadas sobre sus actividades laborales.

Podemos, ERC y Bildu exigen mano dura a Sánchez en su cruzada mediática; Junts, PNV y CC, dudan: "No le vamos a hacer el juego"

Tanto Podemos como los separatistas le exigen a Sánchez mano dura con los medios o periodistas que publican "bulos", si bien nadie aclara por el momento quién determinará que lo es. Gabriel Rufián ha pedido al presidente endurecer las multas por difamación, "de 14.000 a 150.000 euros" y castigar a quienes invierten publicidad en los medios inapropiados. "¿Quieren acabar con la máquina del fango? Tienen el BOE (…) Votemos aquí, mañana, los vocales del CGPJ; vetemos a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango en contratación pública", afirmó en una pregunta de control a Sánchez el pasado mes de mayo.

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Podemos ha registrado incluso su propia ley de medios, en la que defienden que los directivos de prensa y determinados periodistas y comunicadores sean sometidos a un escrutinio similar al de los diputados para evaluar sus "intereses económicos". "Apruebe una ley de medios ya que acabe con la corrupción periodística", instó ayer Ione Belarra al Gobierno.

Pero lo cierto es que no todos los socios parlamentarios están alineados con Sánchez en esta materia y más allá de PP y Vox también se atisban riesgos. Por ejemplo, Coalición Canaria habla del "peligro democrático" que puede encerrar cualquier intento de control a la prensa desde el Gobierno. "La música me suena muy mal. Parece un intento de intervenir en los medios no afines. Permitir que se ponga etiquetas de pseudomedios o no es un peligro democrático. Porque, ¿quién decide que lo es?", denuncian en la dirección del partido.

Incluso en Junts admiten tener dudas sobre los planes regeneradores de la Moncloa. "No hay mejor ley de prensa que la que no existe", apunta una fuente del partido, aunque en este caso precisa que lo hace a modo de opinión personal. En el PNV se mueven con cautela aunque censuran que el Gobierno no comparta el plan con sus socios antes de llevarlo a la Cámara. "Que una vez más no sea así apunta a que a la Moncloa le importa más lo mediático a través de una puesta en escena por parte del presidente Sánchez que la obtención o no de resultados", se lamentan en el grupo de Aitor Esteban. "No sabemos fehacientemente lo que quieren. Y no le vamos a hacer el juego al Gobierno, ni a la fachenda mediática, en su cruzada anti", replican desde la dirección del partido en Bilbao.

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Pero hay que tener en cuenta que el anunciado cambio en la ley de publicidad institucional afectará también al dinero que destinan ayuntamientos y comunidades autónomas, lo que suscitará seguro el debate de los partidos nacionalistas, con intereses particulares en el ecosistema mediático local. Desde las CCAA del PSOE defienden que los gobiernos autonómicos son "transparentes" en la publicación de sus inversiones en medios, de publicidad y de patrocinio. No se puede decir lo mismo del Gobierno central, como quedó recogido en este informe elaborado por El Confidencial.