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Ni la Costa del Sol, ni la Costa Brava: este es el litoral con más playas accesibles
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"20 AÑOS SIN ENTRAR AL AGUA"

Ni la Costa del Sol, ni la Costa Brava: este es el litoral con más playas accesibles

639 playas en España cuentan con el sello de calidad para la accesibilidad concedido por el programa internacional Bandera Azul

Foto: Playa de la costa valenciana. (EFE/Kai Försterling)
Playa de la costa valenciana. (EFE/Kai Försterling)

Nerea tiene 39 años y es de Málaga, en la Costa del Sol, donde el plan por excelencia de verano es pasar el día en la playa con una sandía enterrada en la orilla y llevar unas pipas para el atardecer. Poder disfrutar del salitre y la arena empezó a ser más complicado para ella en 2015, cuando su enfermedad rara mitocondrial le abrió la puerta a la realidad de las personas con movilidad reducida. Ahora, con un 75% de discapacidad, ir a la playa se ha convertido en una aventura diferente.

"Contamos con muy buena asistencia en los puntos de accesibilidad", agradece la malagueña. Es consciente de la suerte de tener al alcance una red de puntos accesibles que le permiten poder ir a la playa y bañarse, pero aclara que hay mucho margen de mejora.

España es el país con mayor número de playas accesibles del mundo según la institución Bandera Azul. Esta organización internacional nació en 1987 de la mano de Francia, Dinamarca, Portugal y España con el objetivo de estimular el cumplimiento de las directivas ambientales. La accesibilidad siempre ha estado presente, pero en 2017 Accesibilitas de la Fundación ONCE entró para potenciarla.

Así nuestro país cuenta con 747 playas, puertos y puntos de interior con bandera azul, que suponen el 15% de las banderas concedidas en el mundo. "Déjame mirarlo", interrumpe su propia explicación Nerea en busca de sitio en las playas disponibles. Está revisando el registro que le ha permitido reservar una plaza desde la playa de su ciudad natal hasta Costa Ballena (Cádiz), cuando se ha ido de vacaciones.

Bandera Azul en España es realmente la única norma vigente a efectos prácticos. "Las leyes siempre van por detrás", confiesan desde Accesibilitas, una plataforma para el impulso de la accesibilidad universal. Saben que las prioridades para avanzar están en los ámbitos de el trabajo o la vivienda, pero que en los últimos años se ha visto una "escalada de necesidades" que ha permitido comenzar a exigir más en el ocio y la vida social. "También hay detrás un movimiento asociativo importante que ha reclamado estos derechos", añaden.

El marco legal español se limita a la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, donde se incluyen las playas. Existen además normativas concretas en comunidades como Andalucía, Baleares y Comunidad Valenciana.

La seña Bandera Azul es una normativa vinculante y sujeta a auditorías, pero al final depende de la iniciativa de los municipios la creación de puntos accesibles, siempre bajo los requisitos de Bandera Azul. Algunos de estos requisitos, como la presencia de sillas, muletas anfibias, rampas de acceso o aparcamientos adaptados, son obligatorios, pero otros no.

"La clave de este proyecto en España fue involucrar a los ayuntamientos y municipios", confirma José Palacios, presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor ADEAC-FEE, que coordina en España el programa Bandera Azul.

La campaña comienza en octubre con la apertura de presentación de formularios y se extiende hasta diciembre. En febrero, un jurado formado por 65 personas independientes y representantes de comunidades autónomas y organismos públicos nacionales, da un resultado. Finalmente, un posterior jurado internacional ofrece su decisión en abril.

Aún así, la calidad de las propuestas depende mucho de los ayuntamientos. De hecho, Nerea nota la diferencia de servicio entre los pueblos de la provincia respecto a la capital malagueña, y también cuando se produce un cambio de concesión pública.

Foto: La modelo Winnie Harlow. (EFE/Vickie Flores)

Aunque se vigila que la normativa se cumpla, esto no siempre sucede. "Desde que tengo mi discapacidad los recursos han mejorado, pero depende del presupuesto que las instituciones públicas quieran destinar", reclama Nerea quien forma parte del movimiento asociativo que también lucha porque se mejoren las condiciones.

"Tengo que reservar previamente, pensar en el aparcamiento, que haya espacio… y solo puedo ir con un acompañante. Al final, es una dificultad añadida a la dificultad que ya me conlleva mi discapacidad", cuenta la malagueña.

Horarios de baño limitados, falta de personal formado, escasez de plazas y hasta poca solidaridad. Entre las principales peticiones desde las asociaciones destaca la inclusión de medidas que no son tan específicas pero que mejorarían la experiencia del usuario, como asegurar una pasarela hasta el agua. Por su parte, la institución asegura "estar retirando unas 20 banderas al año" por incumplimiento de algunos de los requisitos.

No sólo para sillas de ruedas

"Me daban las gracias porque algunos llevaban sin entrar al agua 20 años", confiesa Sara. Ella trabajó como socorrista y personal de asistencia en las playas de la capital de los espetos. Aclara que en su mayoría atendía a personas mayores.No contaba con ninguna titulación relacionada con el trabajo de personas con discapacidad o necesidades especiales y entró al puesto cuando el Ayuntamiento de Málaga publicó la oferta de plazas genéricas para el socorrismo de la capital. Una vez la aceptaron y mostró su interés por los puntos accesibles, fue cuando recibió una formación específica pocos días antes de empezar la temporada.

Estos puntos accesibles son universales, en otras palabras, no solo consisten en dar asistencia a personas con problemas de movilidad sino que se incluyen también personas con problemas en el aprendizaje, el desarrollo o la visión. "Es una prioridad buscar una accesibilidad universal", confirma José Palacios. Ahora, entre las prioridades se encuentra la mejora de los espacios con sombra y son conscientes de alguna de las deficiencias del sistema.

Galicia, tierra adaptada

El registro de Banderas Azules no es el único que tiene información sobre playas accesibles. Según los últimos datos del gobierno de España, existen más de 2.200 playas con acceso adaptado. De hecho, 628 de ellas figuran con un acceso a pie fácil. Esta fuente hace referencia en mayor medida a la forma de acceder al espacio y no tanto a las instalaciones en estas.

También las barreras geográficas, como las calas o los acantilados, son a veces un freno a la accesibilidad. Aún así, hay muchas playas en las costas del norte de España a las que no es difícil llegar. En este sentido, Galicia lidera el ranking de esta accesibilidad general: cuenta con 593 playas con acceso adaptado y 185 de ellas también tienen un fácil acceso a pie.

En ocasiones cuando se habla de adaptación se piensa en una inversión en recursos y en ocasiones facilitar el espacio es una tarea más simple y común.

Le siguen las islas Canarias con 238 playas con facilidades a personas con discapacidad y las islas Baleares con 251. Por su parte, Ceuta y Melilla, con menos kilómetros de costa, quedan a la cola con 13 y 2 playas respectivamente.

De la costa italiana a las islas griegas

En los últimos años, países como Italia o Grecia han mejorado las condiciones de accesibilidad en pro de hacer más universal la adaptación de sus costas y, a su vez, en respuesta a una reclamación social.

El marco legislativo italiano se basa en el Código del Turismo, que obliga a las autoridades locales a eliminar las barreras arquitectónicas y a fomentar instalaciones que garanticen la accesibilidad. A cambio, el gobierno ofrece incentivos y financiación a los municipios que den prioridad a estas políticas en sus planes de desarrollo turístico.

Al igual que en España, estas iniciativas suelen estar respaldadas por políticas regionales que subrayan la importancia del turismo accesible como motor de crecimiento económico e inclusión social. Además, la Bandera Azul forma parte del paisaje de integración junto a las iniciativas locales como "Village for All", donde se trabaja para identificar y promover destinos turísticos accesibles.

Foto: Un turista disfruta del clima cálido en la playa de Nea Chora, isla de Creta, en agosto de 2023. (Getty Images/NurPhoto)

Lo mismo sucede en Grecia, donde la Bandera Azul es un símbolo de calidad gestionado por la Sociedad Helénica para la Protección de la Naturaleza desde 1992. Al margen, se desarrollaron acciones como la "Mejora y modificación de la accesibilidad a las playas griegas", financiada por el Fondo de Recuperación y Resiliencia.

En concreto, se presentaron un total de 155 solicitudes con un presupuesto de más de 30 millones de euros frente a un presupuesto disponible de 17 millones. Este programa ofrece una financiación del 100% a municipios y empresas para crear playas accesibles ofreciendo hasta 70.000€ por playa y hasta 4 playas por número de identificación fiscal.

"Así que tienen muy pocas opciones sobre dónde ir de vacaciones a Lituania"

Desde Lituania, la presidenta del Foro de Organizaciones de Discapacitados, Indrė Širvinskaitė, advierte que en muchas ocasiones estas personas no cuentan de antemano con la información sobre si un sitio es o no accesible, "y esto causa muchos inconvenientes". "También es importante recordar que las personas con movilidad reducida necesitan habitaciones adaptadas para alojarse y no hay suficientes. Así que tienen muy pocas opciones sobre dónde ir de vacaciones a Lituania", aclara.

Širvinskaitė matiza que el problema en algunos casos consiste en que "los lugares están parcialmente adaptados, por lo que es difícil evaluar esa accesibilidad". Además, puntualiza que en Lituania falta regulación al respecto.

El país báltico tiene clara la necesidad de adoptar medidas para la adaptación, pero es consciente de que la falta de información o de recursos determina las posibilidades del individuo. "No sólo es necesario un sendero accesible, sino también tener en cuenta la accesibilidad de las instalaciones adyacentes, al menos en lo que respecta a la adaptación de aseos, aparcamientos y otras infraestructuras, y a la provisión de información", añade.

Desde España hasta Lituania todos comparten la misma premisa: la falta de regulación. Al final, la accesibilidad queda a la deriva de la voluntad de presupuestos e instituciones locales que decidan invertir tiempo y recursos en ello. Y en ocasiones, no es suficiente. "Al final la definición de accesibilidad se pierde si siento que no puedo bajar a la playa", concluye Nerea.

Nerea tiene 39 años y es de Málaga, en la Costa del Sol, donde el plan por excelencia de verano es pasar el día en la playa con una sandía enterrada en la orilla y llevar unas pipas para el atardecer. Poder disfrutar del salitre y la arena empezó a ser más complicado para ella en 2015, cuando su enfermedad rara mitocondrial le abrió la puerta a la realidad de las personas con movilidad reducida. Ahora, con un 75% de discapacidad, ir a la playa se ha convertido en una aventura diferente.

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