La Audiencia tumba la mayor parte de Tsunami y deja a Puigdemont a un paso de librarse de la causa por terrorismo

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado nulas todas las diligencias que el magistrado Manuel García-Castellón ha acordado en la causa de Tsunami Democràtic desde el 29 de julio de 2021. Esto afecta también a su decisión de enviar parte del procedimiento al Tribunal Supremo para investigar a Carles Puigdemont por delitos de terrorismo, lo que provocó la apertura de una causa cuya continuidad queda ahora en el aire.

En la resolución notificada este lunes, la Audiencia Nacional atiende el recurso de la investigada Marta Molina y concluye que la prórroga que García-Castellón dictó en julio de 2021 fue extemporánea: “No cabe sostener, sin detrimento de la congruencia, que un plazo finaliza el 29 de julio de 2021 y también que no ha finalizado el día 30 siguiente”. Este dictamen obliga a García-Castellón a dictar una nueva resolución para aclarar si archiva el procedimiento o sigue adelante con él, pero sin tener en cuenta todo lo que ha averiguado durante los últimos tres años.

En el caso de Puigdemont, el movimiento clave se produjo el pasado noviembre, cuando el magistrado envió al Supremo los indicios que había recabado contra él. "Se situaría en el vértice más alto de la organización de Tsunami. Su posición como expresidente y líder desde Bruselas del independentismo le atribuye una posición de autoridad incuestionable", advirtió en su escrito. "Existen indicios que permiten inferir su participación en el nacimiento y planificación de las acciones".

El Supremo atendió la postura de García-Castellón el pasado febrero y abrió una causa contra Puigdemont por delitos de terrorismo. La magistrada Susana Polo quedó como instructora y su investigación pende ahora de un hilo, lo que se solapa con la posible aplicación de la amnistía a la misma.

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De hecho, Polo ya había pedido a la Fiscalía y al resto de partes que se pronunciaran sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la nueva ley. Tras el auto que ha notificado la Audiencia Nacional, queda por ver la respuesta que recibe al respecto.

De Alay a Rovira

La decisión de la Sala de lo Penal puede afectar de forma distinta a los investigados. Según advierten los magistrados, será ahora García-Castellón el que, con libertad de criterio y ajustándose a las diligencias practicadas dentro del periodo de instrucción que concluyó hace tres años, resuelva lo que considere oportuno. Por un lado, respecto a la investigación que él mismo sigue instruyendo en la Audiencia Nacional y, por otro, sobre la validez de la exposición razonada que envió al Supremo para imputar a Puigdemont.

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El director de la oficina del expresident, Josep Lluis Alay, es otro de los investigados en la Audiencia Nacional que había apuntado a que la prórroga se había acordado fuera de plazo, pero la propia Sala de lo Penal rechaza su recurso y descarta que el dictamen obligue a acordar el sobreseimiento de la causa para él. Los magistrados apuntan para ello a que Alay ya constaba como investigado antes del 29 de julio de 2021, aunque no hubiere prestado declaración como tal en el procedimiento.

Otra de las investigadas en la Audiencia Nacional es la secretaria general de ERC, Marta Rovira. García-Castellón no acordó su imputación hasta el pasado noviembre por delitos de terrorismo, pero queda por ver hasta qué punto considera que antes de julio de 2021 también existían indicios suficientes contra ella.

Ese mismo análisis se extenderá a otras nueve investigados: Xavier Vendrell, exmilitante de Terra Lliure y exsecretario de Organización de ERC; Oriol Soler, empresario de la comunicación de la órbita de ERC; Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales de ERC; Josep Campmajó, empresario de Girona que presuntamente ejercía como lugarteniente de Vendrell; Jesús Rodríguez, empresario y trabajador del periódico La Directa; Jaume Cabani, cerebro económico de la estructura de Puigdemont en el extranjero; Oleguer Serra, consejero ejecutivo de Òmnium Cultural; Nicola Flavio, que presuntamente realizó una aportación económica a Tsunami, y Ruben Wagensberg Ramón, exdiputado y cuarto secretario del Parlament de Cataluña por ERC.