García-Castellón archiva Tsunami tras invalidar la Audiencia todo lo investigado desde 2021

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha archivado la causa Tsunami Democràtic en la que figuraba como investigada la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por delitos de terrorismo. También ha remitido testimonio de su decisión al Tribunal Supremo, donde se mantiene abierta una causa contra Carles Puigdemont por los mismos hechos.

García-Castellón atiende así el criterio de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que este mismo lunes invalidó todas las diligencias que se habían acordado en la causa desde el 29 de julio de 2021. Según concluyó el tribunal, la prórroga que el magistrado acordó aquel mes se produjo fuera de plazo por 24 horas: “No cabe sostener, sin detrimento de la congruencia, que un plazo finaliza el 29 de julio de 2021 y también que no ha finalizado el día 30 siguiente”, advirtieron sus magistrados.

La principal beneficiada de este dictamen es Rovira. Más allá de Tsunami, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena la mantenía procesada por desobediencia en la causa del procés, pero el 1 de julio concluyó que la amnistía sería aplicable a ese delito y levantó la orden de detención contra ella. La decisión final está pendiente de una posible consulta al Tribunal Constitucional, pero, incluso si siguiera procesada por desobediencia, este delito no conlleva cárcel, sino multa e inhabilitación.

En cuanto a Puigdemont, su condición de aforado llevó a que el Tribunal Supremo se hiciera cargo de la investigación contra él por posibles delitos de terrorismo en Tsunami Democràtic. La magistrada Susana Polo consta como instructora de esta causa paralela desde el pasado febrero, pero todo apunta a que también acabará archivándola.

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"Por último, a la vista del interés del auto dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal y la presente resolución, pónganse las mismas en conocimiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para su unión y demás efectos que procedan en su procedimiento", acuerda el propio García-Castellón en la resolución de este lunes.

El magistrado aboca, por tanto, a que Puigdemont se libre de su imputación por terrorismo en los próximos días, pero su situación en la causa del procés es distinta a la de Rovira. En su caso, Llarena le mantiene procesado por malversación y considera que este delito no resulta amnistiable, lo que también ha provocado que la orden de detención nacional contra él siga vigente.

El resto de investigados

Para García-Castellón, la causa de Tsunami incluía hechos que son susceptibles de manera inequívoca de un delito de terrorismo, pero, tras el pronunciamiento de la Sala de lo Penal de este lunes, "no existen motivos suficientes" para atribuir su comisión a los investigados. Según explica en su resolución, la decisión del tribunal solo le dejaba dos salidas: intentar mandarles al banquillo con lo averiguado hasta junio de 2021 o dar carpetazo a la causa.

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Pablo Gabilondo

"Respecto de la primera opción, esto es dictar el auto de procedimiento abreviado, (...) las únicas diligencias de instrucción que deben tenerse en cuenta son las practicadas y acordadas, aun cuando no hubiesen sido ejecutadas en su totalidad, en fecha anterior al día 29 de julio de 2021, de lo que se desprende la imposibilidad de continuar por esta vía por cuanto antes de esa fecha no pudo acordarse ni llevarse a efecto la toma de declaración de ninguno de los investigados", advierte.

"Por lo tanto, debemos acudir al sobreseimiento y archivo de la causa (...), que en el presente caso, teniendo en consideración los diferentes atestados policiales aportados, así como la valoración conjunta y total de todo lo recopilado hasta el 29 de julio de 2021, procede acordar de forma provisional", concluye.

Además de a Rovira, esta decisión afecta al jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay; la dirigente de ERC Marta Molina; el empresario Oriol Soler; el exsecretario de Organización de ERC Xavier Vendrell; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el empresario Josep Campmajó; el considerado tesorero de Tsunami Jaume Cabani; el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra y el banquero Nicola Flavio Guilio. En el Supremo, consta a su vez como investigado Ruben Wagensberg Ramón, exdiputado y cuarto secretario del Parlament de Cataluña por ERC.