Pesimismo en el PP sobre el pacto para el reparto de menores: "Va a ser muy complicado"

Solo restan dos días para que arranque la reunión clave en la que se decidirán los criterios para la reubicación de los menores migrantes, y las posibilidades de alcanzar un consenso entre Gobierno y comunidades autónomas comienzan a difuminarse. Tanto dirigentes nacionales como territoriales del PP afrontan el cónclave con un pesimismo exacerbado. La "solidaridad" sigue siendo la bandera que agitan las comunidades autónomas gobernadas por los azules —que son mayoría— pero, al mismo tiempo, desconfían de la falta de interlocución con el Ejecutivo, la ausencia de detalles sobre cómo se plasmarán sus peticiones sobre financiación y de si Cataluña quedará o no fuera del reparto. La posibilidad de un pacto cuenta con más interrogantes que nunca.

El pesimismo recorre todo el partido, sin excepción. Ni siquiera en el PP de Canarias ven opciones reales de salir de la conferencia sectorial de este 10 de julio con un pacto firmado. El popular Manuel Domínguez cogobierna las islas junto a Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, impulsor del acuerdo, junto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Y el vicepresidente es el principal interesado en lograr un consenso por las tensiones que podría originar un portazo del PP a nivel nacional en su coalición de gobierno.

Fruto de ese interés, Domínguez ha mantenido un contacto "constante" tanto con los barones del PP como con Alberto Núñez Feijóo. Y ha constatado, según fuentes conocedoras de esas conversaciones, que las opciones de acuerdo son mínimas. "Es muy complicado que salga", revelan fuentes cercanas al dirigente canario. ¿Por qué? Los motivos son dispares. Desde regiones que rechazan directamente el planteamiento de modificar la Ley de Extranjería hasta territorios donde genera "mucha incertidumbre" la situación con Cataluña, la falta de concreción financiera por parte del Gobierno o que se hable de "imposición" y no de "voluntariedad" en términos de acogida.

Por eso, y para no quedar "colgados de la brocha", el PP de Canarias asegura estar planteando a las CCAA de su mismo signo una "propuesta alternativa", aunque en ningún caso estaría lista antes de que acabe julio. Las fuentes consultadas aseguran que esa posible "solución" a un hipotético bloqueo en el Congreso aún está por pulir, pero pasaría por buscar la manera de incentivar la voluntariedad para no imponer por ley la acogida de menores, o trabajar en la "burocracia" para agilizar el sistema de traslados entre comunidades. Medidas intermedias que ayuden a aliviar el "colapso" que viven las islas, aunque no lo solucionen del todo. "La modificación de la Ley de Extranjería no puede ser la única vía", inciden.

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La desconfianza se deja sentir también en el resto de regiones gobernadas por el PP. "Debería ser una política de Estado, y el Gobierno parece pensar mucho más en montar lío que en arreglar el problema", expone un barón popular, que pone especialmente el foco en la posibilidad de que Cataluña quede fuera del acuerdo. Como publicó El Confidencial, Junts ha elaborado ya una enmienda al texto de la reforma de la ley para que no incluya a la región catalana en el cómputo territorial del reparto de inmigrantes, e invocan al compromiso adquirido por la Moncloa con la Generalitat hace unos meses sobre la cesión de las competencias migratorias. El Gobierno accedió a cambio del apoyo de Junts a tres decretos en el Congreso.

Aunque cada región cuenta con sus propias "particularidades" que deben ser atendidas por el Ejecutivo, como reclama la Comunidad de Madrid, en líneas generales las CCAA del PP exigen un acuerdo que respete tres parámetros generales: financiación ajustada; igualdad y equidad en el reparto; e información por parte del Gobierno. Al menos según el relato del PP, nadie sabe si se van a cumplir los dos primeros criterios porque no cuentan con el tercero. "Aquí no ha llamado nadie", se queja otro presidente autonómico, un lamento que comparten en otros territorios.

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Regiones como la de Murcia elevan el precio y piden llegar a un consenso sin modificar la Ley de Extranjería, ya que el borrador presentado por el Gobierno —que, en caso de acuerdo, podría completarse con los criterios autonómicos tras la reunión de este miércoles— "no garantiza la financiación" y, además, "invade competencias". En la comunidad presidida por Fernando López Miras recuerdan que "ya existen mecanismos de coordinación a través de acuerdos con las comunidades autónomas", y alinean su discurso a la posición dura que ha exhibido Génova en los últimos días: piden contingencia migratoria y un plan en las fronteras.

El ambiente tampoco es más optimista en Génova. Si hace 10 días Feijóo se mostraba públicamente dispuesto a lograr un acuerdo y apelaba a la "solidaridad" de sus regiones para aliviar a Canarias, Ceuta y Melilla, ahora aleja también la posibilidad de un acuerdo. El líder del PP delegado toda la responsabilidad en sus comunidades autónomas. Si hay consenso y aceptan un acuerdo, lo votarán en el Congreso. Pero si no es así, se posicionarán en contra. El temor que empieza a rondar en la cabeza de los dirigentes de Génova es si el Gobierno intentará maniobrar de forma unilateral en la Cámara Baja, aunque no haya acuerdo entre las comunidades autónomas.

La dirección del PP ha extremado su discurso antimigratorio con el paso de los días, en parte para no dejar un carril libre a Vox o Alvise, y exigen al Ejecutivo que antes de aprobar nuevas derivaciones se comprometa a elaborar un plan para controlar las fronteras de la mano de la Unión Europea. Los decibelios fueron subiendo, hasta el punto de defender desplegar buques de la Armada para frenar la llegada de nuevos cayucos, una iniciativa que siempre han abanderado los de Abascal. La pelota, dicen, está en manos del Ejecutivo. "Si llegan a la reunión con chulería, a reírse de las comunidades y a decir que acojan inmigrantes por su incompetencia, no va a haber acuerdo", advierten.

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A toda esta maraña de reproches hay que sumar la presión que está ejerciendo Vox y su amenaza de quebrar los pactos de gobierno con el PP en las seis regiones donde conviven. Santiago Abascal ya había advertido que incumplir los pactos de gobierno suscritos con su partido en materia migratoria sería una "línea roja" que llevaría a "repensar" esas alianzas. Pero el pasado viernes dio un paso más y advirtió que si los presidentes del PP "no hacen lo que esté en su mano para evitar promover la inmigración ilegal, entenderemos que esos pactos están rotos".

Por el momento, ni en las baronías ni en Génova ven el órdago de Vox como un "problema". Los populares ven un "farol" en la amenaza de Abascal, y recuerdan que ya ha lanzado esa misma advertencia en otras ocasiones, como cuando Vox exigía al PP que se negase a tramitar la ley de amnistía en el Senado. "Y no pasó nada", dicen en la dirección nacional del partido. Con todo, el acuerdo migratorio podría pender de un hilo. Este miércoles, tanto Gobierno como comunidades saldrán de dudas.