PSOE y PP pactan la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha con incremento de parlamentarios: de 35 a 59

Si nada se tuerce, Castilla-La Mancha tendrá nuevo Estatuto esta legislatura. Y será fruto de un gran acuerdo entre el PSOE y el PP. Ambas formaciones han pactado la actualización del texto, registrada este lunes por los socialistas en el Parlamento autonómico. La actualización prevé una modificación del número máximo de parlamentarios con los que pueden contar las Cortes regionales. El tope actual, fijado en 35, pasará a 59. Es un cambio significativo para la región, que con 2,1 millones de habitantes, actualmente tiene el mismo número de representantes, 33, que La Rioja, con 324.000 vecinos. Vox, al margen del pacto, ha censurado el mismo y ha reprochado a socialistas y populares que se preocupen únicamente de los “repartos” y las “paguitas”.

El número de parlamentarios que tiene Castilla-La Mancha es una anomalía si se compara con otras comunidades autónomas. Por ejemplo, el País Vasco, con una población similar, tiene 75 representantes en su Cámara regional. La reducción de parlamentarios fue introducida en 2014 por el Gobierno de María Dolores de Cospedal y no estuvo exenta de polémica, con recurso ante el Tribunal Constitucional incluido. El PP aprobó entonces un tope máximo de 35 parlamentarios, si bien la ley electoral fijó el número total en 33. Ahora, Castilla-La Mancha podría ver ampliado el aforo de su Cámara hasta los 59, siempre y cuando el cambio en el Estatuto venga acompañado de una modificación en la ley electoral.

Este es un requisito del PP, que también exige una actualización del reglamento de las Cortes regionales, las únicas en España que no contemplan los plenos de control. “Son tres patas de una misma negociación”, recuerdan fuentes populares a El Confidencial. Por tanto, PSOE y PP deberán cerrar ahora otro acuerdo que fije el número de parlamentarios en virtud del nuevo límite introducido en la reforma estatutaria. Fuentes del Gobierno que dirige Emiliano García-Page recuerdan que fue un compromiso electoral, por lo que todo hace indicar que también saldrá adelante a la espera del número exacto.

“Ya se han cerrado los repartos y solo queda aprobarlo. Les interesa su propio interés con las paguitas y con aumentar el número de diputados. Obviamente, trabajan menos con 20 que con 10”, ha censurado Iván Sánchez, el portavoz parlamentario de Vox una vez conocido que el PSOE se disponía a registrar la reforma del Estatuto. Sánchez también ha censurado que ni socialistas ni populares hayan querido contar con ellos y ha cargado contra García-Page por su falta de transparencia. “Podemos estar a favor o en contra de la autonomía, pero tenemos voz para opinar sobre la reforma del Estatuto, que solo quiere aumentar el número de diputados de 33 a 59 para llenarse sus bolsillos”, ha zanjado.

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La reforma estatutaria, acordada “en un 90%” entre los dos grandes partidos, recoge también las sentencias del Tribunal Supremo en favor de un caudal mínimo ecológico para el Tajo. Es decir, “fija la postura de Castilla-La Mancha” respecto al trasvase del Tajo-Segura, punto de choque con la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. “Se introduce de manera transversal nuestros derechos de agua como motor económico, social y de sostenibilidad ambiental después de que la normativa europea, las sentencias del Tribunal Supremo y la nueva planificación hidrográfica nos hayan dado la razón”, especifica la nota difundida por el PSOE.

Entre otras novedades, el texto introduce la posibilidad de que Castilla-La Mancha promulgue decretos leyes, algo no contemplado hasta ahora, se reconoce el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, se incluyen las sesiones de control al Ejecutivo regional, y se establece que determinadas modificaciones, como la del número de parlamentarios máximo, deberán ser aprobadas a partir de ahora por una mayoría cualificada de tres quintos.

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Inés P. Chávarri

El acuerdo cerrado entre socialistas y populares recoge también la eliminación de los aforamientos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en todos los asuntos jurídicos que no estén estrictamente relacionados con decisiones propias del cargo institucional. Incluye además una disposición adicional que establece la petición de una garantía para que las inversiones del Estado se realicen de acuerdo con “criterios de equilibrio territorial y teniendo en cuenta factores como la población, la dispersión geográfica o la densidad poblacional”.

Una vez registrado el texto en las Cortes, la Mesa tendrá que calificar la propuesta para dar el pistoletazo de salida al trámite. Durante el mismo, la sociedad civil podrá hacer aportaciones, también Vox, el otro único partido con representación en las Cortes regionales. Una vez ratificado por el Parlamento regional, deberá ser enviado al Congreso de los Diputados, que dará la luz verde definitiva a través de una ley orgánica.