Caos migratorio: el Gobierno ignora cómo se reparten los 13.000 menores por España

España se muestra incapaz de ofrecer una respuesta de Estado a la crisis migratoria, igual que la Unión Europea sufre el bloqueo de sus países miembros ante el mismo problema. Las comunidades autónomas han traicionado el principio de solidaridad interterritorial a pesar de la situación límite que vive Canarias, donde se hacinan 5.500 menores extranjeros no acompañados que llegarán a 11.000 a final del año según las previsiones. Mientras tanto, el Gobierno central exhibe su inoperancia a la hora de articular un sistema de reparto equilibrado de estos menores, por ser su tutela competencia de las autonomías. Puede guiar, pero no imponer. Y tiene una visión parcial porque, aunque existe un "registro de menas", el Ejecutivo admite no tener toda la información porque los sistemas de acogida no están interconectados. Además, la realidad de este colectivo es tan cambiante que, según advierten desde los territorios y publicó este periódico, se hace imperativo crear un código para controlar sus movimientos y evitar su tránsito descontrolado por la Península.

Más allá de consideraciones de parte, el hecho objetivo es que la respuesta de las CCAA ha sido vergonzante. Apenas 4 gobiernos autonómicos (dos del PP y dos del PSOE) han respondido a la llamada de auxilio para hacerse cargo de los 339 menores que prometieron acoger hace diez meses. En total, han sido 37 los jóvenes trasladados desde Canarias a la Península (Aragón se ha hecho cargo de 16, otros 16 han ido a Asturias y 5 llegarán pronto a Navarra). Andalucía, por su parte, ha recibido a otros 36 menores migrantes procedentes de Ceuta.

Estas aseguran que atienden a más chicos de los que tiene registrados el Ejecutivo, afirman que están dispuestas a asumir más si el Gobierno le proporciona los recursos suficientes al tiempo que reclaman que declare la emergencia en todo el país para agilizar la apertura de nuevas plazas, de las que tampoco hay información completa. Esa falta de una radiografía de conjunto y, en definitiva, la desconfianza política entre los distintos niveles de la administración entorpecen la búsqueda de una "solución estructural" al gran reto demográfico.

El procedimiento tasado para la colaboración entre CCAA tampoco ayuda. Canarias debe firmar un acuerdo bilateral con cada comunidad, para luego enviar un documento con el protocolo y las fichas de los menores asignados. Sin embargo, fuentes de la administración insular aseguran que dos de ellas (Extremadura y Madrid) aún ni han contestado, mientras que la mayoría "está mareando la perdiz" en un mercadeo imposible sobre el número de plazas disponibles y los perfiles: "Algunos nos piden niñas y los de corta edad", denuncian desde el archipiélago sin ocultar su desesperación por la burocracia y la escasa voluntad.

Los ejecutivos del PP niegan esta versión y aseguran que su disposición es sincera, aunque se oponen a una reforma legal que les obligue. "Hay que saber que esta no es una decisión temporal, supone años de asistencia integral", responden. Andalucía ofrece cobertura a los extutelados que alcanzan la mayoría de edad hasta que cumplen 25, otras hasta los 23 y la mayoría hasta los 21.

Ante el flagrante incumplimiento de lo acordado, los Gobiernos central y canario llevan este jueves a la conferencia sectorial con las CCAA su propuesta de reforma urgente de la Ley de Extranjería que establezca un reparto forzoso atendiendo a criterios aún por definir. Se pretende así poder activar la derivación automática desde aquellas regiones que superen el 150% de sus capacidades. Una idea que tiene sublevadas al resto, la mayoría del PP, que claman por la falta de información previa, rechazan cupos impuestos por ley y avisan de que también ellas sufren saturación.

En buena parte esto es así porque han recibido a cientos de inmigrantes trasladados por el Ministerio de Migración a la Península como si fueran adultos, pero que al aterrizar en sus destinos confirmaron ser menores. El ejemplo más claro es Andalucía, que ha inscrito a 454 menores "camuflados" y exige al Gobierno que lo tenga en cuenta al analizar su red de acogida, que asiste hoy a 742 tutelados y es una de las más desarrolladas por la condición de "frontera del sur" de Europa.

De ahí que sea difícil tener una fotografía nítida de la situación de los menores extranjeros no acompañados y su distribución por nuestro país. Los distintos ministerios implicados rechazan ofrecer datos actualizados conscientes de que una parte notable de la población los ve como una fuente de conflicto; sin importar el eje ideológico, como han puesto de manifiesto alcaldes de todos los colores.

El último informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, al que tuvo acceso La Vanguardia, apunta a 13.600 menores extranjeros inscritos en España en el primer semestre del año. Según el Observatorio Permanente de la Inmigración, a 31 de diciembre de 2023, había 15.045 personas entre menores y extutelados hasta los 23 años, de los cuales solo el 6% son mujeres. En términos de nacionalidad, el 67% son marroquíes. Interior reconoció en una respuesta parlamentaria al PP que el número de menores inscritos en nuestro país ha aumentado un 200% en los últimos ocho años, más de un 3.000% en Canarias, aunque estos datos son de octubre, por lo que solo recogen la mitad (3.030) de los 5.600 niños que esperan en las islas.

Según estos datos de octubre pasado, al archipiélago le sigue en población migrante no acompañada: Andalucía (1.707) inscripciones; Cataluña (1.337); la Comunidad Valenciana (1.016); Madrid (849); Euskadi (677) y a más distancia Baleares (319).

Madrid, en el disparadero siempre, asegura que en el primer semestre de 2024 ha dado asistencia a 1.239 menores, casi tantos como en todo 2023, si bien no aclara la cifra de tutelados actuales ya que muchos solo están de paso. La comunidad dispone de 359 plazas y, ante la acusación del Gobierno central de que no invierten lo suficiente, prevé abrir un nuevo centro en Fuenlabrada para otros 100 menores. En todo caso, su "coladero" es Barajas, por donde están llegando en este momento la mitad de los menores no acompañados, según fuentes de Sol.

Otras cifras compartidas por las CCAA: Comunidad Valenciana (317 plazas oficiales, 418 menores acogidos); Aragón (134 menores en 104 plazas); Murcia (235 tutelados, de los que 70 proceden de la ruta canaria) y Baleares (213 jóvenes en su red asistencial).

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Además, hay que tener en cuenta que no todas han desarrollado su red de acogida a la misma velocidad. La presión migratoria es asimétrica, con puntos de mucha mayor presión migratoria (Canarias, Ceuta y Melilla, Andalucía, aunque también los pasos fronterizos hacia Europa como son Cataluña y Euskadi) que otras. Por eso demandan al Gobierno que declare el estado de emergencia migratoria en todo el país, no solo en las islas, lo que permitiría a las autonomías agilizar los contratos para abrir nuevos centros o contratar más recursos.

Las diputaciones vascas acogen a 732 menores (551 en Vizcaya, 142 en Guipúzcoa y 70 en Álava), mientras que en su vecina La Rioja apenas constan registrados 9 menores. Extremadura atiende en este momento a 74 menores extranjeros tutelados y a 249 españoles. Curiosamente, y pese a la polémica suscitada por Junts al exigir que se le excluya del reparto, el consejero catalán de asuntos sociales estará presente hoy en Tenerife junto a otros seis responsables autonómicos más; el resto se conectará de manera telemática.

La reunión estará presidida por los ministros de Infancia y Juventud, Sira Rego, y de Política Territorial, Víctor Ángel Torres. El anfitrión e impulsor de todo este proceso de búsqueda de soluciones es el presidente canario, Fernando Clavijo.