Génova rechaza imponer por ley el reparto de menores pese a la presión de Canarias y Ceuta

Aunque Génova intenta poner el foco en el "desastre" de la política exterior del Gobierno, lo cierto es que el desafío migratorio —que sufren de forma especial Canarias, Ceuta y Melilla— ha situado a Alberto Núñez Feijóo en una encrucijada. Pese a compartir unos criterios comunes, la situación de cada comunidad es distinta, y cada una defenderá sus propios intereses en la reunión sectorial prevista este miércoles, en la que se debatirá la reforma de la Ley de Extranjería a propuesta del Ejecutivo central y del gobierno de Canarias y los criterios para el reparto de los miles de menores no acompañados que colapsan sus servicios asistenciales.

En general, las regiones del PP —gobiernan o cogobiernan en 14 comunidades, incluyendo Ceuta y Melilla— se abren a acoger a más niños y adolescentes y firmar nuevos convenios para aliviar la situación de Canarias, un respaldo condicionado a que el Gobierno actúe con "rigor" y aporte más medios económicos y materiales a las comunidades, especialmente en aquellas que se han declarado "saturadas", como es el caso de Andalucía, la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia. Pero las CCAA rechazan casi de forma coral que el Gobierno les obligue por ley a asumir la tutela de los menores. Y es un criterio que Génova comparte.

Al menos en este momento y a la espera de que el Gobierno enseñe todas sus cartas en la cita de este miércoles, en la dirección del PP se oponen de forma taxativa a apoyar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que propone convertir la solidaridad intercomunitaria en un compromiso "vinculante" para agilizar los repartos de menores no acompañados "cuando resulte imprescindible su redistribución", como una especie de mecanismo para prevenir la saturación de la frontera sur ante nuevas oleadas migratorias.

La posición de Génova es relevante, ya que más allá de la postura que esgriman las comunidades en la conferencia sectorial, será Alberto Núñez Feijóo el que tenga que fijar una directriz de voto en su grupo parlamentario a la reforma de la ley. El Gobierno ya avanzó, pase lo que pase en la cita de este miércoles, que su intención es tramitar el cambio de la norma en el Congreso antes de que finalice el mes de julio. "Todo acabará en pocos días con una manifestación parlamentaria, y ahí es donde nos vamos a retratar todos los grupos", aseguró el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más odiado | "Es demasiado tarde para hablar de inmigración"

Alberto Olmos Juan Soto Ivars

El Gobierno no esconde su inquietud, ya que para que salga adelante la reforma de la Ley de Extranjería necesita, como mínimo, la abstención del PP por las reticencias de Junts sobre la cuestión migratoria y la falta de una mayoría sólida en el Congreso. Y, al menos por ahora, Génova rechaza negociar una reforma que implique "imponer" a sus comunidades autónomas la acogida de menores. Se inclinan, en sintonía con la mayoría de sus regiones, por acordar nuevos repartos, aunque siempre desde la "voluntariedad".

La postura que esgrimen en la dirección nacional del PP choca, no obstante, con la presión que ejerce tanto el PP de Canarias como Ceuta, que gobierna también el popular Juan Jesús Vivas. El líder ceutí, que no es la primera vez que se posiciona con el Gobierno y no con Génova en cuestiones migratorias, situó la reubicación de niños y adolescentes irregulares como una "cuestión de Estado", y presionó públicamente a Feijóo para que diese su aval a la reforma legislativa ante la "situación insostenible" en Ceuta y Canarias. "Hay que modificar la Ley de Extranjería para que las derivaciones no sólo sean vinculantes, sino que sean automáticas", declaró este martes en Cadena Ser.

TE PUEDE INTERESAR

Preocupación en el Gobierno a que el reparto de menores no se acuerde con el PP: "No hay plan B"

Marisol Hernández

Y no es el único. El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, apoya la iniciativa del presidente Fernando Clavijo para intentar modificar la ley, siempre y cuando, matizan en su equipo, el Ejecutivo tenga en cuenta la "ficha financiera" que exigen las comunidades autónomas. "El Gobierno de Canarias defenderá la reforma", inciden en el equipo del dirigente popular, donde reiteran que no hay división en el ejecutivo canario y se adelantan a parchear la tensión que podría generar el rechazo del PP en el Congreso a su alianza territorial con Coalición Canaria.

La reunión entre Gobierno y comunidades autónomas arrancará en Tenerife a las seis de la tarde (hora peninsular). El segundo punto del orden del día establece que se informará a los consejeros regionales de la propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, y los dirigentes autonómicos tendrán posibilidad de conocer con mayor detalle la iniciativa del Ejecutivo, así como exponer sus criterios.

El tercer punto abordará el acuerdo para aprobar la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas de un cupo de 347 menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla, un reparto que forma parte del Plan de Respuesta ante la Crisis Migratoria para menores migrantes 2022-2023, que ya se aprobó hace dos años. Dicha reubicación quedó en suspenso durante la última conferencia sectorial —celebrada a principios de junio— porque las comunidades querían conocer más detalles de la reforma legislativa del Ejecutivo antes de abordar esta cuestión.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno garantiza que Cataluña acogerá menores y el PP exige un "fondo de contingencia"

Marisol Hernández Ana Belén Ramos

El acuerdo incluye una dotación de 20 millones de euros de aplicación presupuestaria para el cuidado y atención de esos niños y adolescentes en todo el territorio nacional. En este caso, tanto las comunidades del PP como Génova se muestran proclives a votar a favor y hacer un "sobreesfuerzo", aunque insisten en la necesidad de que el Gobierno habilite más medios económicos para las comunidades. Este martes, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, exigió al Ejecutivo de un "fondo de contingencia" para abordar estos gastos derivados del actual reparto y de posibles redistribuciones tras nuevas oleadas migratorias.

Hay que recordar que el borrador de la reforma legislativa pactada entre Clavijo y el Gobierno prevé incluir nuevas medidas en materia de financiación para agilizar los traslados, que se concretarían una vez escuchadas las peticiones de las distintas comunidades. Aún así, el PP recela de la propuesta e insiste en seguir siendo "solidarios", pero con el sistema actual. "Nuestra capacidad instalada se pondrá a disposición, y donde haya capacidad de ayudar, ayudaremos", insisten en Génova. Este martes, el PP elevó una carta a Ursula von der Leyen reclamando más efectivos del Frontex en Canarias y un "programa de reubicación urgente" de inmigrantes en la UE.

Sólo Canarias tiene 6.000 jóvenes migrantes acogidos en sus centros, unos 3.000 por encima de su capacidad. Además, la previsión que hacen en la dirección nacional del PP es que en las próximas semanas lleguen a las islas hasta 11.000 inmigrantes irregulares, por lo que exigen previsión al Ejecutivo con el control fronterizo y coordinación con las comunidades en materia financiera. En el Gobierno se defienden e insisten en que la política de acogida de menores migrantes es competencia de las autonomías, y se preguntan por qué éstas no han creado en los últimos años las infraestructuras necesarias para acoger a estas personas. "El Gobierno está cumpliendo en los centros dependientes del Estado, con más de 50.000 plazas destinadas a este fin", defienden.

La presión de Vox

A la espera de cómo se materialicen las nuevas distribuciones, Feijóo tendrá que lidiar también con la amenaza de Vox de romper sus pactos autonómicos si se abre a acoger a nuevos inmigrantes en las regiones donde cogobiernan, es decir, en Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla y León. Los de Santiago Abascal ya han amagado en otras ocasiones con revisar sus acuerdos territoriales ante la "estafa", pero esta vez el órdago ha tomado consistencia. "No es una broma", reiteró la portavoz parlamentaria de los ultraconservadores, Pepa Millán.

Como publicó El Confidencial, en Génova no se sienten concernidos por el "chantaje" de Vox e, incluso, tanto dirigentes nacionales como territoriales les retan a abandonar sus ejecutivos, aunque ello implique precipitarse al abismo de gobernar en minoría. Aunque repudian el método obligatorio, las CCAA del PP sí están dispuestas a acoger a más menores irregulares dentro de sus capacidades, los que podría dinamitar definitivamente sus pactos con Vox. Este martes, Sémper también dejó clara la postura del partido. "Las amenazas y los chantajes no funcionan con Feijóo (...) Ellos verán lo que hacen".