Despacho, contratos, domicilio…: lo que la UCO busca del hermano de Pedro Sánchez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró a primera hora de este miércoles la Diputación de Badajoz por orden de la jueza que está investigando al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, trasladó una serie de preguntas a la Diputación el pasado 18 de junio y ahora confía en responderlas con los documentos que han requisado los agentes.

Su primera línea de investigación se centra en el trabajo que David Sánchez desempeña en esta institución, para lo que apunta a posibles delitos contra la Administración Pública como "prevaricación, tráfico de influencias, malversación o enriquecimiento ilícito". De forma paralela, la jueza pone el foco en "si tiene su residencia fiscal en España o Portugal" ante la sospecha de que también podría haber incurrido en delitos contra Hacienda.

Su puesto en la Diputación

Tras abrir la causa el 30 de mayo, Biedma reclamó "toda la documentación relativa a la contratación" del hermano de Sánchez en 2017 "como coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura". Esta información debía incluir "la referente a su proceso de selección", así como "un informe detallado sobre sus funciones esenciales y efectivo desempeño de las mismas, horario, salario y la existencia de autorización para (...) teletrabajo".

Una vez recibida la documentación, la jueza dictó un nuevo auto el pasado 18 de junio en el que pedía a la Diputación que aclarara varios puntos. El primero de ellos se centra en si existe un "sistema de control horario de entrada y salida", pues su contrato recoge que debe "desarrollar sus funciones dentro de la jornada laboral". Según sostiene Manos Limpias en la denuncia que ha dado origen al procedimiento, el hermano del presidente percibe "un sueldo público sin ir a trabajar".

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Para aclarar esta cuestión, Biedma pregunta cuál es "la localización física del despacho" y si está "autorizado para compatibilizar su labor profesional con cualquiera otra de naturaleza pública o privada", lo que relaciona con el hecho de que para este puesto se le exige "plena dedicación". Además, considera necesaria una explicación sobre el "cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo", que pasó de denominarse "coordinador de actividades de los conservatorios" a "jefe de la oficina de Artes Escénicas".

"Infórmese sobre el procedimiento tramitado para dicha modificación de la RPT [relación de puestos de trabajo] y fases del mismo, si la misma fue objeto de aprobación por el pleno, y sobre si no habría sido necesario la tramitación de un expediente de contratación pública en el que hubieran podido concurrir otros aspirantes", requirió en el auto del 18 de junio, al que ha tenido acceso este diario. Esta última advertencia se basa en que el nuevo puesto también incluía un "cambio de funciones", pasando a encargarse de "la coordinación del proyecto ópera Joven". En la misma línea, pide información sobre cómo se financia este proyecto y su "repercusión económica".

Residencia fiscal e incompatibilidades

En cuanto a la segunda línea de investigación, la jueza acuerda dirigirse a la Agencia Tributaria para aclarar su residencia fiscal. En el caso de que esta se encuentre en Portugal, considera necesario que le informen sobre si "sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz".

Como la denuncia de Manos Limpias también sostenía que el hermano de Sánchez “ostenta un patrimonio valorado en unos dos millones de euros" y tachaba el mismo de "desproporcionado", Biedma reclama otras tres cuestiones: sus "declaraciones tributarias presentadas en los últimos cinco periodos impositivos", cualquier "actividad de Inspección" sobre el mismo y "si de todos los datos y documentación de los que dispone la Agencia Tributaria puede determinarse un incremento en su patrimonio que no sea consecuencia directa de sus ingresos".

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Al situar su residencia fiscal en la localidad portuguesa de Elvas, Manos Limpias también iba un paso más allá y lo vinculaba con el conocido caso Koldo, que se centra en el presunto cobro de comisiones ilegales por la venta de mascarillas durante la pandemia a administraciones socialistas. Su denuncia apuntaba para ello al principal comisionista de la trama, Víctor de Aldama, quien presuntamente comenzó a trasladar a Portugal su patrimonio para eludir una posible investigación. En concreto, "a cuatro sociedades radicadas en el pueblo portugués de Elvas", incidía Manos Limpias.

La jueza destaca por su parte que la denuncia incluya "un extracto de otro informe previo de la UCO" y, aunque apenas profundiza en ello, sí termina con una última orden: "Líbrese oficio a la UCO de la Guardia Civil para que proceda a la investigación de los hechos denunciados, remitiéndose copia de la denuncia, de la presente resolución, y de la documentación remitida por la Diputación de Badajoz". Apenas tres semanas después de dictar este auto, sus agentes procedieron a la entrada y registro.