El PP remite al Gobierno sus condiciones para la Ley de Extranjería: "No apoyaremos un parche"

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, trasladó este domingo al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, un documento con las condiciones que exige al Ejecutivo en materia de migración a cambio del apoyo del PP a la reforma de la Ley de Extranjería. Según ha podido saber El Confidencial, Génova remitió su postura respecto a la modificación legal en respuesta a un primer tanteo del Gobierno tras la conferencia sectorial de la semana pasada, aunque las fuentes consultadas aseguran que ese movimiento no prefigura su apoyo a la ley con la que se pretende establecer un mecanismo de reparto obligatorio para que todas las comunidades se comprometan a la acogida y tutela de los menores extranjeros no acompañados que en este momento colapsan las islas canarias. Se prevén derivaciones en 15 días a otras comunidades, incluso cuando no se tenga certeza de la edad. Las pruebas deberán realizarse en la comunidad de destino con implicación del Ministerio Fiscal.

Los de Feijóo exigen una ficha financiera completa para cada menor y que el texto ampare a todo el territorio nacional, no solo a Canarias, Ceuta y Melilla, de manera que se produzcan derivaciones desde otras comunidades que también sufren saturación. Además, reclaman que sea tramitado como un proyecto de Ley del Gobierno, no de los grupos parlamentarios.

Precisamente este lunes PSOE, Sumar y Coalición Canaria han registrado la propuesta en el Congreso de los Diputados y el próximo día 23 se votará en el Pleno su toma en consideración. Los grupos proponentes y los ministros de Política Territorial y de Infancia y Juventud, presentes en el registro, vuelcan toda la presión sobre el PP.

Pero los populares advierten de que si el Gobierno no da respuesta a sus condiciones en la normativa votarán en contra de su tramitación. "No apoyaremos lo que no es más que un parche", inciden en el escrito. Los votos de los populares son absolutamente necesarios para que la reforma salga adelante, ya que el Gobierno no contará en esta ocasión con el respaldo de Junts, que ya se ha descolgado de la propuesta. En el PSOE saben además que la implicación del PP es absolutamente necesaria, ya que sin su implicación no habría garantías para que las comunidades autónomas gobernadas por el PP colaborasen con la acogida de menores.

Génova recupera las condiciones esgrimidas por sus CCAA en la última conferencia sectorial y exigen al Ejecutivo un compromiso financiero detallado y desglosado con el que se dotará a las comunidades de recursos para hacer frente a nuevas acogidas. Solo en Canarias hay unos 6.000 niños y adolescentes a la espera de una reubicación que depende en gran parte de esa reforma legal. En concreto, el PP exige un fondo de contingencia plurianual que recoja la financiación para dar asistencia a estos menores desde el momento de su acogida hasta su emancipación.

En el escrito dirigido al Gobierno, el PP exige que el texto de la reforma legal incluya la declaración de emergencia migratoria para todo el territorio nacional, no solo en Canarias, Ceuta y Melilla, "ya que en estos momentos hay comunidades que se encuentran en situación de colapso de sus recursos de acogida". De este modo, detallan los populares, todas las comunidades autónomas podrían acogerse a ese plan de emergencia y agilizar la licitación de recursos e infraestructuras para responder a las necesidades de acogida.

Los populares exigen también que la proposición de ley registrada este lunes disponga de herramientas para garantizar que los menores trasladados entre comunidades son menores de edad. Piden, además, que la reforma legal recoja de forma "expresa" que si una comunidad autónoma excede los recursos instalados, "corresponderá a las autoridades del Gobierno central habilitar los medios y su gestión directa".

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Otra de las condiciones pasa por garantizar que participarán en ese reparto todas las comunidades autónomas, "sin excepción". Los populares recelan de que Cataluña pueda descolgarse de la derivación de menores migrantes por la cesión de las competencias migratorias que comprometió el Gobierno a Junts hace meses, a cambio de su apoyo para una serie de decretos en el Congreso. El Ejecutivo se comprometió la semana pasada a que Cataluña también cumplirá con su parte, si bien se tendrá en cuenta que es una de las autonomías que más se ha comprometido en ampliar el sistema de acogida en los últimos meses y soporta más presión, apuntan fuentes del Ministerio de Infancia.

En Gobierno insiste en la necesidad de crear un grupo de trabajo para hacer un "mapeo" real de la capacidad de acogida y la situación real de cada comunidad, algo a lo que se opuso el PP en la conferencia sectorial celebrada en Tenerife el pasado miércoles.

El presidente canario, Fernando Clavijo, se ha mostrado esperanzado, aunque ha insistido en que el Ejecutivo debe aprobar un decreto ley urgente para ser luego tramitado en la Cámara Baja. El Gobierno rechaza esta vía por la "inseguridad jurídica" que conllevaría que el Parlamento tumbe el texto e insiste en que el PP debe pactar la reforma legal.

Claves de la reforma de Extranjería

Las claves de la proposición de ley de reforma de la Ley de Extranjería registrada este lunes en el Congreso de los Diputados se centran en un límite de sobreocupación del 150% y un plazo de 15 días para los traslados.

El reparto de los menores migrantes no acompañados se realizará cuando se acredite la insuficiencia de los servicios autonómicos de las regiones receptoras para atender a estos niños. En esta línea, la reforma establece que se entenderá que existe una "sobreocupación" cuando los menores acogidos superen en un 150 % el número de plazas ordinarias disponibles en el sistema. En Canarias habrá 2.000 plazas, mientras que Ceuta y Melilla tendrán 88 y 166, respectivamente.

La norma también fija que el mecanismo de derivación de estos niños y niñas entre las diferentes comunidades autónomas, así como los "criterios objetivos" para la determinación de plazas por región serán acordados por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia "atendiendo al principio de solidaridad".

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Por su parte, el traslado de los niños y niñas a la comunidad autónoma de destino deberá de producirse en un plazo de 15 días desde la inscripción del mismo en el Registro de Menores No acompañados.

No obstante, atendiendo a la "urgencia" de la crisis migratoria y el volumen de menores presentes especialmente en Canarias, la iniciativa establece un periodo transitorio para la aplicación de la ley. Así, todos los menores que en el momento de la entrada en vigor de la norma excedan el 150% de ocupación de las comunidades tensionadas podrán ser distribuidos en un plazo máximo de 12 meses entre el resto de regiones.

La reforma también añade al artículo 52 de la norma un nuevo punto por el que se considerará "infracción leve" cuando las entidades o personas que trabajen en la atención a menores migrantes no comuniquen a la autoridad pública de la localización de los mismos.

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Asimismo, PSOE y Sumar empezarán esta semana a intentar atar los apoyos para que esta proposición de ley pueda ser aprobada "cuanto antes" y la idea es que se tome en consideración en el último pleno extraordinario previsto en el Congreso para el 23 de julio. El objetivo es tramitar la iniciativa de forma urgente para dar garantía jurídica a los menores inmigrantes no acompañados que previsiblemente llegarán a Canarias en agosto.