Sánchez atribuye los "bulos" a la "ultraderecha" y pide reforzar el "derecho al honor" frente a "calumnias"

Pedro Sánchez no ha detallado en sede parlamentaria el esqueleto de su llamado Plan de Acción por la Democracia. Durante una comparecencia de algo más de una hora, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a abordar generalidades sobre su propuesta para limitar la financiación de los medios de comunicación, que ha vinculado en todo momento al halo de la legislación comunitaria y que, sin embargo, prevé ampliar en el Congreso con el concurso de sus socios, con los que iniciará una ronda de contactos en las próximas semanas.

El presidente del Gobierno ha pronunciado la palabra "bulos" al menos una docena de veces, pero ha evitado referirse en momento alguno a la causa abierta contra su mujer, Begoña Gómez, que en Moncloa vinculan a un producto de la "máquina del fango". El dirigente ha vinculado la "proliferación de fake news" a la "ultraderecha", y ha exigido "reforzar el derecho a la rectificación y al honor" de los ciudadanos frente a las "calumnias" de los "pseudomedios".

Sánchez ha insistido en la necesidad de "limitar la financiación de las administraciones públicas" en los medios de comunicación, para que "no haya medios que tengan más financiadores públicos que lectores" y asegurar, con ello, que "no haya partidos que compren líneas editoriales", un dardo que ha dirigido de forma indirecta al primer partido de la oposición.

Casi tres meses después de su "punto y aparte" y de la carta a la ciudadanía tras la apertura de diligencias contra su esposa, Sánchez ha limitado su ambicioso plan de regeneración a un conjunto de medidas ya contenidas un reglamento europeo de obligado cumplimiento, y que prevé desarrollar junto a sus socios parlamentarios para aprobarlo a la vuelta del verano. El líder socialista se ha comprometido a implantar "nuevos estándares de transparencia respecto a la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias" para que la ciudadanía tenga acceso a aquellos que "influyen en la toma de decisiones estratégicas" en los medios.

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Ha defendido, además, la necesidad de "proteger los derechos de los profesionales en los medios" y "evitar las presiones en el ámbito político" a los periodistas, una afirmación que aprovechó para lanzar un dardo a Isabel Díaz Ayuso y su jefe de gabinete, a los que acusa de "amenazar a aquellos que no repiten sus consignas". Acto seguido, ha anunciado su propuesta de incrementar la supervisión y el cumplimiento de las líneas establecidas por el reglamento comunitario en materia de libertad de prensa, ampliando las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El presidente del Gobierno ha querido revestir su plan con el anuncio de una ayuda de 100 millones de euros destinados a la digitalización de los medios de comunicación, con el objetivo, ha dicho, de ampliar las bases de datos y las herramientas que mejoren la productividad y la ciberseguridad, una partida que se financiará con fondos europeos.

Se ha comprometido, además, a aumentar la transparencia del Poder Ejecutivo con la aprobación de una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto mediante una ley de Administración Pública Abierta, que ampliará la información gubernamental. Tampoco esto es una novedad, ya que la medida ya estaba contemplada en el Plan Anual Normativo del Ejecutivo.

Ya en clave electoral, el presidente del Gobierno se ha comprometido a impulsar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para obligar a la celebración de debates electorales entre candidatos en distintos medios de comunicación; y forzar por ley la publicación de los "microdatos y metodología" de las encuestas de las distintas casas demoscópicas. Se da la circunstancia de que este mismo miércoles el Senado va a aprobar una comisión de investigación para fiscalizar la presunta "malversación" en el CIS de José Félix Tezanos, a propuesta del PP.

Estas dos últimas medidas forman parte del acuerdo suscrito entre PSOE y Sumar para dar forma al plan de regeneración, que engordará con un endurecimiento de los Reglamentos del Congreso y Senado para interponer sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes.

La causa contra Begoña Gómez

El debate parlamentario de este miércoles está totalmente condicionado por la fuerte controversia que han generado las actividades profesionales de Begoña Gómez, también entre los aliados parlamentarios de Sánchez, sin que el presidente haya ofrecido aún explicaciones a la Cámara o a los periodistas más allá de declarar que todo responde a una "denuncia falsa" del sindicato ultra Manos Limpias.

Hace solo 48 horas que ha trascendido que Gómez se reunió varias veces con el empresario Juan Carlos Barrabés en la Moncloa, incluso en presencia de Sánchez —aunque fuera testimonial, según Ferraz—. Barrabés, testigo clave en la causa judicial sobre Gómez, es quien le ayudó a montar su máster en la Complutense. Como reveló este diario, la mujer de Sánchez firmó dos cartas de apoyo a las empresas de este consultor tecnológico que le permitieron llevarse hasta tres contratos públicos del Gobierno.

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Este miércoles, Sánchez ha fijado el marco del combate contra un fenómeno, el de la desinformación, que es mundial, pero que Moncloa atribuye en exclusiva a "la derecha y la ultraderecha". Pero el objetivo del presidente del Gobierno es que España vaya más allá de la legislación europea, tal y como se comprometió a finales de abril tras tomarse "cinco días de reflexión" y después de conocer que un juez había abierto una investigación sobre su mujer por un presunto delito de tráfico de influencias.

El jefe del Ejecutivo se presenta como víctima de una persecución política, judicial y mediática contra él y su familia, y confía en contar con el apoyo de sus socios, aunque esa adhesión está en cuestión. Más allá de PP y de Vox, también crecen los reproches de los socios sobre los negocios que Gómez haya podido impulsar aprovechándose de su posición. Lo cierto es que, desde que en abril publicó su famosa carta para "reflexionar" si seguir o no al frente del Gobierno, los independentistas y también Podemos le acusan a Sánchez de ventajismo al plantear un debate —el de la supuesta persecución política a través de los medios y los jueces— solo porque él se ha sentido atacado en el plano personal.