Sánchez expone su "plan de regeneración" entre críticas de los socios a su mujer: "No tiene un pase"

Pedro Sánchez presenta hoy ante el Congreso de los Diputados su comprometido "plan de regeneración democrática". El presidente del Gobierno pretende unir a la Cámara en una causa común, la de la limpieza del debate público, y perfilará algunas medidas como la reforma de la ley de publicidad institucional para evitar que "pseudomedios" reciban dinero público para propagar "bulos". También defenderá la necesidad de endurecer el Código Penal para reforzar el derecho al honor y a la rectificación o incluso despenalizar las injurias a la Corona. No se esperan más concreciones, ya que su intención es que sean los grupos parlamentarios los que negocien a partir de septiembre qué hacer para atajar la "desinformación". Por ejemplo, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ya le propuso en una sesión de control endurecer las multas por difamación, "de 14.000 a 150.000 euros" y castigar a las empresas que inviertan en medios inapropiados.

Sánchez fijará en un pleno extraordinario el marco del combate contra un fenómeno, el de la desinformación, que es mundial, pero que Moncloa atribuye en exclusiva a "la derecha y la ultraderecha" y que ha propiciado la elaboración de un nuevo reglamento europeo, de aplicación obligatoria, para reforzar las condiciones de transparencia -y de libertad- de los medios de comunicación. El objetivo del presidente es que España vaya más allá, tal y como se comprometió a finales de abril tras tomarse "cinco días de reflexión" y después de conocer que un juez había abierto una investigación sobre su mujer por un presunto delito de tráfico de influencias. El presidente se declara víctima de una persecución política, judicial y mediática contra él y su familia, y confía en contar con el apoyo de sus socios para poner coto a lo que ha bautizado como "la máquina del fango". Sin embargo, esa adhesión está en cuestión.

Precisamente, el debate parlamentario de este miércoles estará totalmente condicionado por la fuerte controversia que han generado las actividades profesionales de Begoña Gómez, también entre sus aliados, sin que el presidente haya ofrecido explicaciones a la Cámara o a los periodistas más allá de declarar que todo responde a una "denuncia falsa" del sindicato ultra Manos Limpias. Hace solo 48 horas que ha trascendido que Gómez se reunió varias veces con el empresario Juan Carlos Barrabés en la Moncloa, incluso en presencia de Sánchez -aunque fuera testimonial, según Ferraz-. Barrabés, testigo clave en la causa judicial sobre Gómez, es quien le ayudó a montar su máster en la Complutense. Como reveló este diario, la mujer de Sánchez firmó dos cartas de apoyo a las empresas de este consultor tecnológico que le permitieron llevarse hasta tres contratos públicos del Gobierno.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigirá a Sánchez que aclare hoy por qué "ocultó reuniones de negocios familiares en la Moncloa", que él mismo presenció, como desveló Barrabés el lunes ante el juez. El Gobierno y Ferraz, que insisten en que la investigación debe archivarse porque "no hay nada" delictivo en el comportamiento de Gómez, confirman que el presidente fue a "saludar" al empresario mientras estaba con su mujer, algo que justifican por su condición de "eminencia" y "pionero" en su sector. Y quitan hierro a los encuentros, que encuadran dentro de lo normal. Génova defiende que, para hablar de "regeneración", antes se debe poner orden en casa. Una de las incógnitas del debate es, justamente, si se formulará la necesidad de regular el estatus del cónyuge del presidente del Gobierno, como ocurre en otros países.

Porque más allá del PP y de Vox, también crecen los reproches de los socios sobre los negocios que Gómez haya podido impulsar aprovechándose de su posición. "No sabemos si hay delito, lo que sí vemos es una torpeza descomunal", indican las voces más bénevolas de quienes conforman la mayoría de investidura de Sánchez. "Eso no tiene un pase (lo de recibir en Moncloa). Es un error de principiante o de sobrado", asegura otro dirigente de los partidos aliados del Gobierno. "Yo normal no lo veo, pero de momento nosotros no nos metemos ahí", concede una tercera fuente que anticipa la posición mayoritaria. Hay dudas sobre el papel de Begoña Gómez, y es posible que así se lo transmitan hoy, aunque no irán mucho más allá. "No le vamos a comprar el marco discursivo al Gobierno ni le vamos a hacer el juego a la derecha", declaran desde hace semanas en otra de las formaciones que apoyan al PSOE.

"Eso no tiene un pase (lo de recibir en Moncloa). Es un error de principiante o de sobrado", asegura un dirigente de los partidos aliados del Gobierno

Lo cierto es que, desde que en abril publicó su famosa carta para "reflexionar" si seguir o no al frente del Gobierno, los independentistas y también Podemos le acusan a Sánchez de ventajismo al plantear un debate -el de la supuesta persecución política a través de los medios y los jueces- solo porque él se ha sentido atacado en el plano personal. Han expresado sus recelos sobre el alcance real de lo que anunciará hoy ante el Parlamento, sobre todo después de que el PSOE alcanzara con el PP un pacto para reformar el Consejo General del Poder Judicial. "A no ser que traiga un as en la manga, parece que lo hace de cara a la galería", comentó entonces un diputado del bloque "plurinacional". "Actúa en defensa de su mujer", se quejó esta fuente independentista nada más anunciarse la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

A la espera de que se concreten las medidas que anuncie Sánchez, así como las que propongan el resto de grupos, el presidente se reunió ayer con varios directivos de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que le entregaron un informe con las líneas generales del reglamento europeo de libertad de medios de comunicación. En ese sentido, le expresaron la importancia de que se asegure el libre ejercicio de la profesión periodística, rechazando cualquier intento de injerencia de los poderes públicos; se garantice el derecho a la información veraz de la ciudadanía, recogido en el artículo 20 de la Constitución española; y se salvaguarde la independencia de los medios de comunicación con una financiación estable y transparente.