La Complutense denuncia una factura que firmó Begoña Gómez de 14.999€ y se adjudicó a dedo

La Universidad Complutense de Madrid ha pedido al juez del caso Begoña Gómez que investigue un contrato público adjudicado a dedo por la mujer de Pedro Sánchez a la consultora Deloitte en 2023. El servicio fue concedido por un precio de 14.999 euros más IVA, solo un euro por debajo del tope legal que habría obligado a Begoña Gómez a convocar un concurso de licitación abierto a otros proveedores y sometido a mayores controles.

La adjudicación a Deloitte descubierta por la Universidad estaría relacionada con los trabajos de Google, Indra y Telefónica para desarrollar un software de sostenibilidad para la propia Complutense. Sin embargo, como reveló El Confidencial, Begoña Gómez registró la plataforma a su nombre en la Oficina Española de Patentes y Marcas y ofrece la aplicación a través de una sociedad mercantil, Transforma TSC SL, de la que es administradora única y propietaria del 100% de las acciones.

Según consta en un escrito enviado por la Complutense al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, responsable de las diligencias sobre las actividades de Begoña Gómez, el encargo a Deloitte tenía por objeto la prestación de un supuesto “servicio de Consultoría y Asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva” y la propia pareja del presidente del Gobierno se encargó de firmar la factura de “conformidad”, dando así por buena la ejecución del servicio.

Con el IVA, el precio del contrato subió hasta los 18.148,79 euros, pero el límite para los contratos menores de 15.000 euros de la Ley de Contratos de Sector Público no tiene en cuenta los impuestos. Se trata de una práctica denunciada por los organismos de supervisión del gasto público. No solo porque salvar el tope por un euro evidencia una arbitrariedad en la fijación del precio, sino porque también dificulta la fiscalización de los procesos y fomenta la discrecionalidad en la elección de los proveedores.

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La universidad contactó el pasado 10 de junio con la Escuela de Gobierno, de la que depende la Cátedra de Begoña Gómez, para requerirle “todos los detalles relacionados con el contrato menor”. Sin embargo, la Escuela de Gobierno contestó que no había recibido “el resultado de los trabajos en ningún tipo de formato” y consideró que debían estar en poder “de la Dirección de la propia Cátedra”, es decir, de la pareja del secretario general del PSOE.

La Complutense decidió entonces solicitar a Begoña Gómez los documentos o archivos que demostraran que el servicio concedido a Deloitte efectivamente se había prestado. La directora del Máster en Transformación Social Competitiva contestó el 12 de junio con un simple acuse de recibo: “Le informo de que he recibido el correo y estoy reuniendo la información/documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones”.

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Sin embargo, la universidad subraya en su escrito que la mujer de Sánchez no llegó a aportar ningún tipo de prueba. El 24 de junio se convocó la comisión de control de la Cátedra. En el orden del día figuraba el análisis de la documentación pendiente de entrega, pero Begoña Gómez solicitó el aplazamiento de la reunión al 4 de julio siguiente aduciendo “motivos personales”. Ese día tampoco compareció.

En el escrito, la Complutense advierte al juez Juan Carlos Peinado de que no dispone de los medios necesarios para llegar más lejos en su investigación interna y solicita que le permita personarse como perjudicada al considerar que Begoña Gómez pudo provocar un perjuicio a su patrimonio al registrar a su nombre un software que era propiedad en exclusiva de la institución. Según la Universidad, los hechos encajarían en un posible delito de apropiación indebida.

Como ejemplo, la Complutense denuncia que Begoña Gómez constituyó la mercantil Transforma TSC SL, relacionada con el software de sostenibilidad, “sin conocimiento ni participación de esta Universidad”. “La citada sociedad, entiende esta Administración, por cuanto su denominación, persona que la constituye y objeto, pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión con el contenido y promotores del Convenio para la creación de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva firmado entre la Universidad y otras personas jurídicas”, apunta el escrito.

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Como desveló El Confidencial, Begoña Gómez también firmó el pliego de condiciones técnicas de un segundo contrato adjudicado a Deloitte en 2023 por la Complutense y que también guardaba relación con el software de Google, Indra y Telefónica que la esposa del presidente del Gobierno inscribió a su nombre. En esa ocasión, el importe del contrato ascendió a 60.500 euros, por lo que fue necesaria la convocatoria de un concurso público de licitación. Deloitte logró imponerse a otras compañías.

Desde dicha empresa expresan que “el contrato es una herramienta absolutamente legal que cumple con todos los procedimientos de contratación con la Administración Pública". "Nuestra relación de negocio se circunscribe a la Universidad Complutense, que es quien nos contrata y para la que prestamos el servicio”, añaden.

La universidad también ha investigado este contrato y ha trasladado al juez Peinado el resultado de sus pesquisas. Además, según las averiguaciones del centro, otra compañía llamada Making Science Group SA habría conseguido una tercera adjudicación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva por importe de 24.200 euros, IVA incluida. En este caso, por su coste, también fue obligatorio celebrar una licitación.

Begoña Gómez ya está imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Este viernes tendrá que comparecer nuevamente ante el juez Peinado. También han sido citados dos vicerrectores de la Complutense en calidad de testigos.