El PP prepara enmiendas a la ley de extranjería y se abre a tramitarla en el Congreso

El próximo 23 de julio, los grupos tendrán que poner las cartas boca arriba por primera vez con la anunciada reforma de la ley de extranjería, con la que el Gobierno busca obligar por ley a las comunidades autónomas a acoger menores migrantes cuando Canarias, Ceuta y Melilla lleguen a una situación de colapso de sus centros asistenciales. Y el Ejecutivo no mira a sus socios. Mira al PP. Porque Junts, cuyos votos son necesarios para sacar adelante cualquier trámite parlamentario, amenaza con tumbar la norma desde su origen.

Génova no quiere desvelar aún cuál será el sentido de su voto el próximo martes, cuando se decide la admisión a trámite de la proposición de ley de PSOE, Sumar y Coalición Canaria para su posterior debate parlamentario y aprobación definitiva. Pero el partido que preside Alberto Núñez Feijóo prepara ya posibles enmiendas al texto que recogerían las condiciones que el PP se ha marcado como "irrenunciables" para avalar la ley en su votación final, según confirman distintas fuentes autorizadas de los populares.

El registro final de esas enmiendas depende en primera instancia de que Feijóo facilite la tramitación de la reforma en el Congreso. El Gobierno le pide un voto favorable, pero en realidad le vale con la abstención de los 137 diputados populares —la toma en consideración solo requiere más síes que noes—. Génova no ve con buenos ojos la intención del Gobierno y de Canarias a imponer por ley la distribución de menores migrantes por sus comunidades autónomas, pero se abre a una abstención para que la reforma supere al menos su primer filtro parlamentario y pelear sus condiciones en el trámite de enmiendas.

A cambio, exigen al Ejecutivo algún 'guiño' previo, alguna garantía de que sus requisitos terminarán implementándose en el texto final de la ley. Ese contacto aún no se ha producido. Y el silencio del Gobierno impacienta al PP, donde censuran que el PSOE haya solicitado ya el trámite de urgencia sin esperar a debatir con los grupos. Por si fuera poco, el ministro Torres anunció este jueves que si el PP votaba a favor del primer trámite de la proposición, el Gobierno llevaría la iniciativa al Consejo de Ministros para presentarlo como decreto-ley, y acortar con ello los tiempos de aplicación de la norma ante una situación "de máxima urgencia".

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En Génova no gusta esta fórmula. Aseguran compartir la "preocupación" por la situación límite en la que se encuentran las regiones de la frontera sur, especialmente Canarias, pero instan a utilizar la vía del proyecto de ley para que la reforma vaya acompañada de informes jurídicos de órganos consultivos y una memoria económica. Con todo, evitan dar un 'no' rotundo a su tramitación, postura que definirán en función de los movimientos de los próximos días.

Feijóo debe hacer equilibrios entre las reticencias de sus comunidades autónomas y la presión del PP de Canarias y Ceuta, donde se muestran favorables a aprobar la reforma. Y busca abanderar una suerte de vía intermedia, entre las políticas de 'puertas abiertas' del Gobierno que "incentiva el efecto llamada" y el discurso duro de Vox. "Ni todos los inmigrantes irregulares son hermanitas de la caridad, ni todos están violando a mujeres en la calle, ni se les puede dejar ahogarse", resolvió Feijóo el pasado miércoles, durante un tensísimo pleno extraordinario en el Congreso.

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El Gobierno, por su parte, asume que si no logran convencer a Feijóo, la iniciativa terminará en el abismo. Y reiteran que cumplirán con uno de los requisitos "irrenunciables" que ha trazado al PP para acercarle al acuerdo: que todas las comunidades autónomas, sin excepción, participen en el reparto de los menores migrantes. "Hay cuestiones que ellos han planteado que hemos tenido en cuenta, por ejemplo que no haya regiones que se queden fuera de la distribución", recordó este jueves el ministro de Política Territorial.

El Ejecutivo rechaza, por tanto, la enmienda que registrará Junts para intentar dejar a Cataluña fuera de la reubicación de menores. Y eso ciega irremediablemente la posibilidad de que los neoconvergentes apoyen el texto. En Ferraz sí creen que hay una vía para el acuerdo con el PP, más aún después de que hayan firmado el divorcio con Vox en seis gobiernos autonómicos. Saben que sus votos son absolutamente necesarios, no sólo para avalar el trámite en el Congreso, sino por su extenso poder autonómico. Sin la implicación de las CCAA del PP —algunas, como la Comunidad de Madrid, ya han avisado de la posible inconstitucionalidad de la ley por la invasión de competencias—, no hay garantías de colaboración.

Las condiciones del PP

Como adelantó El Confidencial, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, remitió el pasado domingo un documento al ministro Ángel Víctor Torres. En él escribía las condiciones sin las que Feijóo no dará su brazo a torcer. En diversas intervenciones públicas, el líder del PP ha dejado caer cuáles son sus requisitos más urgentes. El primero es la convocatoria inmediata de una Conferencia de Presidentes. Hay que recordar que el pasado 10 de julio se celebró en Tenerife una cumbre migratoria con los consejeros autonómicos del ramo, pero las regiones del PP optaron por desentenderse de la reforma legal, instando a debatirla en el "foro adecuado". Pero evitaron verbalizar un 'no' rotundo al texto.

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El segundo es la declaración de la emergencia migratoria en todo el territorio nacional. Esta cláusula es primordial para Feijóo. También la comparten sus barones, especialmente aquellos que han denunciado la "saturación" de sus centros de acogida, como Comunidad Valenciana, Andalucía o la Región de Murcia. El texto sólo contempla este escenario para Canarias, Ceuta y Melilla, y el PP exige que todas las comunidades puedan acogerse a ese plan de emergencia para licitar recursos de forma urgente y cubrir las necesidades de acogida en caso de colapso ante las previsiones de nuevas oleadas migratorias.

Otra de las condiciones del PP es que la reforma legal incluya garantías para que los menores que sean trasladados a las comunidades autónomas sean, efectivamente, menores acreditados por la Fiscalía; y que todas las comunidades, sin excepción, participen en el reparto de menores, incluida Cataluña, la única a la que, por el momento, se ha comprometido abiertamente el Gobierno.

La inclusión de una memoria económica y de un nuevo "plan dotacional" del Gobierno para que las CCAA puedan sufragar la llegada de más menores es otro de los grandes requisitos del PP. Exigen al Gobierno la creación de un "fondo de contingencia plurianual" para cubrir las necesidades de los jóvenes desde su acogida hasta su emancipación, además de habilitar nuevas infraestructuras facilitadas por el Estado cuando se exceda la capacidad de los recursos ya instalados.

Por último, Feijóo quiere un compromiso para impulsar un Plan de Política Migratoria y una "prueba fehaciente" de que se solicita la activación de mecanismos para luchar contra "la entrada ilegal" de inmigrantes irregulares, con la cooperación de la Unión Europea. El PP exige reforzar los controles de las fronteras marítimas —llegaron a defender el despliegue de buques de la Armada para vigilar las rutas migratorias—, un "pasaporte de tránsito" para limitar las entradas ilegales a través de los aeropuertos y las "inversiones necesarias" en países de origen para poner coto a las mafias.